Mas castiga a Coca-Cola tras fijar en Madrid su envasadora

La iniciativa fiscal coincide con la polémica generada en Cataluña por la decisión de Cobega, la embotelladora catalana -líder distribuidor en España de la multinacional estadounidense-, de aceptar el pasado 26 de noviembre la fusión con sus homólogos de otras comunidades, fijando la sede social y fiscal en la capital del Estado. Cobega cuenta con un 40% de la nueva sociedad y es el principal accionista.

CiU ha aceptado este impuesto, propuesto por Esquerra, pese a que Cobega está presidida por Sol Daurella, de la familia catalana de amplia raigambre del mismo nombre, casada además con Carles Vilarrubí, ex alto cargo en los gobiernos de CiU de Jordi Pujol y actual vicepresidente del FC Barcelona.

El objetivo es gravar con 0,075 euros el litro y con 0,025 euros la lata de bebida refrescante con azúcar, para lograr una recaudación anual superior a los 20 millones de euros.

CiU y ERC no lo presentan como un castigo político, sino que lo justifican por interés sanitario, para luchar contra la obesidad, y subrayan que ya se ha implantado en Francia y otros países europeos.

El director general de la Asociación de Bebidas Refrescantes, Josep Puxeu, considera que se trata de una «medida recaudatoria» y que «no existen productos buenos o malos, sino dietas equilibradas».

Así, opina que el impuesto sería ineficaz para combatir la obesidad y, al contrario, daña a un sector económico de forma discrecional, puesto que no afecta a alimentos con exceso de azúcar, sino sólo a bebidas.

Puxeu sostiene que en Dinamarca se implantó el impuesto y se retiró en meses, por su ineficacia. En declaraciones a este diario, el representante de la asociación señaló que «la medida es bolivariana» y confirmó que ha dirigido cartas al secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferré, y al subsecretario de Agricultura, Jaime Haddad, para «pedir amparo» y que promuevan un recurso de inconstitucionalidad. «Es claramente inconstitucional al ser tan discrecional», señala Puxeu.

Fuentes de Coca-Cola se remiten a la asociación de bebidas que integra a sus distribuidores, y señalan que la decisión de fijar la sede en Madrid responde al deseo consensuado de los embotelladores de la península. No sólo los Daurella; sino también, entre otros, la familia valenciana Gómez Trénor, propietaria de Colebega, que contará con un tercio del capital; y otras empresas del resto de España. La multinacional promueve en varios países que sus distribuidores se unifiquen.

El presidente de Coca-Cola España, Marcos de Quinto, no ha comentado en su Twitter el nuevo impuesto, pero sí publicó el pasado viernes que «Esquerra manda sin asumir desgaste de gobierno y forzando a CiU a defraudar a su base social y a perder su influencia en lo nacional».

Según una carta de Cobega a sus 1.200 empleados, la fusión en un holding con otros embotelladores no implica que la empresa catalana pierda su sede social y traslade sus plantas embotelladoras en Cataluña.

También señalan que el efecto de ahorro fiscal es de apenas el 1%, dado que el Impuesto de Sociedades no está cedido a las comunidades autónomas de régimen común, por lo que Cataluña no puede alterarlo.

EL MUNDO 23/12/12