EL MUNDO – 07/11/14
· La Generalitat esquivará el veto si deja la consulta en manos de las entidades civiles.
El Gobierno español está dispuesto a no intervenir contra el «proceso participativo» del domingo en Cataluña, pero con una condición: que la Generalitat no colabore en el operativo de la jornada. De esta manera, el 9-N se convertiría, a ojos del Ejecutivo central –y también de muchos independentistas– en un remedo de las consultas populares sobre la secesión que, organizadas por entidades civiles, se sucedieron en cientos de municipios de la comunidad entre 2009 y 2011.
Después de varios días de rumores en ese sentido, el Gobierno puso claramente esa solución sobre la mesa. Fue por boca del ministro de Justicia, Rafael Catalá, que aclaró que no habrá nuevo recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) ni ante ninguna otra instancia si la Generalitat se inhibe de la consulta del 9-N.
«Si la Generalitat no promueve actuaciones en el desarrollo de una consulta no autorizada, no parece que sea necesario requerir ante el TC ni a los jueces y tribunales para actuar, porque no hay infracción del ordenamiento jurídico», ha subrayado el ministro.
El Gobierno también ha mostrado a Mas el camino hacia esa solución por otras vías más expeditivas. Como las cartas que la delegada del Ejecutivo en Cataluña, Llanos de Luna, ha remitido a la vicepresidenta catalana y a la consellera de Enseñanza de la Generalitat en la que les recuerda la «importancia» de que no contravengan la decisión del TC.
En la misma línea, pero ya por la tarde, la delegada del Gobierno envió cerca de 3.700 cartas más a directores de colegios públicos catalanes en la que recuerda «la importancia del necesario y debido cumplimiento» de las resoluciones del Tribunal Constitucional (TC) ante el próximo 9 de noviembre.
Estos directores son los responsables de los centros donde el domingo podrían ubicarse puntos de votación asistidos por personal voluntario. En la carta se subraya que determinadas actuaciones «podrían contravenir la resolución del TC, como permitir la utilización del centro docente para la promoción o realización de actos vinculados a la celebración de la consulta que ha sido suspendida o cualquier otros actos de similar contenido».
El Govern y CiU responden a estas acciones con ambigüedad. La Generalitat hizo público un escueto comunicado en el que afirma que está «siempre» comprometida con «el cumplimiento del principio de la legalidad», sin más especificaciones.
Incluso la portavoz de Convergència, Mercè Conesa, parecía dispuesta a pasar el testigo a última hora a las entidades cívicas cuando dijo al Ara que «a efectos prácticos, no hay diferencia entre si lidera el proceso el Govern o el Pacto Nacional por el Derecho a Decidir», un foro que se reúne hoy a petición de Mas.
Pero el coordinador nacional de Convergència, Josep Rull, enfrió esa posibilidad cuando afirmó, pensando en el electorado más independentista: «El 9-N habrá urnas, y quien las pone el 9-N es un presidente que se llama Artur Mas».
Convencido de que Artur Mas cumplirá con la legalidad, el portavoz parlamentario del PP catalán, Enric Millo, exigió al presidente catalán que «dé la cara», «rectifique» su rumbo y acate la suspensión del 9-N por parte del TC, para así evitar «accidentes inútiles».
Sin embargo, los partidos soberanistas continuaron ayer con la campaña, y se mantienen, de momento, también las webs institucionales que animan a la participación pese a la decisión del TC.
EL MUNDO – 07/11/14