EL MUNDO 01/10/14
· El Parlament decide hoy si designa a los juristas encargados de supervisar la consulta
El Govern dio ayer un paso atrás con la «convicción» de seguir avanzando en su pulso con el Estado en las próximas jornadas. Artur Mas acató la resolución del Tribunal Constitucional (TC) y retiró «temporalmente» la campaña institucional para informar de los pormenores de la consulta de autodeterminación, pero avisó de que «el proceso continúa».
Francesc Homs defendió que sólo suspenden la emisión de la campaña para «proteger» a los funcionarios del delito de desobediencia que cometerían si participaran en su difusión. «No podíamos ponerlos contra las cuerdas», justificó el portavoz del Govern.
La intención del Ejecutivo catalán es abrir un paréntesis para prolongar su desafío y buscar una rendija que le permita consumarlo. Con ese objetivo, el Govern recurrió ayer la decisión del TC y solicitó que levante la suspensión de la Ley de Consultas. Homs urgió al Alto Tribunal a ser tan «supersónico» para responder a la alegación del Govern como lo fue para aceptar el recurso del Gobierno.
El también consejero de Presidencia subrayó que el Alto Tribunal sólo ha suspendido automáticamente la Ley de Consultas, pero no la ha anulado. El nacionalista incluso confió en que la recién inaugurada celeridad del TC le permita rectificar a tiempo para que el referéndum pueda celebrarse el 9 de noviembre. «Algunos querrían haberla liquidado, pero la partida continúa», alertó Homs.
Hoy será una jornada clave para comprobar si la advertencia es firme y la Generalitat está dispuesta a explorar la desobediencia al Alto Tribunal. El Parlament decidirá este miércoles si designa al grupo de juristas y politólogos encargado de velar por el correcto funcionamiento del referéndum, una acción que para los partidos contrarios a la consulta implicaría desobedecer al TC, puesto que la suspensión de la Ley de Consultas también prohíbe materializar cualquier acto que se derive de la norma.
PP, PSC y Ciutadans consideran que la mera discusión en el Pleno ya podría suponer un desacato, y por ello reclamaron ayer la retirada de la proposición del orden del día. Populares y socialistas pidieron incluso a los servicios jurídicos de la Cámara catalana que evalúen la legalidad del debate. La diputada de Ciutadans, Carina Mejías, alertó de las «consecuencias penales» que, a su juicio, implicará el nombramiento de la comisión de control del 9-N, informa Germán González.
El frente soberanista discrepa. CiU, ERC, ICV y la CUP entienden que si la resolución se aprueba, la Cámara catalana sólo estaría proponiendo la composición del órgano al Govern, con lo que la desobediencia al TC únicamente se produciría si Artur Mas acaba nombrando por decreto a los siete miembros del órgano supervisor del referéndum. El Parlament espera que el nombramiento de los juristas ya pueda ejecutarse legalmente. Confía en el éxito del recurso del
Govern ante el TC y de las alegaciones que la Cámara añadirá para pedir por partida doble el levantamiento de la suspensión cautelar de Ley de Consultas.
En los próximos días el Ejecutivo añadirá a este recurso otro para defender la constitucionalidad de la nueva legislación y activará la vía política para estudiar escenarios alternativos a la consulta si el TC mantiene la suspensión. Mas se reunirá con las formaciones promotoras de la consulta, mientras trata de evitar fisuras en el seno de su Gabinete. Ayer, Homs defendió la unidad de acción del Govern y negó que los miembros de Unió ya estén defendiendo obedecer sin matices al TC.