Mark Rutte tiene razón

Juan Ramón Rallo-El Confidencial

Cualquier ayuda que vaya a recibir España debería estar sujeta a una estricta condicionalidad dirigida a que dejemos de depender de tales ayudas en el futuro

Mark Rutte se ha convertido en el principal villano del nacionalismo español de izquierdas: como el primer ministro neerlandés se ha opuesto a las pretensiones del Gobierno español y como arteramente se tienden a confundir los intereses del Gobierno con los del conjunto de la población, Rutte ha devenido automáticamente enemigo de España. Es lo que suele ocurrir con los ejecutivos incompetentes que ven resquebrajarse su legitimidad: que buscan enemigos externos para cohesionar a sus ciudadanos en torno a ellos y frente a ese enemigo exterior.

Pero a pesar de que el atávico sesgo gregario impulse a muchos españoles a detestar a Rutte, la honestidad intelectual debería llevarnos a apreciarlo, porque su postura es plenamente razonable (del mismo modo que la postura de Sánchez-Iglesias es plenamente irrazonable).

Cualquier ayuda que vaya a recibir España debería estar sujeta a una estricta condicionalidad dirigida a que dejemos de depender de tales ayudas en el futuro (algo que, como ya explicamos, también resultaría beneficioso para España). Máxime cuando, además, parte de estas transferencias será sufragada por Estados como el de los Países Bajos, los cuales bien pueden esgrimir un incuestionable agravio comparativo frente a España. Basten algunos datos para demostrarlo:

  1. El gasto público de España y de los Países Bajos en 2019 fue exactamente el mismo: el 41,9% del PIB. Ambas sociedades, pues, poseen un sector público igual de grande.
  2. Los Países Bajos, a diferencia de España, extraen de sus ciudadanos suficientes impuestos como para costear la totalidad de ese gasto público: en concreto, sus ingresos fiscales en 2019 fueron del 43,6% del PIB (de modo que amasaron un superávit del 1,7% del PIB). Mientras tanto, los ingresos públicos en España fueron del 39,1% del PIB (de modo que amasamos un déficit del 2,8%). Aunque gastamos lo mismo, ellos lo hacen de manera autosuficiente y nosotros no.
  3. La persistencia del déficit español y del superávit neerlandés ha conducido a que nuestra deuda pública cerrara 2019 en el 95,5% del PIB, mientras que la de los Países Bajos lo hizo en el 48,6%. Por eso nosotros necesitamos ser rescatados y ellos tienen músculo financiero para rescatarnos.
  4. Debería ser evidente que si España quiere gastar tanto como los Países Bajos, lo que no tiene sentido es que recaude sistemáticamente menos y que se les exija a estos (y a otros Estados como ellos) que le abonen la diferencia. De ahí que España deba o aumentar los impuestos o recortar los gastos para cuadrar sus cuentas a largo plazo. Y, en este sentido, dos áreas esenciales de reforma son justamente aquellas que ha apuntado Rutte: mercado laboral y pensiones.
  5. La tasa de paro media de los Países Bajos durante las últimas cuatro décadas ha sido del 5,5%; la de España, del 18%. Una tasa de paro elevada afecta al presupuesto estatal por una doble vía: reduce los ingresos (menor número de contribuyentes) e incrementa los gastos (prestaciones de desempleo). Por eso es necesario reducirla para acabar con el déficit. Los Países Bajos reclaman profundizar en la reforma laboral de 2012 para facilitar la contratación: y es que el coste de indemnización por despido para los empleos indefinidos es de 33 días por año trabajado en España, mientras que en los Países Bajos es de entre 10 y 15 días por año trabajado.
  6. Otro agujero negro de nuestra sostenibilidad financiera es el sistema de pensiones, motivo por el cual deberíamos reajustar esa prestación pública. En Países Bajos, la tasa de reemplazo (el porcentaje del último salario que un trabajador cobra en forma de pensión cuando se jubila) dentro del sistema público es del 29%, mientras que en España asciende al 72,3%. Por eso, los neerlandeses necesitan complementar sus pensiones públicas con pensiones privadas fruto de su ahorro: esto es, no solo han de hacer frente a una presión fiscal del 43,6% del PIB, sino adicionalmente ahorrar para su jubilación.

¿Tiene sentido que los Países Bajos subsidien un país que gasta lo mismo que ellos, con pensiones e indemnizaciones por despido relativamente más elevadas, pero con impuestos más reducidos e insuficientes para costear todo ese esquema? ¿Tiene sentido que el sobregasto público español lo costeen los contribuyentes neerlandeses porque aquí ni queremos recortar los desembolsos ni pagar más impuestos?

No, no culpemos a Rutte de nuestros propios problemas: el primer ministro de los Países Bajos solo nos ha instado a resolverlos como condición para recibir su ayuda. Solidaridad no es perpetuar nuestros desequilibrios con la expectativa de cargárselos a nuestros vecinos.