EL MUNDO 29/09/14
· El Govern podrá buscar espacios alternativos para votar si un ayuntamiento no colabora
El Govern quiso hacer ayer una nueva demostración de que tiene toda la maquinaria engrasada para poder celebrar una consulta independentista en el corto plazo de un mes. La vicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega, informó de que se ha convocado a participar a 5,4 millones de ciudadanos empadronados, todos mayores de 16 años, y a aquellos extranjeros residentes en Cataluña que lo soliciten. En concreto, se les ha dado un plazo de una semana para que pidan primero un volante de empadronamiento en su ayuntamiento y luego deben acercarse a las comisiones de seguimiento de la consulta para pedir inscribirse en el registro de participantes. A los comunitarios se les pide como requisito un año de empadronamiento, mientras que a los nacionales de otros países tres años. Además, 2.547 catalanes residentes en el extranjero y que están inscritos en el registro de la Generalitat también podrán participar en los espacios que habilitará el Govern en 14 ciudades como Berlín, París, Londres, Milán, Sídney, Montreal, Nueva York o Buenos Aires.
Se ubicarán 8.130 mesas de consulta en 2.718 locales y se pondrán 10.800 urnas para poder votar. Casi siete millones de papeletas estarán en catalán y en castellano y otras 9.000 incorporarán el aranés. Los ayuntamientos tienen 10 días para confirmar estos espacios de votación que, según Ortega, coinciden con los de las últimas elecciones.
En caso de que un municipio se niegue a participar, como ya anunció el alcalde de Badalona Xavier García Albiol (PP), Ortega explicó que se buscará un espacio alternativo, que puede ser un local de la Generalitat o de alguna diputación. También se sortearán los miembros de las mesas que compondrán los puntos de votación, y aunque Ortega indicó que pueden renunciar a participar –su ausencia no comportará un delito penal, como pasa en unas elecciones–, la vicepresidenta apeló al «compromiso ciudadano» para acudir. En concreto, habrá 24.390 miembros de las mesas y los 48.780 suplentes.
Ortega defendió la legalidad de la consulta ya que está amparada en una ley aprobada en el Parlament con «amplia mayoría», por lo que no entró a valorar «actitudes preventivas» sobre si alguno de los funcionarios que participen cometería algún tipo de delito en caso de que el Tribunal Constitucional la suspendiera.