ABC – 16/10/15
· El presidente de la Generalitat amaga con desacatar una condena del TSJC por la consulta separatista.
Dos caras lució ayer Artur Mas: nervioso ante el juez, triunfal ante su parroquia secesionista. El presidente en funciones de la Generalitat acudió a declarar como inculpado ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por la organización de la consulta secesionista del 9-N, arropado de alcaldes, su gobierno, diputados de Junts pel Sí y la CUP y una multitud plantada ante la sede judicial –pese a los reproches de los jueces– al grito de «fuera, fuera, fuera, la justicia española».
Mas y el independentismo calificaron de «juicio político» su imputación, y la de dos cargos de su gobierno, por la consulta secesionista. Y, sin embargo, nada les complacería más que fuera efectivamente político, no jurídico. Para no tener que desplegar un argumentario contradictorio. De equilibrista. Asumiendo la promoción de la consulta a la vez que se descarga la responsabilidad de su ejecución en los voluntarios que participaron en ella. Como hicieron el martes la consejera Irene Rigau y la exvicepresidenta Joana Ortega, también imputadas.
Antes de franquear las puertas del Palacio de Justicia, sede del TSJC, Mas se giró al «tendido» y saludó brazo en alto y con los cuatro dedos de una mano a modo de «senyera» catalana. Dentro de la sede judicial, frente al juez instructor, se le vio nervioso, con las manos temblorosas.
El presidente de la Generalitat declaró durante una hora y veinte minutos ante el magistrado que instruye la querella, Joan Manuel Abril. Como Rigau y Ortega, no contestó a las preguntas del fiscal, Emilio Sánchez Ulled –que estuvo acompañado por el fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada–, ni a las de la acusación popular, el sindicato Manos Limpias. Adujo el mismo motivo: el cambio de criterio del ministerio público; que la Fiscalía General del Estado instó a presentar la querella contra el criterio de la junta de fiscales catalanes.
Mas inició su comparecencia con un discurso de diez minutos en el que sostuvo que sólo debería dar explicaciones por el 9-N en el Parlamento catalán, al ser un acto político. «No entiendo por qué estoy aquí», soltó. Luego, a preguntas del juez, desplegó su alegato, que repitió tras salir de los juzgados y comparecer en rueda de prensa en el Palacio de la Generalitat.
Según fuentes judiciales, Mas se proclamó de entrada como «único responsable y promotor» del llamado «proceso participativo» en el que mudó la consulta tras la prohibición del TC dictada el 4 de noviembre. «No hace falta que bajen más. Soy yo», depuso. Fue una actuación «democrática» que desató la «rabia» de un Estado que pretende presentarlo como «delincuente», atronó luego en rueda de prensa, en Palau. En el mismo escenario en que se permitió amagar con la posibilidad de no acatar una sentencia condenatoria. «Depende del momento en que esté la situación jurídica del país», dejó caer, en referencia al proceso de independencia.
En sede judicial, Mas argumentó que tras la providencia del 4 de noviembre del TC, su gobierno analizó las consecuencias jurídicas y se decidió que la administración no interviniera más en la organización de la consulta, que se transformó en «proceso participativo».
Para intentar sortear la imputación de desobediencia –a la que se suman prevaricación y malversación– , el presidente explicó que tras la suspensión de la consulta, el trabajo previo de la administración ya estaba terminado y «se trasladó la ejecución del proceso participativo a los voluntarios». «Pero no era un voluntariado desasistido. Había sido formado, organizado y se le habían prestado servicios», admitió en alusión, por ejemplo a los ordenadores que el Departamento de Enseñanza facilitó a los voluntarios para gestionar el registro de votantes, a la página web –inactiva, pero no clausurada– que informaba de la votación del 9-N, a la apertura de institutos como colegios electorales… Desde la suspensión del TC de noviembre, la Generalitat «colaboró, informó, proveía servicios y materiales y dio explicaciones a la opinión pública, pero no daba órdenes ni instrucciones», dijo ante los medios de comunicación.
Mas hizo hincapié en que ni el poder judicial, ni el policial, ni el Gobierno hicieron nada para instar a la aplicación de la providencia del TC del 4 de noviembre e impedir la consulta. Pese a que había denuncias presentadas por particulares y entidades. «Podían haber intentado suspenderla, pero no actuó nadie. ¿Y pretenden que el único que estaba obligado a acatar la suspensión del Constitucional sea yo?», espetó al juez y a los fiscales.
ABC – 16/10/15