María Jesús Montero, vicepresidenta del Gobierno y candidata socialista a la Junta de Andalucía, acaba de comprometerse a construir 100.000 viviendas públicas en la comunidad autónoma. Promesa ambiciosa, sin duda. Lástima que la aritmética más elemental la convierta en inverosímil.

Conviene recordar los antecedentes. En plena campaña de 2023, Pedro Sánchez prometió 183.000 viviendas de alquiler asequible en toda España, proclamando que esta sería «la legislatura de la vivienda». Alcanzado el ecuador de dicha legislatura, la cifra de vivienda protegida construida por el Gobierno central asciende a unas escuálidas 6.300 unidades -y hablamos de vivienda pública en sentido amplio, no solo de alquiler asequible-.

Si ampliamos el horizonte temporal al conjunto de la etapa sanchista -desde 2019 hasta la actualidad-, el total apenas roza las 18.000 viviendas. Estamos, en términos históricos, ante el Gobierno que menos vivienda pública ha construido en toda la democracia española. Una media de aproximadamente 2.600 viviendas anuales para un país de 48 millones de habitantes.

Pero el dato más revelador para evaluar la credibilidad de la promesa de Montero no es el agregado nacional, sino el desglose territorial. De esas casi 18.000 viviendas construidas por el Gobierno central desde 2019, ¿cuántas se han levantado en Andalucía? Exactamente cero. Ni una sola unidad. La Comunidad Valenciana acumula 5.530, Madrid 3.751, Cataluña 2.409 y Aragón 2.216. Andalucía, la comunidad más poblada de España, comparte con Navarra, País Vasco, Asturias y Melilla el dudoso honor de figurar con cero viviendas públicas construidas por el Gobierno central en siete años.

En ese contexto, Montero nos pide que creamos que, como presidenta autonómica, impulsará la construcción de 100.000 viviendas en una sola legislatura y en una sola región. Es decir, la número dos de un Gobierno que no ha edificado ni 18.000 viviendas en ocho años en toda España aspira a multiplicar por cinco esa cifra en la mitad de tiempo y en una sola comunidad. Ya no es que la aritmética no cuadre. Es que la credibilidad está del todo ausente.

Montero, además, desliza que su promesa vendría a «recuperar el tiempo perdido» bajo el Gobierno de Moreno Bonilla. Sin embargo, las cifras revelan que la Junta de Andalucía ha construido en su territorio, por sí sola, casi tanta vivienda pública como el Gobierno de Sánchez en el conjunto del país: en torno a 13.000 unidades frente a las 17.800 del Ejecutivo central. Si la gestión de Moreno Bonilla resulta insuficiente, ¿qué calificativo merece la del Gobierno del que Montero es vicepresidenta?

Lo verdaderamente preocupante no es solo la desmesura de la promesa, sino lo que revela sobre la actitud del PSOE ante el problema de la vivienda. Estamos en máximos históricos de recaudación tributaria y, sin embargo, el Gobierno restringe activamente la oferta de vivienda con regulaciones que desincentivan la construcción, al tiempo que impulsa una demanda creciente mediante flujos migratorios que no van acompañados de una liberalización previa del mercado de la vivienda. La combinación de ambas políticas agrava el problema que dicen querer resolver. Prometer 100.000 viviendas desde la vicepresidencia de un Gobierno que ha construido cero en Andalucía no es un programa electoral: es un ejercicio de cinismo.