Si para apaciguar a ETA se legalizara Batasuna, la existencia de la banda se convertiría en el bien político más preciado para el conjunto de la izquierda abertzale, porque sería fuente de contrapartidas. Esa lógica es la contraria de la que está aplicando el Gobierno, basada en exigencia y firmeza, que ha ofrecido resultados positivos.
Una vez aparecido el comunicado de ETA, Batasuna ha puesto en marcha una campaña de presión encaminada a conseguir la legalización de su nuevo partido. Y eso que el texto etarra ha resultado manifiestamente mejorable. Tanto que los portavoces de la propia Batasuna se han lanzado a hacer interpretaciones del escrito para hacernos creer que dice lo que ETA se ha negado a poner por escrito: que no es una tregua más, sino el preludio del fin.
La presión de Batasuna está dirigida hacia el Gobierno y hacia el partido socialista que son los que tienen, en primera instancia, que tomar la decisión de inscribir o no al nuevo partido en el registro del Ministerio de Interior.
La izquierda abertzale está utilizando dos tipos de argumentos en esa campaña. El primero, la invocación de la supuesta legalidad de su nuevo partido. Está insistiendo una y otra vez en que los estatutos que va a presentar en el registro muestran su acatamiento a la ley de partidos y que, por tanto, la legalización debería ser automática.
Frente a tanta insistencia en la bondad de esos estatutos resulta conveniente recordar la sentencia del Tribunal de Estrasburgo que ratificó la ilegalización de Batasuna. La corte europea afirmó en su resolución (párrafo 80) que «los estatutos y el programa de un partido político no pueden ser tomados en cuenta como único criterio para determinar sus objetivos e intenciones. Es preciso comparar el contenido de dicho programa con los actos y tomas de posición de los miembros y dirigentes del partido en cuestión. El conjunto de estos actos y tomas de posición, siempre que formen un todo revelador del fin y de las intenciones del partido, pueden ser tomados en cuenta en el procedimiento de disolución de un partido político».
Las tomas de posición son tan importantes como los propios estatutos para hacer una valoración jurídica y hasta este momento lo que hay que decir al respecto es que Batasuna sigue sin desmarcarse de ETA y sin condenar su terrorismo.
El segundo argumento que ha comenzado a poner en circulación, todavía con timidez, pero que irá a más con el tiempo, indica que es preciso legalizar a Batasuna para consolidar la situación de tregua, reforzar a ese partido frente a ETA y evitar el retorno del terrorismo. Este argumento es una adaptación de la táctica utilizada en Irlanda del Norte por Gerry Adams y el Sinn Féin basada en reclamar concesiones de manera permanente con la excusa de que, si no, el IRA volvería a las armas. El grupo terrorista se convertía así en el mejor argumento de su brazo político que, además, nunca quedaba satisfecho y siempre tenía reclamaciones pendientes de satisfacer.
Si para apaciguar a ETA se legalizara Batasuna, la existencia de la banda se convertiría en el bien político más preciado para el conjunto de la izquierda abertzale. Nadie en Batasuna tendría interés en que desapareciera la banda porque su existencia sería fuente de contrapartidas. Esa lógica es la contraria de la que está aplicando el Gobierno basada en la política de exigencia y firmeza y que ha ofrecido resultados positivos.
Florencio Domínguez, EL CORREO, 18/1/2011