María Jesús Montero

María Jesús Montero era la consejera de Hacienda de Griñán cuando se perpetró la trama de los ERE, el mayor caso de corrupción de la historia de España con permiso del que puedan alcanzar el PSOE, Koldo y sus secuaces, todos con el carné socialista en la boca.

Lo fue porque, a diferencia de otros muy ruidosos, se perpetró desde las instituciones, con dinero público y a costa de los parados, y no solo con mordidas pagadas por un tercero a cambio de una adjudicación que, salvo en el caso de las mascarillas, atendía una necesidad real y generalmente se cumplía con el objetivo.

Montero renunció a reclamar los al menos 680 millones de la trama caciquil con la que el PSOE acudió dopado durante lustros a las elecciones andaluzas y, esto se dice poco, a las generales: porque si de algún modo estaba condicionado el voto en el mayor granero electoral del socialismo en toda España, el beneficio para la marca nacional queda igualmente bajo sospecha.

El premio a aquella consejera de José Antonio Griñán, a quien le han dado un indulto camuflado que le evita entrar en prisión pese a tener sentencia firme en su contra, fue ascender a la vera de Sánchez, hasta convertirse en la mujer más poderosa de la historia política reciente: es número dos del Gobierno y del PSOE a la vez, y además acumula la cartera de Hacienda.

Su promoción es una declaración de intenciones de Sánchez sobre cómo entiende la gestión de la corrupción y de la disputa política: la primera solo es relevante si le sirve como excusa para poner mociones de censura útiles para asaltar el poder; y en la segunda vale todo con tal de mantenerse en el cetro.

Y ella cumple. Horas antes de que se publicaran todos los detalles de los problemas fiscales del novio de Ayuso, que son irrelevantes salvo para él y allá se apañe como pueda, la salerosa andaluza cometió el desliz de adelantarlos, con precisiones que ni debía conocer ni podía revelar.

Al día siguiente amenazó a la oposición, en el Congreso y en público, con achucharle a la Hacienda española, con una frase mafiosa que tiene pocas interpretaciones alternativas, potenciada con un gesto con el dedo que despeja las dudas: «Ten cuidao».

Entre medias del espectáculo, conocimos los correos cruzados entre la defensa del investigado, que por cierto haría bien en salir de su escondite y proteger a su pareja la mitad de lo que ella ha hecho con él, y la Fiscalía de Madrid, encabezada por un antiguo cargo de Zapatero promocionado al puesto por Dolores Delgado. Y accedimos también a las entretelas de la investigación.

En ambos casos, como han señalado la presidenta de los inspectores de Hacienda españoles y el Colegio de Abogados de Madrid, se trata de información reservada cuya filtración está tajantemente prohibida por la ley, bajo amenaza de sanción penal para quien conculque esa máxima.

Todo junto arroja un balance desolador e inquietante: una cómplice moral de los ERE fue recompensada con el mayor ascenso político para una mujer desde 1978. Y lo ha utilizado en dos frentes, de manera eficaz para Sánchez y destructiva para España.

Como ministra ha perfeccionado la estrategia económica de su jefe, aprendida en Andalucía, consistente en esquilmar fiscalmente a media España para financiar a la otra media, insultando a la primera y secuestrando el voto de la segunda.

Y como vicesecretaria general y hacendosa ministra, ha emitido todos los mensajes necesarios para intuir que la Hacienda puede ser un método de extorsión, señalamiento y laminación de rivales molestos en cualquier ámbito.

La mera sospecha es suficiente para activar todas las alarmas: tenemos un Gobierno que amnistía a malversadores de cientos de millones dedicados a quebrar la Constitución pero, a la vez, utiliza al fisco para acosar a sus adversarios y condenarlos a la muerte civil.

Lo mismo que llevan años haciendo con los jueces independientes y terminarán haciendo con todo disidente, en cualquier espacio, que no acepte la «nueva normalidad» de Sánchez, tan parecida al chavismo de toda la vida.