EL CORREO – 12/10/14
· «No nos podemos confundir: el adversario no lo tenemos en Cataluña, es el Estado español» advirtió ayer el líder de CiU.
El presidente de la Generalitat, Artur Mas, aprovechó ayer un acto de su partido, Convergència, para reclamar unidad al resto de fuerzas soberanistas y para recordarles que las responsabilidades en el proceso abierto en Cataluña son compartidas. A las puertas de una semana clave para el desenlace de la consulta, el dirigente nacionalista evitó garantizar de manera explícita, como ha hecho en sus intervenciones de los últimos días, que los catalanes votarán el 9N y centró su discurso en tratar de cerrar filas en el bloque proconsulta para que no se rompa, incluso aunque decida renunciar a seguir adelante con el referéndum. «Si se reparte el voto, se reparten las responsabilidades», dijo.
«Este es un momento muy delicado. Pero no nos podemos confundir. El consenso es una de nuestras fuerzas. El adversario no lo tenemos en Cataluña. Es el Estado español», afirmó Mas en Manresa, en un claro aviso a sus socios de viaje, ERC, ICV y CUP, que en los últimos días no se han ahorrado las críticas al Ejecutivo catalán por paralizar los preparativos de la consulta y buscar un sucedáneo de votación o amagar con el adelanto electoral. Ayer mismo el portavoz de Esquerra en el Congreso, Alfred Bosch, incrementó su presión sobre el president al exigirle que haga todo lo necesario para celebrar el referéndum y en sobre las dudas que los republicanos intuyen en el presidente de la Generalitat, señaló que ERC «no enterrará la consulta». Iniciativa también cargó contra el Ejecutivo catalán y deslizó que a día de hoy el referéndum no está garantizado.
A mediada que se acerca el 9 de noviembre, Mas se va quedando casi sin margen de maniobra. Le aprietan los partidos soberanistas, que le exigen que aclare ya qué planes concretos tiene si no quiere ver saltar por los aires la unidad; le presiona la suspensión del Tribunal Constitucional, que le impide avanzar en los preparativos de la votación, y le arrincona el Gobierno, que a cada paso que da le responde con un recurso judicial.
Pero sobre todo le aprieta el calendario. Cuando quedan cuatro semanas para la consulta, el proceso ha entrado en los días «decisivos», según reconocen sus protagonistas. En concreto, el consejero de la Presidencia, Francesc Homs, ha fijado el 15 de octubre como la fecha límite para decidir si la consulta se podrá celebrar o no en los términos previstos. El miércoles, por tanto, tras una nueva cumbre que podría celebrarse mañana, será una especie de ‘día D’, el de la renuncia o no, en el que Mas tendrá que decantarse por una de las tres cartas que tiene sobre el tapete: seguir hasta el final según lo previsto inicialmente, buscar un sucedáneo o preparar el terreno para un adelanto electoral en clave de plebiscito.
Inscripción a pie de urna
Sobre el papel, todas las fuerzas implicadas querrían apostar por la primera carta. Sin embargo, si no se llevan a cabo algunos preparativos quedarán en solfa las mínimas garantías democráticas que requeriría su celebración, como apuntó el politólogo Joaquim Brugué, propuesto por Iniciativa para la comisión de control del 9-N y que renunció a los días de ser elegido. Así, la Generalitat tenía que publicar el viernes las listas de participantes y no lo hizo. Como consecuencia, a día de hoy no hay censo, tampoco colegios, ni miembros de las mesas, ni interventores. Y la semana que viene el Constitucional puede dar la puntilla suspendiendo la junta electoral.
En estas circunstancias, Iniciativa y Unió ya no estarán por la labor de seguir adelante y Mas solo contará con el apoyo de Esquerra y CUP. Eso sí, el propio president ha asegurado esta semana que no conducirá al país hacia una crisis constitucional manteniendo una votación sin amparo legal. Aunque dé marcha atrás quiere mantener la unidad y que la responsabilidad no recaiga solo en CDC.
Por eso, ante la evidencia de que la celebración de la consulta es casi imposible, ha propuesto un plan B, un sucedáneo de consulta, organizada por los ayuntamientos y la sociedad civil (ANC y Ómnium Cultural) que podría tomar como base alguno de los artículos de la ley de consultas que no están suspendidos. El Gobierno catalán incluso se plantea que todo el que quiera votar se inscriba el mismo día 9-N a pie de urna como alternativa al censo inicial que está paralizado por el veto del Constitucional.
La idea de una consulta rebajada no gusta a priori a nadie, pero podría presentarse como una demostración de fuerza en las instituciones y en la calle. El Gobierno central ya ha advertido, aún así, de que también lo impugnaría.
La tercera carta, el adelanto electoral, tampoco despierta el más mínimo entusiasmo, y a Mas le sirve para presionar al resto de partidos. El que amenace con romper la unidad corre el riesgo de encontrarse con unas elecciones, que a día de hoy son muy incómodas para CiU, ERC e ICV. No tanto para CUP.
Cataluña ha entrado en terreno «desconocido», según Mas, que querría mantener la unidad hasta las plebiscitarias, al menos con ERC y plantear un proceso independentista más a largo plazo. Eso sí, los objetivos de Mas y Junqueras son distintos: Esquerra plantearía las elecciones como paso previo de una declaración unilateral de independencia, mientras que Convergència las utilizaría para forzar al Gobierno central a negociar una reforma constitucional que dé salida a las reivindicaciones catalanas.
Bajo esta presión, el frente soberanista ha celebrado ya dos cumbres, a cada cual más tensa, y si la unidad no se ha quebrado aún es porque hay mucho miedo a aparecer como el causante del descarrilamiento que, probablemente, iría acompañado de un serio castigo en las urnas.
EL CORREO – 12/10/14