Beatriz Becerra-El Español
  • El objetivo no puede ser que el chavismo sobreviva con una dirección más conveniente para Washington, ni que Venezuela cambie de tutela sin recuperar su soberanía democrática.

La vuelta de María Corina Machado a Venezuela es una victoria personal y un acontecimiento político de primer orden, pero su prueba definitiva comienza ahora.

Ya no consiste en resistir ni en lograr un lugar en las conversaciones, sino en impedir que su regreso sirva para legitimar una transición diseñada sin la participación de quienes ostentan el mandato popular.

El objetivo no puede ser que el chavismo sobreviva con una dirección más conveniente para Washington, ni que Venezuela cambie de tutela sin recuperar su soberanía democrática.

La primera imagen de María Corina en casa no es la de una candidata que prepara una campaña, sino la de una mujer que se reencuentra con su país.

Tras más de diez meses fuera, después de abandonar peligrosa y clandestinamente Venezuela para recibir el Premio Nobel de la Paz y de denunciar sucesivos obstáculos para regresar, ha reaparecido en el santuario de la Divina Pastora, en Santa Rosa (Barquisimeto, estado Lara).

«Estoy aquí. Con ustedes«, anunció.

Eligió un templo y no una tribuna, un lugar de devoción popular y no una institución política. Un momento cargado de significado y simbolismo evidente.

Pero ¿a qué Venezuela ha regresado María Corina?

Nicolás Maduro fue apartado del poder por la intervención militar estadounidense del 3 de enero.

Sin embargo, quien sigue gobernando hoy, con el respaldo de Washington y sin mandato constitucional, es Delcy Rodríguez.

Ella negocia los acuerdos energéticos, defiende que las elecciones deben esperar y elude fijar una fecha.

Mientras, Machado, líder de la oposición elegida en las primarias de octubre de 2023 con más del 92% de los votos, ha denunciado que las conversaciones sobre el futuro del país avanzan sin su participación.

Parece legítimo preguntarse, por muy incómodo que resulte, si Estados Unidos ha decidido cambiar un chavismo por otro más dócil a cambio del petróleo.

Es una hipótesis que la evolución de los acontecimientos obliga a examinar.

La permanencia de Rodríguez más allá de la interinidad prevista por la Constitución, el acercamiento entre Washington y quienes siguen controlando el aparato estatal, los acuerdos sobre el sector energético y la ausencia de un calendario electoral alimentan esa sospecha, tanto como el contraste entre la rapidez con que se han abierto vías de cooperación económica y la lentitud con que se concreta la restitución de los derechos políticos en Venezuela.

La Administración Trump puede defender que necesita interlocutores capaces de mantener el funcionamiento del Estado, evitar el caos y facilitar la recuperación de una economía devastada.

Puede argumentar que desmontar las estructuras de un régimen exige tiempo y que una convocatoria precipitada, sin garantías institucionales, no resolvería por sí misma la crisis.

Pero ninguna razón explica por qué la estabilización carece de plazos verificables, ni por qué los acuerdos sobre el petróleo pueden avanzar mientras la fecha en la que los venezolanos volverán a elegir a sus gobernantes permanece indefinida.

El regreso de María Corina a Venezuela es una condición importante, absolutamente necesaria, pero no suficiente.

Le permite recuperar el contacto directo con la sociedad venezolana y la capacidad para disputar el relato de la transición, que hasta ahora se escribía sin ella.

Le permite reconstruir la movilización política y convertir su presencia en el país en una realidad difícil de ignorar en cualquier negociación.

Pero también la expone a un escenario en el que no controla las instituciones, el calendario ni las reglas de participación.

Volver no significa que pueda actuar libremente, y su capacidad para intervenir en la transición dependerá de que pueda organizarse, comunicarse y ejercer sus derechos sin nuevas restricciones.

Debe conseguir que la democracia deje de ser la gran ausente de una transición en la que todos parecen negociar el futuro de Venezuela, salvo los venezolanos que tienen derecho a decidirlo.

Para ello, a mi juicio, necesita situar el debate en, al menos, media docena de condiciones concretas: una fecha para las elecciones presidenciales; un Consejo Nacional Electoral independiente; garantías para que los dirigentes opositores puedan organizarse, hacer campaña y concurrir sin persecución ni inhabilitaciones arbitrarias; liberación de todos los presos políticos; libertad de prensa y mecanismos transparentes para fiscalizar los ingresos procedentes del petróleo.

No se trata de exigencias accesorias que puedan aplazarse hasta que la economía se recupere. Son parte de los requisitos inexcusables que permitirían considerar democrática la transición.

Machado defiende el 24 de julio de 2027 como fecha para las presidenciales, y ese horizonte de apenas nueve meses obliga a transformar las promesas en un calendario de tareas y responsabilidades.

Si el Gobierno interino sostiene que habrá elecciones en condiciones de igualdad, debe explicar cómo se garantizarán y cuándo se celebrarán.

Si Washington afirma que su intervención busca abrir una transición democrática, debe aclarar qué compromisos considera imprescindibles y cómo evitará que la estabilización se convierta en una prórroga indefinida del poder actual.

Ninguna transición merece ese nombre mientras el derecho a elegir dependa del permiso de quienes detentan ilegítimamente el poder.

María Corina Machado ha cruzado la frontera, pero a Venezuela aún le falta cruzar el único umbral que importa, el de una urna que nadie pueda abrir ni cerrar en su nombre.