EL MUNDO 02/04/14
· El portavoz de CiU dijo que la sentencia era obra de «agitadores políticos que avivan la catalanofobia»
· ERC denuncia la «complacencia» del Govern con el Constitucional e insiste en que el fallo «contradice la voluntad de los catalanes»
En una nueva demostración de creatividad, el portavoz de la Generalitat ha detectado en la resolución del Tribunal Constitucional (TC) que anula la declaración de soberanía del Parlament una rendija para convocar de manera legal una consulta sobre la independencia de Cataluña. Según Francesc Homs, la sentencia que se dio a conocer la semana pasada en realidad avala la celebración de un referéndum de este tipo.
El Govern interpreta que el TC sólo pone dos condiciones a su «sólido amparo» al derecho a decidir: que la consulta no sea vinculante y que, si el resultado confirma que los catalanes quieren por mayoría la independencia, se «intente» conseguir ese objetivo a través de un proceso de reforma de la Constitución.
La Generalitat extrae esas conclusiones de un informe que encargó a sus servicios jurídicos cuando detectó que del auto del TC podría desprenderse alguna tesis favorable a la hoja de ruta de Artur Mas. Antes, sin embargo, el portavoz parlamentario de CiU, Jordi Turull, se había mostrado muy duro con los magistrados del Alto Tribunal, a los que tildó de «agitadores políticos que avivan la catalanofobia».
CiU ha pasado de las severas críticas a la decisión judicial sobre la declaración de soberanía a considerar una victoria la sentencia del Tribunal Constitucional. Homs estaba ayer radiante: «Pensábamos que ya teníamos argumentos, pero no teníamos una sentencia del TC que diga que el derecho a decidir cabe en la Constitución».
«El TC dice que no somos sujeto político pero el derecho a decidir viene amparado en la sentencia. Y como lo queremos ejercer, nos sentimos reforzados», añadió Homs.
Sin embargo, sus socios de ERC, que sostienen a Mas en el Govern a cambio de que no se desvíe de la hoja de ruta independentista, no entendieron esa alegría. Oriol Amorós, diputado republicano en el Parlament, criticó la «complacencia» del Govern e insistió en que la resolución del TC «contradice la voluntad de los catalanes» de pronunciarse en una consulta y no tiene efectos sobre el llamado proceso soberanista.
La Generalitat encargó el informe a un equipo de juristas capitaneado por Carles Viver Pi-Sunyer, ex vicepresidente del TC que en los últimos tiempos se ha implicado a fondo en el proceso soberanista emprendido por Mas. No en vano, es el presidente del Consejo Asesor para la Transición Nacional (CATN), uno de los múltiples organismos consultivos que CiU ha puesto en marcha.
La tesis de la Generalitat se basa en que el TC sólo anuló la parte de la declaración del Parlament en la que se definía a Cataluña como «sujeto político y jurídico soberano», no el resto. El último punto, por ejemplo, establecía la «voluntad de convocar una consulta sobre el futuro político de Cataluña». El Govern cree que el TC ofrece claves acerca de cómo llevarla a cabo.
El documento interpreta que la resolución del TC supone un «revés» a algunas de las pretensiones del Gobierno. Según Homs, con el escrito en la mano «es posible organizar una consulta de acuerdo con el ordenamiento jurídico». Y se apresuró a añadir: «Nos será de utilidad para organizar la consulta del 9 de noviembre».
El portavoz de la Generalitat también subrayó que el TC avala la consulta «como actividad preparatoria en el ejercicio del derecho a decidir». Es decir, que preguntar a los catalanes por sus preferencias no sería ilegal siempre que esa iniciativa «tenga carácter consultivo» y que «acepte, de manera tácita o explícita, que la interpretación de sus resultados, en el supuesto de que sean favorables a una opción contraria a lo que prevé la Constitución, requerirá una negociación con el Estado y una reforma de la Constitución».
La Generalitat acepta una consulta no vinculante, sin efectos jurídicos, porque sabe que esa fórmula plantea menos problemas de encaje legal. Pero el Govern entiende, y Homs insistió ayer en ello, que «si sale independencia» será muy difícil orillar esa decisión del pueblo catalán y el Ejecutivo central deberá abrir una negociación política.
El portavoz del Govern también pidió al Gobierno central que se abstenga de proclamar qué es y qué no es constitucional, porque esos pronunciamientos responden a un posicionamiento «político» y no jurídico. «El Gobierno español, de ninguna de las maneras, quiere ni querrá que Cataluña se pueda expresar a través de una consulta», dijo.
Homs también se felicitó de que el TC citara como referente la sentencia del Tribunal Supremo de Canadá acerca de una consulta en Quebec, y recordó que en esa región ya se han celebrado dos referendos de independencia.
Añadió que el proceso abierto por Mas es «inexorable» y «no tiene vuelta atrás». Es decir, que la Generalitat «hará todo lo que esté en su mano» para que los catalanes voten el 9 de noviembre, fecha que Mas acordó con sus socios para celebrar la consulta.
EL MUNDO 02/04/14