EL MUNDO 14/03/14
· Una circular dice que se suspenden los permisos para garantizar la seguridad
La Generalitat mantiene tan fijo el rumbo hacia la consulta soberanista del 9 de noviembre que ni la inamovible negativa del Gobierno del PP a permitir la votación ni la falta de apoyos internacionales a la causa independentista frenan la hoja de ruta ni el ritmo del Gabinete de Artur Mas. Así se explica que el Govern haya incluido ya en el calendario de grandes despliegues policiales de los Mossos d’Esquadra para lo que resta de año el referéndum por la independencia, el cual aún carece de un marco legal viable pero en cuyos preparativos viene trabajando el Ejecutivo catalán desde hace tiempo. Tanto el presidente de la Generalitat como los partidos favorables a la votación –CiU, ERC, ICV-EUiA y la CUP– aspiran a convertir el día de la votación en una movilización similar o superior a las elecciones generales.
Con esa previsión trabaja la Dirección General de la Policía (DGP) de la Generalitat, la cual ya ha incluido el 9 de noviembre entre las fechas en las que los agentes de los Mossos d’Esquadra que sean movilizados por sus unidades deberán acudir obligatoriamente. Así queda recogido en una instrucción interna dictada el 11 de marzo por la Dirección General de la policía autonómica y que ya ha sido distribuida entre agentes y representantes sindicales de los Mossos. En ella se incluye el 9 de noviembre –día de la «consulta por el derecho a decidir», según el mismo documento– en un listado de fechas que incluye eventos de gran calado que se celebran en Cataluña a lo largo del año y que conllevan, por sus dimensiones e importancia, grandes movilizaciones de personas.
El documento, firmado por el director general de la Policía, Manel Prat, recuerda a los agentes que sean movilizados de que su ausencia en el despliegue de dichas jornadas sólo puede ser justificada «aportando el documento de atención médica para acreditar la ausencia al lugar de trabajo por motivos de salud». Fuentes conocedoras de la normativa interna de la policía de la Generalitat aseguran que, en caso de no contar con la respectiva justificación médica de baja laboral, a los agentes se les resta el sueldo correspondiente al día.
El referéndum aparece en el listado elaborado por el Departament d’Interior en última posición de un calendario que incluye todo tipo de eventos. Éste viene encabezado por la Diada de Sant Jordi –23 de abril– y le siguen, por orden cronológico, el Gran Premio de Fórmula 1 en Montmeló (Barcelona) –11 de mayo–; las elecciones al Parlamento Europeo –25 de mayo–; el Gran Premio de Moto GP –15 de junio–; 11 de septiembre, Diada Nacional de Cataluña y semifinal del Mundial de Baloncesto; las fiestas del barrio barcelonés de Gràcia –15 y 16 de agosto– y el Rally de Catalunya, que se celebra entre el 24 y el 26 de octubre. La consulta comparte importancia en el calendario policial con su contrario ideológico, el Día de la Hispanidad.
La movilización de los cuerpos de seguridad catalanes no fue el único indicio que ayer evidenció la intención de Mas de seguir adelante con su plan secesionista. El presidente de la Generalitat también aclaró explícitamente que el 9 de noviembre sacará las urnas a la calle para que pueda celebrarse la consulta.
Tal admisión fue propiciada por la líder del PP en Cataluña, Alicia Sánchez-Camacho, quien interpeló a Mas sobre ese extremo en la sesión de control de ayer en el Parlament. Sánchez-Camacho preguntó a Mas si «facilitará las urnas» para que los catalanes puedan votar en la fecha escogida por los cuatro partidos políticos que promueven el referéndum. «Efectivamente, convocaré la consulta, y si se trata de consultar, ¿cómo quiere usted que no pongamos las urnas? No sé cómo se hace una consulta si no se ponen las urnas», respondió el president a la popular.
La precisión de Mas viene a completar pasos anteriores del Govern en este mismo sentido, como la inclusión de una partida de cinco millones de euros en los presupuestos de 2014 para «procesos electorales y consultas». Partida que motivó la infructuosa impugnación de las cuentas por parte del PP.
Ayer, Sánchez-Camacho volvió a echarse las manos a la cabeza al comprobar la tranquilidad con la que Mas ratificó su órdago al Estado. La popular reprochó al presidente de la Generalitat estar anunciando una actuación «fuera de la ley» y de su «competencia». Tal afirmación sirvió una intensa disputa dialéctica entre la líder del PP y el del Govern. La propició porque Mas leyó en las palabras de Sánchez-Camacho la constatación de que el Gobierno no transferirá la potestad para celebrar referéndums a la Generalitat y de que la nueva ley de consultas catalanas –que se está tramitando en el Parlament– será impugnada y tumbada por el Tribunal Constitucional (TC).
«¿Usted quién es para hablar en nombre del Constitucional? ¿Se da cuenta de la magnitud de la tragedia que acaba de expresar? Nos dice que el Gobierno intentará hundir la legalidad catalana y que el TC estará de acuerdo», rebatió Mas. Y es que el matiz de la posible impugnación de la ley de consultas ante el TC no es menor, puesto que a ella pretende agarrarse el Govern si, como está previsto, el Congreso rechaza transferir la competencia para celebrar referéndums a Cataluña.
Aunque la ley de consultas catalanas es la verdadera herramienta legal que pretende blandir el Govern para celebrar la consulta, Mas trató de aparentar ayer su voluntad de agotar un diálogo que sabe de antemano estéril. Defendió el president su «gusto» por la negociación aunque «no encontremos nadie con quien dialogar». «Hay un muro de silencio y menosprecio» en el Gobierno, reprochó el jefe del Ejecutivo catalán, a quien volvió a recriminar no tener «nada que ver con el del Reino Unido», del mismo modo, dijo, que no existe paralelismo alguno entre el debate catalán y Crimea. La alusión de Mas no fue gratuita, sino el modo de defenderse de una Sánchez-Camacho que le advertía sobre los riesgos de acabar desembocando en una crisis como la de Ucrania.