Cada aumento de gasto que fue anunciando el líder socialista en su presentación del «programa común progresista» era interrumpido con aplausos. «Ingreso mínimo vital» (aplausos), «educación gratuita de cero a tres años» (aplausos) o «eliminación progresiva de los copagos» (aplausos) son algunos ejemplos en los que los asistentes, en su mayoría afines, interrumpieron el discurso de Pedro Sánchez. Todas medidas muy atractivas, pero de imposible financiación sin un saneamiento del alto déficit y deuda que mantiene España que se complica además con la pérdida de fuelle de la economía nacional. Por supuesto, las 76 páginas del documento no incluyen una mínima memoria económica que calibre su viabilidad financiera.
Sánchez, sudoroso por la falta de aire acondicionado en el acto en la Estación de Chamartín, admitió de pasado que hay «riesgo de enfriamiento de la economía», como si no fuera ya una certeza evidente para los 212.984 que han dejado de estar afiliados a la Seguridad Social en agosto en el peor dato desde el inicio de esta larga crisis.
La desaceleración de la economía española es un hecho, pero Sánchez apenas ha modificado su programa y, de hecho, su receta es muy similar a la que defendió hace un año cuando llegó a Moncloa: más impuestos para más gasto público y resistencia a seguir las recomendaciones de Bruselas o el FMI sobre mayor flexibilidad en el mercado laboral. Incluso planteó «prohibir» la venta de vehículos de combustión a partir de 2040, incluso los usados, y luego rectificó este polémico punto suavizándolo por la tarde en elocuente ejemplo de la seriedad del documento que con tanta solemnidad presentó ayer.
Pese a los pasos en sentido inverso que está dando el Gobierno socialista portugués o que dio incluso el griego de Alexis Tsipras antes de perder el poder, Sánchez insiste en que hay que incrementar lo que llama «el esfuerzo fiscal» y equipararlo a la media europea de forma progresiva, lo que supondría a largo plazo una subida de más de 90.000 millones. Asegura que la reforma fiscal que implantará comporta el «compromiso de no subir impuestos a las clases medias y trabajadoras» ni a las pequeñas y medianas empresas, pero hay riesgo cierto de que «la nueva fiscalidad medioambiental» –que enmascara la subida del diésel– o la llamada tasa Google que mantiene en su nuevo programa termine repercutiendo en todos los consumidores.
El socialista no insiste en el impuesto a la banca, pese a que es un documento teóricamente orientado a contentar a Podemos, ni osa plantear una renta básica universal de la envergadura que defiende Pablo Iglesias, pero garantiza la actualización de las pensiones con el IPC y la supresión del llamado factor de sostenibilidad sin explicar cómo hacer viable el sistema a largo plazo. La palabra «ahorro» no figura en el documento aunque sí una vaga alusión a evaluar la eficacia del gasto público. En dirección contraria, el presidente ha propuesto, para tranquilizar al líder de Podemos que «una oficina dependiente del Ministerio de Hacienda» vele por el cumplimiento de un eventual acuerdo entre los dos partidos en un insólito uso de la Administración del Estado.
En cuanto al mercado laboral, Sánchez no se atreve a derogar la reforma laboral de 2012 y, aunque incluye entre los aspectos a revisar las causas del despido, renuncia a acabar con la primacía del convenio de empresa sobre el sectorial que siempre consideró como uno de los capítulos «más lesivos» de la legislación de Mariano Rajoy. El Círculo de Empresarios, presidido por John de Zulueta, criticó de inmediato en duro comunicado que la propuesta en general del PSOE «no tiene en cuenta ni la situación de la economía española, ni la coyuntura internacional».
Había expectación por si Sánchez modificaría su programa de vivienda para atraer a Podemos que salda así: «Profundizaremos en las medidas ya adoptadas para frenar las subidas abusivas del alquiler, estudiando nuevas opciones».
En general, el líder socialista ha presentado una continuación de sus llamados viernes electorales previos a las elecciones como si no hubiera cambiado aún el entorno económico interno y externo. Es evidente que el crecimiento de una economía debe ser inclusivo y fomentar la equidad para que sea duradero y sostenible, pero no se puede prometer lo que no se puede financiar en un plazo razonable. «Es necesario un Gobierno fuerte ante riesgos como el enfriamiento de la economía española», asegura Sánchez. Sobre todo hace falta un gobierno serio.