El independentismo busca un contraataque. Después de que en las últimas semanas el Gobierno haya tomado la iniciativa con su apuesta con el diálogo para resolver el problema catalán, la Generalitat y sus socios pasaron ayer a la ofensiva en tres frentes: la respuesta a la decisión del Tribunal Constitucional de bloquear el referéndum unilateral, el apoyo a Carme Forcadell ante su declaración de hoy en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y el juicio por la consulta por el 9-N, en el que la defensa de Artur Mas pidió que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el ministro de Justicia, Rafael Catalá, declaren como testigos.
Los abogados de Mas y de las ex consejeras Joana Ortega e Irene Rigau, acusados de desobediencia al Constitucional por organizar el 9-N, proponen en sus escritos de defensa que el presidente del Gobierno y el ministro de Justicia declaren «por sus opiniones públicas» sobre aquella consulta, que se celebró el 2014.
En su opinión, tanto Rajoy como Catalá minimizaron la importancia jurídica de la consulta independentista antes de que se celebrara. Los letrados pretenden que el presidente del Gobierno aclare «el contenido y alcance de sus declaraciones públicas» sobre la votación, concretamente cuando dijo que el 9-N «no es un referéndum, ni una consulta, ni tiene efecto jurídico».
Al ministro de Justicia pretenden preguntarle, entre otras, por las afirmaciones en las que sostuvo que el Gobierno permitiría «celebrar el proceso de participación si este es un ejercicio ciudadano de libertad de expresión», y en las que calificó el 9-N de «jornada de propaganda política carente de validez».
La defensa opina que estas manifestaciones delatan la «tolerancia» del Ejecutivo central con respecto al 9-N. El ministro Catalá ya dijo ayer que está dispuesto a declarar si la petición de la defensa «tiene sentido», pero que aún no conocía en qué términos estaba formulada.
El segundo frente judicial del Govern está en el Constitucional. Ayer, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, confirmó que no piensa renunciar a convocar un referéndum de independencia en 2017, a pesar de la prohibición expresa del TC y de las advertencias de que los que la incumplan deberán hacer frente a su responsabilidad, «incluida la penal».
«Votaremos, debatiremos y nos reuniremos», afirmó Puigdemont, tras dejar claro, siempre con palabras amables –porque el Govern necesita a la CUP para aprobar los Presupuestos–, que no comparte la «estrategia de desobediencia» de los antisistema.
Pero la gran esperanza del soberanismo para movilizar a sus bases es la declaración de hoy de Forcadell ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Mas, Puigdemont, el vicepresidente Oriol Junqueras y todo el Govern, alcaldes y cargos electos independentistas –y también el líder de Catalunya Sí que es Pot, Lluís Rabell– acompañarán a la presidenta del Parlament. Organizaciones independentistas han convocado una manifestación en los aledaños del Palacio de Justicia, y anoche ya hubo concentraciones frente a muchos ayuntamientos catalanes. En la de Barcelona leyó el manifiesto de apoyo la alcaldesa Ada Colau.