EL MUNDO 02/10/14
· En su recurso al TC advierte de los «perjuicios irreversibles y no reparables» que tendrá la prohibición del 9-N
· El Parlament desobedece y nombra una junta electoral con la oposición del PP, los socialistas y Ciudadanos
· El ‘president’ se aleja de ERC tras fracasar su reunión con Junqueras, que le exigió seguir adelante con la consulta
El Govern de Artur Mas advirtió ayer al Tribunal Constitucional de que no permitir que los ciudadanos puedan expresar su opinión aumenta «el desprecio público por la democracia parlamentaria, el extremismo político e incluso la violencia».
El Ejecutivo catalán y el Parlament presentaron ayer varios recursos contra la decisión del Alto Tribunal de suspender la convocatoria de la consulta del 9 de noviembre. Una decisión que, en cualquier caso, ayer no modificó los planes del Govern y los partidos que lo apoyan, ya que el Parlament aprobó –sin la participación de PP, PSC y C’s– la composición de la comisión que debe velar por las garantías del proceso de consulta.
En sus recursos contra la suspensión cautelar de la Ley de Consultas y del decreto de convocatoria del 9-N, el Govern destaca los «perjuicios» con «carácter irreversible y no reparable por el propio transcurso del tiempo» que supone la decisión judicial. Por eso, enumera las diversas movilizaciones de apoyo ciudadano que ha tenido la consulta en Cataluña en los últimos años y recuerda que existe un amplio apoyo a este tipo de votaciones en las instituciones internacionales. El recurso indica que, «si se cierran los cauces legales para institucionalizar la expresión de la opinión política, tal y como demandan tantos ciudadanos en Cataluña, es difícil prever las consecuencias».
El Govern cita una resolución del Consejo de Europa de 2003 que señala que «cuando se plantean importantes retos para la gobernabilidad, los parlamentos no los resuelven y la población tiene la sensación de ser privada de su derecho a participar en la toma de decisiones políticas, estas diferencias tienden a alimentar el desprecio público por la democracia parlamentaria, el extremismo político e incluso la violencia».
Además, destacan que el resultado de la consulta no es vinculante y que «sólo añade un deber para los poderes públicos» que la hayan convocado. Por eso, no es «en modo alguno asimilable a la votación electoral ni a la votación en referéndums». El Govern también insta a cambiar la Constitución, ya que «35 años después» de su aprobación «sus preceptos ya no pueden ser leídos e interpretados del mismo modo al del momento original de su entrada en vigor».
Incluso, el Govern destaca la «ominosa falta de esos instrumentos de consulta» y pide que «se atienda al clamor masivo» de los catalanes. Por su parte, el Parlament cree que la suspensión cierra «un cauce legal de expresión del derecho a decidir de los ciudadanos», con «los graves riesgos que esto puede causar a las expectativas sociales en Cataluña».
Mientras recorría la vía judicial con los recursos, el Govern también seguía la vía política, defendiendo su voluntad de continuar con el desafío soberanista sin pisar las líneas rojas impuestas por el Tribunal Constitucional. Durante la sesión de control celebrada en el Parlament, Mas aseguró no contemplar el desacato al Alto Tribunal. «No siempre la desobediencia ha llevado a la victoria», dijo el presidente de la Generalitat para aplacar a la CUP, la única de las fuerzas impulsoras de la consulta que ayer puso en un verdadero aprieto al jefe del Ejecutivo catalán. El diputado Quim Arrufat instó a Mas a «elegir entre obedecer al pueblo o al Gobierno del PP», dado que conocía de antemano que esta disyuntiva se acabaría presentando. Sin embargo, Mas descartó, por el momento, avalar un escenario de insurrección. Sostuvo el presidente que «lo que ahora toca es presionar al Tribunal Constitucional correctamente» y esperar su respuesta para abordar las «decisiones definitivas».
Mas fue más agresivo para defenderse del PP, que le acusó de haber empezado a retirarse quitando la campaña institucional del 9-N. «No rectificaré en la voluntad de que el pueblo catalán vote su futuro», prometió el president, vinculando su determinación a que la movilización social continúe presente en las calles. «No lo podrán impedir», abundó en respuesta a la líder del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho.
El jefe de filas de ERC, Oriol Junqueras, optó por el guante blanco y evitó exigir a Mas que abrace la desobediencia. Los republicanos reservaron ese papel para su número dos, Marta Rovira, que reclamó al Govern que prosiga los trámites previstos para celebrar la consulta. Rovira llegó a ofrecer a funcionarios afines a su partido para avanzar en la logística del referéndum.
El president se reunió por la tarde con los líderes de los partidos que apoyan la consulta y juntos convocaron un encuentro para mañana. No obstante, fuentes cercanas a la reunión entre Mas y Junqueras aseguraron que los dos dirigentes mantuvieron posturas encontradas y que el resultado de la entrevista fue muy negativo y evidenció un divorcio en las posturas que, a partir de ahora, defenderán CiU y ERC, informa Salvador Sostres.
Junqueras exigió al president que continúe adelante con la organización de la consulta pese a la suspensión del TC, argumentando que ha llegado la hora de consumar el desafío al Estado. Mas, sin embargo, rechazó desobedecer al Alto Tribunal e insistió en la necesidad de que Convergència y Esquerra acudan unidas a unas elecciones plebiscitarias, extremo que fue a su vez rechazado por el líder republicano.