Pedro Sánchez no va a destituir al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ni éste va a dimitir. Una vez asumido el estado real de las cosas en el Gobierno, es inevitable cuestionar la utilidad, incluso la conveniencia de que se produjese dicho cese.

No es la desidia ni la rendición las que motivan dicho cuestionamiento, ni siquiera esa sensación de hastío que provoca la impunidad continuada del Gobierno, sino precisamente la gravedad de los hechos. Tan insólita resulta que no puede quedar escondida con el sacrificio de un peón fácilmente sustituible, por algún baroncillo-Illa-socialista, con mucho que agradecer y nada que aportar. Podría ser reemplazado por la que ha sido cómplice en los actos contra el coronel Pérez de los Cobos, la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, meritoria activista del 8-M, del ecologismo y del resto de “ismos” del desquiciado mundo woke. La cadena de nombramientos podría seguir hasta incluso la designación del chófer de Pablo Iglesias, que aunque sería sin duda una mejor opción, el precedente de Maduro lo desaconseja. Sánchez necesita que Marlaska continúe en su puesto para que no haya posibilidad de esconder ni maquillar la destrucción del sistema constitucional que está llevando a cabo el Partido Socialista. Es necesario que la sociedad española despierte antes de que sea irreversible la degradación de nuestros derechos y libertades, de nuestra ciudadanía, y sea consciente de la necesidad de expulsar de toda institución democrática a quien ha desarmado el Estado de Derecho con una patada en la puerta literalmente.

El trasfondo de un cese

El ministro del Interior, por orden del presidente del Gobierno, tal y como confesó María Gámez, destituyó de forma fulminante a un funcionario público, a Pérez de los Cobos, por negarse a cometer un delito de revelación de secretos en el marco de una investigación judicial a miembros del PSOE, en concreto, al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, sobre su responsabilidad a la hora de no tomar medidas en la manifestación pandémica del 8 de marzo del 2020. Se le impidió incluso al coronel su derecho fundamental a ser escuchado en el procedimiento y se truncó su ascenso a general. Se destrozó la carrera profesional de un funcionario público por cumplir con su obligación y no cometer un delito. Esto no es una acción sólo contra Pérez de los Cobos, sino contra todos los funcionarios y contra el propio Estado. Aquí se resume su destrucción al ser sustituido por un partido político que parasita las instituciones y que es controlado por su líder con complejo de rey Sol.

No puede un funcionario público comportarse como un mayordomo general cuya única misión es cumplir los deseos del nuevo señorito de Palacio, que pretende que estos sean norma suprema

Muchos hablan con desdén y desprecio de los funcionarios de carrera, pero la labor de un buen profesional público en un Estado moderno reside en el desempeño diligente de su trabajo al servicio de los ciudadanos garantizando el cumplimiento de la ley. No puede comportarse como un mayordomo general cuya única misión es cumplir los deseos del nuevo señorito de Palacio, que pretende que estos sean norma suprema. Puede que algunos se comporten así, pero la eliminación de quien no delinque establece un nuevo desequilibrio en la Administración y esto tiene consecuencia directa en los ciudadanos.

Sólo en esta situación de represión dentro del Estado se pueden dictar órdenes a la Policía para que actúe contra los ciudadanos contraviniendo la ley. Sólo en este marco de destrucción de nuestro marco democrático se puede dictar una orden interna que contravenga la Constitución y ordene a los policías tirar la puerta a bajo de los domicilios de particulares sin una orden judicial, y que estos lo hagan sin poner impedimento, mientras los okupas gozan de impunidad en la propiedad ajena.

Perseguidos por estaciones y carreteras

El PSOE está utilizando las herramientas del Estado contra los ciudadanos mientras existe una élite privilegiada afín, que no cumple ninguna norma y cuyos actos carecen de consecuencias. Puede parecer una cuestión menor que las playas de España puedan ser visitadas por extranjeros pero no por nacionales, como sucede en Cuba. Que sea aplaudido por muchos la persecución policial a los ciudadanos en esta Semana Santa con interrogatorios en estaciones de autobús y en carreteras o incluso el arresto de bañistas que no tenían el acento de la zona. Un sistema de represión establece las condiciones para que el odio y la desconfianza entre españoles lleve a muchos a integrarse como gratuitos informadores-chivatos del Gobierno, en este caso “por razones de Salud pública”. Y mientras, medio Gobierno se iba con sus familias de vacaciones sin control y tras abroncarnos por salir de casa. Y no hay consecuencias.

 

No es posible exigir o iniciar un diálogo sobre la dignidad, el decoro y la decencia que debiera mostrar Grande-Marlaska presentando su dimisión. Este Gobierno ya no está en la dinámica del vigente sistema constitucional, ha invertido el sentido de todo orden democrático. El partido socialista ha destrozado los valores éticos que cosen el tejido de convivencia democrática en una sociedad plural y heterogénea, y que permiten que aunque un dirigente falle, el sistema no caiga debido a esa conciencia colectiva del fallo y la necesidad de aliviar sus consecuencias.

La oposición ha de romper sin ambages el consenso izquierdista que se ha tejido en torno a la impunidad del Gobierno. Y todo puede empezar o acabar el 4 de mayo en las elecciones en Madrid

No se trata de resignarse a la impunidad de la izquierda y su insoportable discurso moralista sobre la nada. Se trata precisamente de lo contrario. Hay que tener la determinación de vencerlo, priorizando la expulsión de quienes quiebran los valores democráticos de las instituciones y ponen en riesgo su supervivencia.

Quizá hayamos entrado ya en un momento en el que defender el escenario democrático sea lo prioritario para cualquier identidad ideológica y especialmente por encima de satisfacer anhelos irrefrenables de quienes pretenden gobernar sobre lo que detestan y desprecian.

Si Marlaska es el símbolo de la degradación del Estado y el comportamiento absolutista sobre los funcionarios públicos, José Luis Ábalos representa la corrupción cutre y transatlántica y Dolores Delgado, la fiscal general del Gobierno, encarna la impunidad del propio Estado. No hay que desdeñar el poder de ambos símbolos para mostrar así la actitud despótica del presidente del Gobierno. Para ello la oposición ha de romper sin ambages el consenso izquierdista tejido en torno a la impunidad del Gobierno. Todo puede empezar o acabar en las elecciones del 4-M, a las que Sánchez concurre inquieto frente a Ayuso, con un Madrid al que ha cercado, estigmatizado y desatendido como telón de fondo.