EL MUNDO – 29/06/16
· El juez imputa por desobediencia y prevaricación al ex ‘president’, Rigau y Ortega por «promover» la consulta pese a conocer la prohibición del TC.
· No incluye la malversación que sí apreció el fiscal.
Artur Mas desobedeció al Tribunal Constitucional cuando burló la suspensión de la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014 y siguió adelante con las votaciones. Así lo considera el magistrado Joan Manel Abril del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que cerró ayer la investigación abierta contra el ex presidente de la Generalitat, la ex vicepresidenta Joana Ortega y la ex consejera de Educación y actual diputada autonómica, Irene Rigau, concluyendo que pudieron cometer los delitos de desobediencia grave y prevaricación administrativa.
Esta decisión judicial deja a Mas, Rigau y Ortega a un paso de sentarse en el banquillo y ser juzgados ya que, presumiblemente, la Fiscalía y la acusación popular, que representa al Sindicato Profesional de Policía y a la Unión Federal de Policía –que tomaron el relevo de Manos Limpias–, presentarán un escrito en el que pedirán penas que podrían ser de multa y de inhabilitación para empleo o cargo público hasta de 10 años.
Además de estos delitos, la Fiscalía pidió en su querella que Mas, Ortega y Rigau fuesen investigados por una presunta malversación de fondos públicos. El Govern calculó que se gastaron 13 millones de euros. Por eso, el Ministerio Público podría reclamar que los imputados sean juzgados por este delito que implicaría una pena de tres a seis años de prisión.
En su auto, el magistrado establece que Mas reconoció en su declaración que fue el «máximo responsable de la iniciativa política y de haber impulsado el proceso participativo del 9-N» y que cinco días antes, el 4 de noviembre, recibió una comunicación del Constitucional por la que se suspendían la convocatoria de las votaciones y sus preparativos. El ex presidente informó de esta decisión a Rigau y Ortega. Ellas habían recibido una carta de la Delegación del Gobierno en Cataluña en la que se les explicaba que seguir adelante con el proceso participativo podía «contravenir la resolución adoptada por el Tribunal Constitucional». Ante el juez, Mas explicó que, cuando llegó la suspensión, «todo el trabajo estaba acabado» por lo que las votaciones las llevaron a cabo voluntarios sin que el Govern diese ningún tipo de instrucción.
Frente a esta declaración, el juez considera que existen suficientes indicios que demuestran que Mas, Rigau y Ortega presuntamente desobedecieron al Constitucional ya que «impulsaron y promovieron» las actuaciones para permitir las votaciones «al no dejar sin efecto los convenios y los contratos que amparaban los servicios por parte de contratistas privados», además de desarrollar de forma directa otras actividades, como que la ex vicepresidenta diese datos de participación o los resultados del 9-N. Para el juez, los tres imputados, de forma «intencional y consciente», se negaron «abiertamente a dar cumplimiento al mandato» del Constitucional, ya que «la organización, la preparación y el desarrollo de la consulta no se llevaron a cabo solo a través de voluntarios, sino que jugaron un papel relevante contratistas privados, que prestaron servicios abonados con recursos financieros públicos, con plena conciencia de la desobediencia a la suspensión acordada».
Además, el magistrado destaca que Mas, Ortega y Rigau pudieron cometer un delito de prevaricación administrativa por omisión al no haber dictado aquellas resoluciones que impidieran la consulta, con el fin de «conseguir la realización de su voluntad y anteponer la misma a la suspensión ordenada por el Tribunal Constitucional».
En este sentido, detalla que «adoptaron aquellas resoluciones decisorias y necesarias, algunas en forma verbal, para poder llevar a cabo el proceso de participación», como instar a la instalación de los programas en los ordenadores que se repartieron dos días antes de la votación, la cesión de los centros docentes que acogieran las urnas, tener a personal técnico de guardia el 9-N o ubicar un centro internacional de prensa para dar publicidad a los resultados. En este sentido, remarca que Mas «consintió y no paralizó» contratos privados que «comprometían recursos públicos de la administración catalana». El TSJC también recuerda que el ex consejero Francesc Homs, elegido diputado al Congreso por CDC el pasado domingo, también está siendo investigado en este proceso en una pieza separada que abrió el Tribunal Supremo.
Los abogados defensores de Mas, Rigau y Ortega –Javier Melero, Jordi Pina y Rafael Entrena– anunciaron ayer que presentarán un recurso contra el auto del TSJC ya que consideran que en ningún momento desobedecieron la suspensión del Constitucional. En este sentido, la portavoz de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), Marta Pascal, afirmó que los imputados pedirán la nulidad de un «juicio político» que consideran que persigue «criminalizar» desde las «altas instancias del Estado» al independentismo.
Por eso, CDC anunció que presentará una querella al Tribunal Supremo contra el ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, ya que considera que cometió varios delitos, como calumnias, revelación de secretos o atentado a la autoridad en la figura del entonces presidente Mas, como indicarían sus conversaciones grabadas con el director de la Oficina Antifraude de Cataluña Daniel de Alfonso. Pascal también lamentó que «querer sentar en el banquillo» a los «que piensan de forma diferente» denota una «calidad democrática absolutamente negativa» del Estado. De esta forma, el partido nacionalista vinculó el proceso judicial por el 9-N con las filtraciones de la conversación entre el ministro y el responsable de Antifraude para justificar el juicio al ex presidente.
La consejera de la Presidencia, Neus Munté, manifestó que siente «vergüenza» por el cierre de la investigación que deja a Mas, Ortega y Rigau a un paso del banquillo de los acusados y aseguró que «todos los demócratas deberían ruborizarse». Munté detalló que se trata de «un juicio político desde el primer minuto», acompañado de «movimientos tácticos» para intentar liquidar el proceso soberanista y recordó que el Govern ha exigido el archivo de estas diligencias, al considerar que «se intentó desde las cloacas del Estado que no se pudiesen poner las urnas ese 9-N, pero se pusieron y fue todo un éxito».
EL MUNDO – 29/06/16