En este mes de agosto, una gran oleada de incendios está asolando nuestro país. En lo que llevamos de mes, el fuego ya arrasado ya alrededor de 120.000 hectáreas, según datos del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS), en lo que supone ya una de las rachas de incendios más agresivas desde que hay registros.

Ante esta catástrofe, que ya se ha cobrado la vida de tres hombres, las comunidades autónomas afectadas, la mayoría lideradas por el Partido Popular, están solicitando al Gobierno más recursos para paliar los efectos de los incendios, entre los que se encuentra la declaración del Nivel 3 de emergencias.

El ministro de Interior, el socialista Fernando Grande-Marlaska, expresó el pasado 13 de agosto que si una comunidad autónoma entiende que no puede gestionar la crisis derivada por los incendios con los medios que tiene a su disposición «puede solicitar» al Gobierno «que se declare una emergencia de interés nacional».

Al mismo tiempo, el titular de Interior señaló que es en la comunidad autónoma afectada «donde se residencian principalmente las competencias en materia de protección civil» y, por lo tanto, son los gobiernos autonómicos los que tienen «principalmente la responsabilidad» de pedir que «derive o que asuma el Estado» la gestión de la extinción de incendios.

La petición de la declaración de la emergencia de interés nacional consta en el artículo 29 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, promulgada por el Gobierno ‘popular’ de Mariano Rajoy. Según reza la norma, son emergencias de interés nacional «las que requieran para la protección de personas y bienes en estados de alarma, excepción y sitio, aquellas en las que sea necesario prever la coordinación de Administraciones diversas porque afecten a varias Comunidades Autónomas y exijan una aportación de recursos a nivel supraautonómico, y las que por sus dimensiones efectivas o previsibles requieran una dirección de carácter nacional».

Respecto a la declaración, y a diferencia de lo esgrimido por Marlaska, el propio Ministerio de Interior puede declarar la emergencia nacional, sin necesidad de precisar de una petición expresa de las comunidades autónomas afectadas. Tal y como consta en la ley, «corresponderá la declaración de interés nacional al titular del Ministerio del Interior, bien por propia iniciativa o a instancia de las Comunidades Autónomas o de los Delegados del Gobierno en las mismas».

El problema respecto a esta cuestión es que la responsabilidad de los incendios dejaría de estar en manos de las autonomías y recaería directamente en el Gobierno central, por lo que, a la hora de depurar culpas al fin de la catástrofe, si se declarase la emergencia nacional, el Ejecutivo que lidera Pedro Sánchez tendría que rendir cuentas ante los españoles.

Aunque el Gobierno está destinando recursos para la extinción del fuego, en caso de decretarse la emergencia de interés nacional, el Ministerio de Interior asumiría la dirección única de la emergencia, por lo que se podrían desplegar más efectivos de la UME, medios aéreos y terrestres adicionales, maquinaria pesada, asistencia sanitaria, etc.

Además, los damnificados por la catástrofe podrían acceder a ayudas económicas de emergencia, compensaciones a afectados y cobertura de gastos de los cuerpos intervinientes sin trabas administrativas, que, al estar las comunidades de por medio, suelen tardar más en autorizarse.