Isabel San Sebastián-ABC
- Mientras esperamos una vacuna que no llega, el Gobierno desmonta pieza a pieza nuestro Estado de Derecho
Mientras usted y yo, querido lector, aguardamos encerrados esa vacuna prometida que, como Godot, siempre está a punto de llegar, el Gobierno desmonta pieza a pieza nuestro Estado de Derecho, aprovechando el miedo y la postración de una ciudadanía centrada en sobrevivir al virus y a la ruina derivada de su nefasta gestión. Lo hace con precisión implacable, a través de varias ofensivas que buscan el control de la Justicia, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y los medios de comunicación (lo acaba de denunciar un prestigioso organismo independiente estadounidense), piezas claves en la democracia cuya regla de oro es la división de poderes. Dicha pretensión determina las alianzas del comandante supremo, Pedro Sánchez, quien no hace ascos a totalitarios golpistas o portavoces de aquellos que apretaron el gatillo etarra. Y a la consecución de ese objetivo dedica el presidente sus mayores desvelos, ingentes recursos públicos y a sus más fieles lacayos, entre los cuales brilla con luz propia el benefactor de la peor escoria terrorista y verdugo de personas intachables como el coronel Pérez de los Cobos, Fernando Grande-Marlaska, a quien la Audiencia Nacional acaba de propinar una paliza histórica. Un varapalo judicial de un calibre incompatible con su permanencia en el cargo. España no se merece un ministro del Interior indigno.
Marlaska inauguró su fulgurante carrera política sirviéndose de su toga y su voto para liberar de golpe a todos los criminales afectados por la derogación de la llamada ‘doctrina Parot’, en una interpretación ‘generosa’ de una resolución del Tribunal de Estrasburgo que satisfacía las exigencias de la banda en su negociación con Zapatero. Ahora utiliza su cartera para prodigar beneficios penitenciarios a los pistoleros del hacha y la serpiente, a razón de cinco por semana, sin descartar a desechos humanos como García Gaztelu, ‘Txapote’, asesino de Miguel Ángel Blanco, Fernando Múgica, Miguel Buesa, Irene Fernández, José Ángel de Jesús y un largo etcétera, quien ya disfruta en Madrid de la misma cárcel que su pareja, Gallastegui, otra sicaria agraciada por la lotería con la que Sánchez paga el apoyo de Bildu. No contento con prestarse a semejante vileza, el máximo responsable de nuestra seguridad perpetró hace un año la destitución del jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid, Manuel Pérez de los Cobos, por negarse a revelarle el contenido de una investigación referida al delegado del Gobierno en la capital, que la juez había declarado secreta; es decir, por atenerse escrupulosamente a lo que marca la Ley. Así lo afirma una sentencia demoledora de la misma instancia en la que sirvió Marlaska, que no solo le obliga a reponer al coronel en su cargo, sino que certifica la flagrante arbitrariedad cometida al cesarle «por no llevar a cabo el acto abiertamente ilegal que de él se esperaba». España no se merece un ministro del Interior que castiga a un hombre de honor por cumplir con su deber.