De esta forma, el Tribunal ha aceptado la petición de la Fiscalía, que instó a juzgar a los tres procesados por estos dos delitos y ha rechazado la propuesta de la acusación popular –ejercida por el Sindicato Profesional de la Policía y la Unión Federal de Policía en representación de un particular, y entidades como Manos Limpias o Arca Ibérica–, que los acusaba también de un delito de malversación de fondos públicos. Por este delito, la acusación pedía seis años de cárcel para Mas, Ortega y Rigau, además de inhabilitación y multa por la prevaricación y la desobediencia. Por su parte, la Fiscalía reclama para Mas sólo una pena de 10 años de inhabilitación para ejercer cargo público y nueve años para las otras dos procesadas.
El TSJC recuerda que se juzgará a los procesados por las decisiones que tomaron a partir del 4 de noviembre de 2014, cuando el Tribunal Constitucional (TC) suspendió el llamado proceso participativo convocado para el 9-N después de que los mismos magistrados no permitiesen la consulta soberanista prevista para el mismo día. El auto indica que todos los contratos de los servicios que la Generalitat encargó a empresas privadas para poder realizar las votaciones, y que ascendían a unos 4,7 millones de euros, se hicieron «con anterioridad a la suspensión» del TC, aunque la mayoría de las facturas se abonaron posteriormente.
En este sentido, el TSJC considera que mantener estos pagos pese a la suspensión no constituye delito de malversación, ya que «habían sido concertados los contratos y eran exigibles con concierto vigente». Además, detalla que para acusar por un delito de malversación «es necesario una sustracción o consentir que otro sustraiga» o también una apropiación con ánimo de lucrarse, y en este caso no se conocía la decisión del Tribunal de no permitir las votaciones. Por eso archiva este delito, que es el que está castigado con penas de prisión. La acusación popular anunció que presentará un recurso.
Respecto a los delitos de desobediencia y prevaricación, el TSJC sí considera que Mas, «amparado simplemente en su voluntad, que convirtió irrazonablemente en aparente fuente de normatividad, actuando con plena conciencia y voluntad, se abstuvo de suspender oficialmente la convocatoria que él mismo había efectuado, incumpliendo la obligación que como convocante le atañía a raíz del mandato del Tribunal Constitucional». Además, el magistrado afirma que presuntamente el ex president «se concertó con el resto de acusados» y con el entonces consejero de la Presidencia, Francesc Homs –que está siendo investigado por el Tribunal Supremo por los mismos delitos al ser diputado en el Congreso–, para articular «una estrategia de desafío completo y efectivo a la suspensión acordada por el Constitucional» y seguir con los preparativos de las votaciones.
El auto detalla que los procesados continuaron usando «instrumentos y procedimientos públicos» para el 9-N, pese a que tras la suspensión «se mantuvo convenientemente en segundo plano, de forma que de cara al exterior la apariencia fuera de un proceso exclusivamente gestionado por ciudadanos voluntarios». Por eso remarca el Tribunal que para un «observador externo» resultaba difícil constatar la «intensa utilización de medios públicos» durante la preparación y desarrollo de la votación, ya que «los principales trabajos organizativos, logísticos y de apoyo fueron principalmente encomendados a contratistas privados».
El magistrado abre juicio contra Mas después de constatar que «declaró públicamente y en diversas ocasiones ser el máximo responsable de la iniciativa política y de haber impulsado el proceso participativo del 9-N». De «forma intencionada y sin otro amparo que su mera voluntad, desatendió el mandato del Tribunal e incumplió la obligación, que como convocante le atañía, de dejar sin efecto el acto de convocatoria», dice. Recuerda además que fue el ex president quien informó a las otras procesadas de la suspensión y éstas siguieron con los preparativos.
Las defensas de los tres procesados tienen un plazo de 10 días para presentar sus escritos, en los que insistirán en que no hubo desobediencia en la convocatoria del 9-N, ya que todo el proceso lo organizaron voluntarios, y que se trata de una «causa política». El juicio contra Mas, Ortega y Rigau podría celebrarse a principios del próximo año.
MARGALLO URGE A RESPETAR LA LEY TRAS COINCIDIR CON FORCADELL
El ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, advirtió ayer de que no es posible celebrar un referéndum vinculante en Cataluña si no se cambia la Constitución y pidió no buscar «atajos» que no son posibles. Tras coincidir con la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, en el Salón Náutico de Barcelona, Margallo subrayó que, «si no se respeta la ley, caemos en la anarquía». «Si no gusta la ley se cambia, pero mientras haya una norma hay que acatarla», recalcó el ministro.