Mas advierte que pese al TC mantendrá su reto al Estado

EL MUNDO 27/03/14

· Envía una carta a los ayuntamientos para que colaboren con la consulta
· PSC, PP y Ciutadans reclaman al ‘president’ que «recupere el norte»
    
El auto del Tribunal Constitucional que anula la declaración de soberanía catalana no ha servido para frenar a Artur Mas. El president confirmó ayer que «el proceso continúa» y que el fallo judicial ya estaba «previsto» por los diseñadores de la ruta soberanista, al mismo tiempo que enviaba una carta a los ayuntamientos para que colaboren en la consulta.

Mas desdeñó las manos que le tendieron Pere Navarro (PSC) y Alicia Sánchez-Camacho (PP) para que abandone su proyecto, y advirtió a las instancias del Estado: «Ante cada escollo encontraremos la solución para esquivarlo y sobrepasarlo, y actuar de acuerdo con los marcos de la legalidad vigente, que son muchos y muy variados».

El escrito del Tribunal Constitucional planeó sobre toda la sesión de ayer en el Parlament, que comenzó con un minuto de silencio por la muerte de Adolfo Suárez en el que no participaron los diputados de la CUP. Los dirigentes de CiU y ERC, los principales impulsores de la hoja de ruta independentista, daban por descontado desde hace tiempo que el TC anularía la declaración de Cataluña como «sujeto político y jurídico soberano», así que la reacción de Mas no sorprendió a nadie.
La respuesta del presidente de la Generalitat era importante porque, según su virulencia, podría calibrarse la temperatura actual del enfrentamiento entre el Gobierno catalán y el central. Y si bien CiU calificó el martes a los magistrados del TC, nada más conocerse el auto, de «agitadores políticos que han avivado la catalanofobia», Mas estuvo ayer menos contundente.

El president tildó de «grave», «prevista» e «innecesaria» la decisión del Constitucional, pero buscó en el texto un asidero para legitimar su intención de continuar con su hoja de ruta hacia la consulta prevista por el Govern para el 9 de noviembre.

Lo encontró en una frase que le leyó a Alicia Sánchez-Camacho durante la sesión de control de ayer. «Haré caso de lo que dice el TC en la página 33. ‘Cabe una interpretación constitucional de las referencias al derecho a decidir de los ciudadanos de Cataluña, y así debe hacerse constar en el fallo’», dijo Mas.
Y remató la actuación, muy aplaudida desde los escaños de CiU, relacionando esa idea con el Pleno del Congreso de los Diputados del 8 de abril: «La primera prueba para saber si el Estado tiene voluntad de actuar en este sentido es que el 8 de abril nos transfiera la competencia constitucional para organizar el referéndum del día 9 de noviembre».

De hecho, el Alto Tribunal considera que las alusiones de la declaración de soberanía al derecho a decidir «no son inconstitucionales si se interpretan» conforme a la legalidad vigente.
Si la líder del PP le había exigido a Mas que se mantuviera dentro de la ley y que «pare este proceso», el socialista Pere Navarro fue aún más explícito. El líder del PSC pidió al president que se implique en la reforma de la Constitución que propone su partido, porque es «el único camino» para poder convocar una consulta sobre el futuro de Cataluña.
«Usted sabe que sin acuerdo no hay consulta, pero no lo reconoce. Usted está atrapado. Cambie el rumbo, suba al autobús del PSC, reformemos juntos la Constitución. Si se quiere la consulta no hay otro camino: hoy necesitamos más Tarradellas y más Suárez, más inteligencia y menos testosterona», dijo Navarro, que sólo apoyará una consulta pactada con el Gobierno español.

Precisamente, esa decisión le sigue costando al PSC quebraderos de cabeza en la Cámara catalana. Ayer, los tres diputados díscolos que no quisieron votar contra el traspaso de competencias para organizar referendos pidieron amparo a la Mesa del Parlament, porque entienden que sus compañeros de grupo los marginan.
Mas recordó a Navarro que ni Suárez ni Tarradellas eran socialistas, y que «el autobús de la mayoría» es de momento el que él pilota, y en él viajan cómodamente instalados y cerca del puente de mando –el intercambio entre el presidente catalán y Oriol Junqueras fue ayer de nuevo de guante blanco– los diputados de ERC.

El presidente de la Generalitat coincidió con Navarro en que lo conveniente sería pactar con el Ejecutivo central la convocatoria de la consulta, pero culpó a Mariano Rajoy de que sea imposible. «No quiere ni oír hablar del tema. El Gobierno español sólo quiere acordar que no se haga nada. Tiene derecho a no quererlo, otra cosa es si eso es inteligente», afirmó.

Albert Rivera fue el más contundente contra Mas, al que acusó de liderar «un golpe» contra la Constitución y el Estatuto. También le reprochó los cambios que su liderazgo ha propiciado en la federación nacionalista: «Quién le ha visto y quién le ve, a usted y a CiU. Quién les ha visto a ustedes trabajar por la autonomía de Cataluña y por unir a los españoles, y quién les ve hoy dividir a los catalanes para separarnos del resto de españoles. Recupere el norte».
A la impresión de que Mas no tiene previsto modificar su hoja de ruta contribuyó también que la vicepresidenta del Parlament, Anna Simó (ERC), considerase en nombre de la Cámara que la declaración de soberanía sigue «vigente» pese al TC y que no la retirará.

Esas palabras molestaron al PP, que pidió a Simó que se atenga a su papel institucional y que negó que la Mesa de la Cámara adoptara ningún acuerdo en ese sentido.

De hecho, el secretario segundo de la Mesa del Parlament, Pere Calbó, único representante del PP en este organismo, pidió ayer que la declaración de soberanía no conste como publicación oficial del Parlament después de que fuera anulada por el TC.

El diputado popular argumentó que «por el buen nombre de la Cámara» ya no debería figurar como publicación, y añadió que lo que sí debería publicar el Parlament en su web y en sus boletines es la sentencia del Alto Tribunal al respecto.
Además, Calbó hizo un llamamiento a no utilizar el Parlament para intereses particulares: «Nosotros, los miembros de la Mesa, deberíamos ser los primeros en velar por el rigor y la responsabilidad de una institución que representa a todos los catalanes».