El portavoz de la Comisión Europea en materia de Justicia se refirió anteayer a la reforma legal que promueven PSOE y Unidas Podemos para la designación de doce miembros del CGPJ, advirtiendo de la necesidad de «reducir la influencia del poder legislativo o ejecutivo sobre el judicial». El interés de Bruselas por el caso es tan leve por ahora que no disuadió al presidente Pedro Sánchez de explicar su iniciativa como la respuesta constitucional del legislativo a la pretensión del PP de incumplir la Constitución. Las negociaciones políticas en nuestro país se basan en la presunción de que los intereses propios son tan legítimos y atienden tanto a principios incuestionables, que autorizan a exigir de la otra parte una actitud comprensiva, razonable e incluso generosa. Solo que Sánchez y Casado han llevado su pulso sobre la renovación de órganos institucionales al paroxismo de un callejón del que únicamente pueden salir juntos. Algo que el primero rehúye porque su prioridad es apuntalar la legislatura con la aprobación de los Presupuestos Generales que se le resisten, y el segundo evita porque teme acabar perdido en tierra de nadie si sale de ésta de la mano del presidente.
La negociación siempre latente con el resto de Europa en el seno de la Unión reproduce sin quererlo las debilidades patrias. Nadie pone en cuestión que cuando el Gobierno de turno se emplea a fondo o con timidez en y ante las instituciones europeas lo hace porque sus responsables persiguen, además de un beneficio nacional, un rédito partidario. Ello en la presunción de que los de la otra parte no deben conducirse por ese mismo registro, puesto que han de representar la razones de la Unión comprensiva, solidaria y cabal. Pero quien resta importancia a la advertencia de la Comisión sobre la reducción de la mayoría parlamentaria necesaria para conformar el órgano de gobierno de los jueces olvida que la política de los demás países europeos está compuesta por una infinidad de partidos y de dirigentes que también se juegan su parte del pastel escaño a escaño. De modo que nadie debiera extrañarse si el enconamiento español sobre eso del CGPJ acaba repercutiendo no quizá en el reajuste de los fondos dispuestos en el Plan Next Generation, pero sí en la dilación del momento en que se libren a favor de nuestro país. De ocurrir así, es probable que nadie confiese que la primera transferencia se pospone de marzo o abril a después del verano de 2021 por eso del CGPJ. Pero la visceralidad partidista que revela el pulso entre Casado y Sánchez bien podría actuar como argumento añadido a las reservas con que los ‘frugales’ nos ven; las reservas con que necesitan tratarnos para recabar sus votos patrios.