Mas empuja a España hacia la mayor crisis institucional de la Democracia

Votan los catalanes y toda España está pendiente de sus urnas. Nadie duda de la victoria de Convergència i Unió (CiU), envuelta en una sobrevenida bandera independentista, pero pocos apuestan con convicción por un triunfo excepcional con una mayoría absoluta abrumadora, prestada o no, como la que reclama Artur Mas, el hombre que se presenta como el referente histórico llamado a construir la libertad pasando «por encima del Consejo de Ministros», de la Constitución y del propio Estado.

En el resto de España, los ciudadanos se asoman con asombro a la que puede ser la crisis institucional más grave de la Democracia. Sumidos en la recesión, oprimidos por recortes e impuestos, luchando por superar esta etapa negra, los discursos mesiánicos les quedan muy lejos.

En el Gobierno la sensación es similar. La preocupación es grande porque a la delicada situación financiera puede superponerse ahora una larga etapa de inestabilidad y confrontación política. En Moncloa sólo acarician dos esperanzas: la sensatez de los catalanes y que el actual president no alcance la mayoría arrolladora a la que aspira para este nuevo mandato.

La primera es casi una convicción porque no faltan argumentos: un Cataluña independiente saldría de inmediato de la Unión Europea (UE) y de las grandes organizaciones internacionales a las que pertenece en su condición de parte indisoluble del Estado español; su economía sufriría un golpe letal y su deuda le resultaría inasumible.

Artur Mas no ha podido, en el curso de su campaña, contradecir estos razonamientos. Ha preferido enhebrar un discurso inflamado de tintes patrióticos que, afirman en el Gobierno, «no podrá mantener frente a la realidad». «¿Cómo se enfrentará Artur Mas al día a día; seguirá pidiendo dinero al Estado que quiere abandonar?», se preguntan en el palacio de La Moncloa.

La segunda esperanza se desvelará hoy. Las últimas encuestas, todas, sitúan a Convergència i Unió (CiU) lejos de los 68 escaños de la mayoría absoluta. Se le otorga menor porcentaje de votos, aunque el mismo número de puestos en el Parlamento catalán, en torno a 62, que logró en 2010.

La encuesta de Sigma Dos para EL MUNDO de hace siete días pronosticó que todo seguirá casi igual en el nuevo Parlament. CiU mantendría su representación, pero quedándose lejos de la mayoría absoluta que perseguía Mas con su adelanto electoral y su llamada al voto útil independentista. Los nacionalistas, incluso, podrían perder dos escaños y su porcentaje de voto podría ser menor que el conseguido en 2010.

De confirmarse este resultado, Mas se vería obligado a pactar. Las cartas parecen marcadas de antemano. El socio preferente, según todas las apuestas, serán los republicanos de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).

Esta comunidad autónoma se adentraría así en una legislatura perversa en la que se darían la mano dos formaciones opuestas -la derecha con vetas cristianas de CiU y la izquierda radical republicana e independentista con unas gotas de antisistema- y a las que hermana en estos momentos sólo la aspiración independentista.

El problema es que «no sólo de soberanismo vive el hombre», como explica gráficamente un secretario de Estado del ámbito económico que, a continuación, pone sobre la mesa la inminencia con la que el nuevo Gobierno de la Generalitat de Cataluña tendrá que diseñar unos Presupuestos extraordinariamente restrictivos con los que ERC difícilmente transigirá.

Y es que Cataluña, hoy, apenas puede afrontar el pago de sus propios servicios públicos y de sus nóminas. De hecho, ha pedido al Estado, a través del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), 5.370 millones de euros para cubrirlos, y su capacidad para emitir deuda, considerada basura en los mercados internacionales, es nula. Así, el panorama para una Cataluña embarcada en un proceso independentista a cuatro años es más que incierto.

Mariano Rajoy sigue dispuesto a dialogar, pero con líneas rojas claras, las que marca la Constitución. No se ha movido ni un milímetro de esta posición.

La oferta del presidente es clara: revisión y mejora de la financiación autonómica, sí; procesos y referendos rupturistas contrarios a la Carta Magna, no.

«El presidente siempre está abierto al diálogo y a la estrecha colaboración con todas las comunidades autónomas», confirma la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría.

Hoy, además, en paralelo al resultado principal que arrojen las urnas para CiU, la atención se concentra en saber quién logrará el segundo puesto en el Parlamento catalán.

En esta ocasión, la debacle que todas las encuestas vaticinan al Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) -le han llegado a pronosticar una caída de hasta 10 escaños-, sumido en un confuso debate federalista, hace concebir esperanzas al Partido Popular (PP) -según los últimos sondeos, podría llegar a 20 escaños- y a ERC -se le pronostica entre 14 y 18 puestos- en la Cámara autonómica, para ser ellos los grandes beneficiados.

Los populares, de situarse como segunda fuerza, habrían cosechado una gran victoria, aunque probablemente no sea tanto por méritos propios sino por el derrumbe de los socialistas.

Si lo logra ERC, el discurso de la independencia, en sus términos más radicales, adquirirá nuevas alas.

Los republicanos catalanes discrepan de Artur Mas en un punto: ellos quieren una decisión inmediata, un golpe de fuerza que conduzca a la soberanía rápido. A más tardar, en 2014.

Todo indica, por tanto, que si Mas pacta con ellos se verá sometido a una continua presión para que acelere sus propuestas de ruptura con España.

EL MUNDO 25/11/12