Como sabe, en julio del pasado año, cuando aún no había acabado la primera ola de la pandemia se creó un fondo -le imagino a usted desarbolado con este lío de los fondos por doquier-, llamado ‘de apoyo a la solvencia de Empresas Estratégicas’ y dotado con 10.000 millones de euros. Como su nombre indica fue diseñado para apoyar a grandes empresas que hubieran visto su actividad y su equilibrio financiero severamente dañados por culpa del parón de la actividad que impuso la propagación del virus.

¿Por qué es un escándalo la ayuda a esa compañía aérea? En primer lugar, porque es necesario tener la agudeza visual de un explorador sioux para identificar el carácter estratégico de una empresa que dispone de un solo avión -tuvo tres más alquilados-, y que en 2019 realizó 823 vuelos sobre un total de 2,36 millones de operaciones controladas por Aena, lo cual supone el 0,03% del total, y en los dos primeros meses del año ha realizado un solo vuelo… A Caracas, claro. No hay una definición cerrada y comúnmente aceptada de lo que debamos entender por ‘empresa estratégica’, pero estos datos no le permiten incluirse en ninguna de las acepciones posibles. ¿Puede ser estratégica una empresa que sólo ha realizado un vuelo en dos meses? ¿Se hubieran hundido los cielos si no lo hubiera efectuado?

En segundo lugar, porque la normativa obliga a que las empresas elegidas fueran viables en 2019 para garantizar que no se cuelan ejemplares ‘zombies’ y que los deterioros en sus cuentas hayan sido causadas por la epidemia para no violentar las normas de la competencia. Vale, pues hay que tener la manga tan ancha como la del hábito de los monjes cistercienses para calificar de viable a una empresa que no ganó dinero en ninguno de los ejercicios contables transcurridos desde su creación en 2011, que acumula pérdidas de 10,64 millones, a la que le fue denegado por la banca un crédito ICO y que tenía un fondo de maniobra negativo por valor de 5,74 millones cuando le fue concedida esta generosa ayuda.

Todos estos datos causan escándalo que se agrava al conocer la identidad de los propietarios del 47% de su capital social, relacionados con el chavismo venezolano. La parte española pertenece a dos empresarios que quebraron Air Madrid. Por ahora, aquí hay más sospechas que datos probados, pero ¿quién tiene poder en éste país para forzar al Gobierno a dar semejante cantidad de dinero a semejante empresa? Exacto, sólo ‘ése’.

La ministra portavoz defendió en el Congreso la decisión adoptada de la manera como acostumbra. Es decir, envolviendo los hechos en una alborotada avalancha de palabras entre las cuales es imposible encontrar las razones de fondo. Pero tendrá que esforzarse mucho más si pretende despejar la espesa niebla que la rodea.

Lo malo es que el escándalo va más lejos y tiene ramificaciones peligrosas. Se supone que vamos a recibir más de 140.000 millones de euros de las instituciones europeas y sabemos que hay países que recelan de la cantidad y de su destino final. ¿Recelarán ahora también de la objetividad de su distribución? De momento, el eurodiputado Luis Garicano ha pedido a la Comisión que investigue el caso por si viola las normas de la competencia y Ryanair llevará el caso al Tribunal de Luxemburgo. El primero será acusado de antipatriota, pero ¿es patriota dar semejante montaña de dinero a una calamidad de compañía como ésta perfectamente prescindible? ¿Quién ha notado que su único avión lleva un mes aparcado? Vamos anda.