EL MUNDO – 27/03/16
· El Govern pagó un extra en una póliza para 1.317 personas equiparadas con funcionarios.
· La implicación de la Generalitat en el proceso participativo del 9 de noviembre de 2014 pese a la suspensión que hizo el Tribunal Constitucional, que demostraría un presunto delito de desobediencia, cada vez está más clara para la Fiscalía Superior de Cataluña.
En un escrito presentado ante Joan Manel Abril, el magistrado instructor del procedimiento en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), los fiscales Francisco Bañeres y Emilio Sánchez Ulled enumeraron las actuaciones realizadas por el Ejecutivo catalán respecto a las votaciones que presuntamente podrían ser susceptibles de los delitos de desobediencia, prevaricación o malversación de fondos públicos.
El Ministerio Público detalla en su informe, en el que se oponía al archivo de la causa contra el ex presidente de la Generalitat Artur Mas, la ex consejera y actual diputada Irene Rigau y la ex vicepresidenta Joana Ortega, que el 27 de octubre de 2014 el Departament de Governació solicitó a la compañía aseguradora AXA «un suplemento de la póliza de seguro de accidentes que el Departament d’Economia i Coneixement tiene contratada para el personal de la Generalitat de Cataluña».
La petición de la Administración catalana pretendía asegurar a los voluntarios del proceso participativo, en concreto a «1.317 personas voluntarias que trabajarán 9 y 10 de noviembre», distinguidos de los más de 25.000 colaboradores del 9-N. La Fiscalía recuerda en su escrito que el número de voluntarios que trabajarían dos días «se corresponde con el número de puntos de votación habilitados» para el 9-N, 1.317 puntos, con 6.695 mesas instaladas. Además, en la póliza se habla de «personal voluntario al que se le asignan funciones dentro del proceso participativo». Por eso, el Ministerio Público considera que se trata de voluntarios «especiales con funciones de coordinación o mayor responsabilidad» y los compara con «los otros 25.980 voluntarios», de quienes «fácilmente se adivina que se trata de los componentes ordinarios de las mesas».
El informe de los fiscales también especifica que el suplemento solicitado por la Generalitat para incluir a los voluntarios dentro del mismo seguro de accidentes del que se beneficia el personal de la administración pública, fue expedido el 4 de noviembre por un importe de 1.409 euros. Ese mismo día, el Tribunal Constitucional emitió una orden de suspensión del proceso participativo, por lo que se instaba al Govern a no seguir con los preparativos de la consulta. Precisamente, las acusaciones consideran que los cimientos del presunto delito de desobediencia de los tres entonces cargos de la Generalitat imputados, más el ex conseller de Presidència, Francesc Homs, por el que se ha pedido su investigación al Tribunal Supremo por ser aforado, son por decisiones que se tomaron tras esta fecha.
Los fiscales creen que existen «sólidos indicios delictivos» en la actuación de Artur Mas, Irene Rigau y Joana Ortega respecto al proceso participativo, aunque los imputados declararon ante el TSJC que tras la providencia de suspensión del Constitucional, todo el proceso quedó en manos de los voluntarios. Pese a esto, el informe del Ministerio Público detalla que «la utilización de los medios públicos, lejos de ser interrumpida, continuó, si bien se mantuvo convenientemente en segundo plano, de forma que, de cara al exterior y en el propio día de la votación, la apariencia fuera efectivamente la de un proceso exclusivamente gestionado por ciudadanos voluntarios».
Además, reiteran que «los trabajos organizativos, logísticos y de apoyo a la preparación y desarrollo de la consulta» fueron encomendados a contratistas privados, por lo que la Fiscalía lamentaba el «clima de opacidad escasamente compatible con el ejercicio responsable de las potestades públicas» que hizo la Administración catalana.
El escrito también alerta de que sin usar medios públicos «la votación no habría podido tener lugar» y que una vez conocida la suspensión ordenada por el Constitucional del proceso de participación, los investigados, «con plena consciencia y voluntad de hacerlo, no ordenaron desistir de los encargos contractuales en curso, cuando podían y debían haberlo hecho, pagando por el trabajo hasta entonces efectuado».
EL MUNDO – 27/03/16