EL MUNDO – 29/06/16 – EDITORIAL
· El 9 de noviembre de 2014, Cataluña celebró un simulacro de referéndum independentista que a Artur Mas le sirvió para atizar el fuego del choque institucional con el Gobierno. Un año y ocho meses después, el juez del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) Joan Manel Abril dejó ayer a un paso del banquillo al ex presidente catalán y a las ex consejeras Joana Ortega e Irene Rigau, ante los indicios de que cometieron desobediencia y prevaricación al permitir la consulta.
El magistrado, en un auto redactado en tono condescendiente, señala que Mas y sus colaboradores desobedecieron la orden del Tribunal Constitucional que suspendía la votación del 9-N. Además, cuestiona el argumento de que, a partir de ese momento, el proceso quedó exclusivamente en manos de los voluntarios. El juez sostiene que, de forma «intencional y consciente», tanto Mas como sus consellers –incluido Francesc Homs, actualmente aforado por ser diputado en el Congreso– se negaron «abiertamente» a cumplir el mandato del Constitucional. El TSJC subraya que los investigados pudieron incurrir en un delito de prevaricación administrativa por omisión, al no haber dictado las órdenes que hubieran impedido la celebración de la consulta. El juez, por tanto, cierra el sumario de la causa del 9-N dejando claro que el todavía líder de Convergència consintió y no paralizó una votación convertida por el independentismo catalán en una farsa de participación democrática.
Que Mas sea juzgado por quebrantar la ley constituye un saludable ejercicio de depuración de responsabilidades. Lo que resulta chocante es la decisión del juez de librar al ex president de la acusación formulada por el fiscal de malversación de caudales públicos. Porque, si tal como admite el magistrado en su auto, tanto Mas como Ortega y Rigau «adoptaron aquellas resoluciones decisorias y necesarias» para llevar a cabo la consulta, parece imposible que la Generalitat no dispusiera de fondos públicos para la adquisición del material necesario para llevar a cabo el acto, incluyendo los ordenadores, la propaganda, las urnas y las papeletas. Acusado de malversación, Mas se enfrentaba a una pena de prisión de entre dos y seis años, según el artículo 432 del Código Penal. En cambio, la decisión del juez de reducir los delitos a los de desobediencia y prevaricación permitirá a Mas afrontar sólo una eventual condena de inhabilitación para cargos públicos.
En todo caso, el pronunciamiento del Tribunal de Cataluña tiene la virtud de acreditar que el Gobierno presidido por Mas violó de forma flagrante la legalidad al permitir la pseudoconsulta soberanista. A Mas, por tanto, no le van a juzgar por «poner las urnas en la calle», tal como ayer deslizaron desde el Govern, sino por cometer un delito gravísimo en un responsable político.
Nadie puede situarse por encima de la ley, y mucho menos si se trata de un dirigente de primer nivel. Las formaciones independentistas enmascararon como un proceso de participación ciudadana una votación que, a la postre, devino en un remedo torticero de un referéndum de autodeterminación. Mas recibió personalmente la orden por la que el TC suspendía el 9-N. Fue él, por tanto, quien decidió dar cobertura a una consulta a todas luces incompatible con la Constitución.
Como era previsible, las formaciones soberanistas reaccionaron ayer a la defensiva ante el auto del juez Abril, parapetándose en el victimismo y la grandilocuencia verbal. Un grupo de diputados de Junts pel Sí se mostraron «indignados por pertenecer a un Estado que cree que poner urnas es un delito», mientras la CUP se declaró «inductora y cómplice necesaria» del 9-N. La consellera de Presidencia de la Generalitat, Neus Monté, dijo sentir «vergüenza» y calificó de «político» el juicio a Mas.
El nacionalismo catalán puede seguir anclado si lo desea en la retórica de la voluntad popular y la irresponsabilidad de abrazar la quimera independentista saltándose todos los semáforos. En todo caso, sepan los partidos y dirigentes políticos que así actúan que hacen un flaco favor a la sociedad catalana. Primero porque socavan un principio básico de cualquier sistema democrático, como es respetar las normas. Y, segundo, porque abonan el terreno para instalar en la calle la idea de que cualquier consulta es aceptable aunque rebase la legalidad vigente. Si Artur Mas se sienta en el banquillo será por su comportamiento delictivo, justo lo contrario de lo que pregona para tapar su fracaso y su delirio de convertirse en mártir del independentismo.
EL MUNDO – 29/06/16 – EDITORIAL