GUILLERMO DUPUY, LIBERTAD DIGITAL 21/05/2013
· Naturalmente que, puestos a conceder un margen de déficit a las autonomías, este debería ser igual para todas ellas, tal y como argumenta mi admirado D. José Raga. El problema está en que el déficitque se genera en Cataluña no obedece únicamente a una mera y simple mala administración de gobernantes manirrotos, tal y como sucede en otras comunidades que no saben ajustar sus gastos a sus ingresos, sino en un delictivo empeño, público y manifiesto, de llevar a cabo un carísimo proceso de construcción nacional, todo él radicalmente ilegal y contrario a nuestra nación como sujeto de soberanía y sustento de todo nuestro edificio constitucional.
Así, y a modo de ejemplo, dedicar recursos del contribuyente al sostenimiento de televisiones públicas, tal y como sucede no sólo en Cataluña, es, sin duda, un despilfarro. Pero dedicar dinero del contribuyente a la formación de una ilícita Hacienda propia o a los preparativos de una ilegal consulta soberanista –tal y como, por ahora, sólo sucede en Cataluña– es algo cualitativamente distinto. Supone una malversación de caudales públicos destinada a sufragar los costes de un delito de usurpación de atribuciones, de prevaricación y de desobediencia, por mucho que no lo quieran ver un presidente del Gobierno y un fiscal general del Estado renuentes a cumplir y, sobre todo, a hacer cumplir la ley.
El Gobierno de la nación, que conoce perfectamente este desvío de recursos de la sanidad y la educación hacia estos ilícitos y soberanistas menesteres, no lo debería tolerar aunque la Generalidad no incurriera con ellos en déficit alguno. Sin embargo, es tal la renuencia de Mariano Rajoy a intervenir y a cumplir con sus más elementales deberes que no sólo borra el carácter delictivo que actualmente tiene el gasto público en Cataluña, sino que lo asiste financieramente para evitar a su secesionista Administración autonómica la suspensión de pagos.
Es esta renuencia de Rajoy a hacer cumplir la ley lo que le está llevando a ser cómplice, involuntario pero decisivo, de quienes se la saltan a la torera. Porque no, no todas las autonomías son iguales ni todas merecen lo mismo mientras haya alguna de ellas que dedique los recursos del contribuyente a violar nuestro ordenamiento jurídico.
GUILLERMO DUPUY, LIBERTAD DIGITAL 21/05/2013