ABC 11/07/14
EDITORIAL
· Parece necesario repetir a los nacionalistas lo obvio: la consulta separatista es inconstitucional, la separación de Cataluña es ilegal, el derecho de autodeterminación no existe
EL presidente de la Generalitat anda llamando con insistencia a las puertas que él mismo ha cerrado con la convocatoria de una consulta separatista ilegal. Consciente de que necesita una salida al atolladero en el que se ha metido, disfraza bajo la apariencia de una invitación al consenso lo que realmente es para él una situación política desesperada. Tras el enésimo ofrecimiento de Rajoy a abrir La Moncloa a Artur Mas, el líder nacionalista ha vuelto a quedar en evidencia, porque lo que quiere no es diálogo para llegar a un acuerdo, sino adhesión sumisa a su plan separatista. Mas quiere involucrar en su fiasco político también al Rey, mostrando de nuevo su ignorancia sobre el carácter supremo de la Constitución y la imposibilidad de que el Gobierno, más aún la Jefatura del Estado, se preste a negociar un objetivo radicalmente ilegal. A CiU solo le queda la confusión y a ella contribuyó el portavoz nacionalista en el Congreso, quien afirmó que Mas ya había solicitado reunirse con Rajoy. La vicepresidenta Sáenz de Santamaría desmintió sin medias tintas a Duran, aclarando que Mas –quien ayer insistió en el Par
lament que sí había solicitado el encuentro– se había puesto a disposición de Rajoy, pero nada más. CiU quiere que el presidente le haga el favor de tomar la iniciativa de llamar a Mas a La Moncloa, de ofrecerle una coartada para la consulta y de darle cobertura frente al empuje de ERC. Todo lo que Rajoy no puede hacer. Parece necesario repetir a los nacionalistas lo obvio: la consulta separatista es inconstitucional, la separación de Cataluña es ilegal, el derecho de autodeterminación no existe y, a corto plazo, no hay más alternativa al conflicto entre el Estado y el nacionalismo que la renuncia al referéndum. Rajoy sabe que nadie sensato puede reprocharle que se niegue a dialogar sobre lo que la Constitución prohíbe y, al mantenerse frente a Mas con este criterio, está remarcando los perfiles ilegales y políticamente irresponsables del proceso separatista. Cuestión distinta es que sea necesario acompañar la actitud del Gobierno con un discurso y una acción política con objetivos a más largo plazo que el que representa el 9 de noviembre. En este apartado resulta muy oportuno que Rajoy reciba a la plataforma Sociedad Civil Catalana, que abandera el «no» al independentismo. Es imprescindible que estos movimientos tengan visibilidad con el fin de que disminuya la asfixia a la que el nacionalismo está sometiendo a la sociedad catalana, que así perderá el miedo a expresar su oposición al pensamiento único que los independentistas intentan trasmitir. El fracaso de la consulta soberanista, condición inexcusable, no debería ser la meta del Gobierno central, sino la recuperación para el Estado de la iniciativa en Cataluña.