ABC – 10/02/15
· Alega que sus contactos con empresas fueron para «salvar puestos de trabajo». Justifica que seis miembros del clan Pujol recibieran contratos de la Generalitat.
El hijo político de Jordi Pujol nada supo de comisiones por adjudicación de obra pública ni movimientos de dinero en paraísos fiscales. Y pese a tener cargos de máxima responsabilidad durante el mandato del expresidente, Artur Mas sostiene que solo tuvo constancia de «comentarios, nunca de pruebas», sobre el supuesto enriquecimiento de la familia Pujol-Ferrusola con fondos públicos. Incluso justifica que seis miembros de esa saga realizara trabajos para la Generalitat. «Hay personas que tienen vocación de servicio público», dijo.
Mas compareció ayer durante cuatro horas en la comisión de investigación sobre el fraude, la evasión fiscal y la corrupción constituida en el Parlamento catalán a raíz de la confesión de Jordi Pujol, en la que admitió haber tenido una cuenta en Andorra. Se trata de la primera vez que un presidente de la Generalitat comparecía en una comisión de investigación. Durante meses se resistió, pero tras desvelarse que en el sumario de las ITV, en el que está inculpado el exsecretario general de CDC, Oriol Pujol, aparece su nombre como mediador en deslocalizaciones de empresas, ERC tomó la decisión de dejar de blindar a su socio secesionista y, gracias a sus votos, forzó la declaración de Mas.
Sobre la confesión de Pujol en julio de 2014, Mas reiteró que, a su juicio, es un tema personal suyo y de su familia y no va más allá. No tiene nada que ver con Convergència, ni conmigo» y, respecto a la trama de las ITV, que su intervención «fue pulcra y correcta, las supuestas influencias que se querían ejercer acabaron en sentido contrario». Sobre las «mal denominadas deslocalizaciones» como las de Yamaha o Sharp, precisó que «lo que hubo fueron relocalizaciones, pues la Generalitat, lo que debía hacer es mantener la actividad económica y salvar puestos de trabajo».
ERC abrió el turno de los grupos parlamentarios. El gran ausente fue el presidente de este partido, Oriol Junqueras, quien delegó en Oriol Amorós. Éste aseguró que la evasión fiscal confesada por Jordi Pujol «no es un asunto personal, tiene consecuencias públicas» porque «la esfera institucional se mezclaba con la esfera familiar hasta el límite de lo estrictamente legal». Aludió a las adjudicaciones realizadas por el Gobierno de CiU a empresas afines a Convergència. «¿No le parece extraño o como mínimo feo que seis miembros de la familia Pujol recibiera contratos de la Generalitat?», preguntó el republicano.
El octavo hijo de Pujol
Mas dijo que la cuestión es si hubo trato de favor respecto a hijos de altos cargos. «¿Hay sospechas de cómo contrata la Generalitat? Porque ha sido mirada por el derecho y por el revés. Hay familias enteras que trabajan para la administración porque tienen vocación de servicio público». Aseguró «ser víctima de una campaña indecente porque tengo un cuñado que ha trabajado para la Generalitat».
La líder del PP, Alicia Sánchez-Camacho, que pidió la dimisión de Mas, le preguntó sobre el origen de la fortuna del expresidente. Criticó que diga que «no sabe nada» cuando es el «octavo hijo político» de Jordi Pujol. Asimismo, preguntó qué interés tenía en que se adjudicaran parques eólicos que contaban con informes medioambientales contrarios, cuando era consejero jefe en 2002. Se refirió, tal como publicó ABC, a una carta enviada al consejero de Medio Ambiente en la que le instaba a desbloquear la adjudicación. Esos parques tenían informes favorables de empresas vinculadas a la familia de Carles Sumarroca, fundador de CDC, y dos de ellos eran gestionados por el empresario convergente, Joan Fages.
Mas respondió que era lógico que, si esos parques fueran viables, él favoreciera el proyecto y que la carta enviada al consejero fue «muy correcta». Afirmó que «durante 20 años han pasado por delante mío contratos por valor de miles de millones y nunca se me ha abierto ni un solo proceso judicial. Yo cometo errores, pero he sido muy escrupuloso al distinguir entre lo público y lo privado».
ABC – 10/02/15