Una «pena excesiva». Así considera el ex presidente de la Generalitat, Artur Mas, que es su condena de dos años de inhabilitación para ocupar un cargo público efectivo, ya sea de ámbito local, autonómico o estatal, que le impuso el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por desobedecer al Tribunal Constitucional y permitir y organizar la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014. Por eso, en el recurso que ha presentado ante el Tribunal Supremo contra esta sentencia, el ex president reclama que se revoque la condena de forma íntegra o al menos en la parte referida a su posible candidatura en unas elecciones. La inhabilitación de dos años supone un «sacrificio desproporcionado» para el ex president, por lo que primero reclama que le retiren la pena impuesta, ya que considera que actuó amparado por la libertad de expresión y de participación política para permitir las votaciones.
El recurso presentado por Javier Melero, abogado de Mas, remarca que el ex president fue juzgado «en relación al desempeño de las funciones de gobierno» y recuerda que «ninguna de las actuaciones objeto de la sentencia estaban relacionadas con las atribuciones o funciones propias de un parlamentario u otro puesto electo». Reclama en consecuencia que «si el cargo público sobre el que construir la relación de analogía es exclusivamente el de jefe del Gobierno de la Generalitat de Cataluña», el artículo del Código Penal que regula la incapacidad para ocupar un cargo «no permite transmutar la pena de inhabilitación especial en una supresión genérica del derecho fundamental al sufragio pasivo».
Además, el recurso recuerda que Mas no tenía las mismas funciones como «máximo rector del Poder Ejecutivo de Cataluña» que las de «un miembro integrante del Poder Legislativo, en el Parlamento de Cataluña, el Parlamento Europeo o las Cortes Generales». El letrado del ex president considera que el TSJC no aplicó correctamente la inhabilitación especial, ya que debería referirse al cargo desempeñado en el momento de la comisión del delito y de las funciones que «habrían sido objeto de pretendido abuso». En este sentido, cree que la condena persigue la «inocuización política» de Mas impidiendo que se presente como candidato a cualquier comicio, lo que supone «una vulneración» de la normativa al aplicar «una limitación no prevista por el legislador penal de los derechos de participación política y libertad ideológica».
En los recursos presentados ante el Supremo por las otras dos condenadas, la ex vicepresidenta Joana Ortega y la ex consejera Irene Rigau, también se pedía al tribunal que limitase la inhabilitación impuesta para de esta forma poder aspirar a cargos electos, en otra administración ajena a sus funciones cuando fueron condenadas, como la municipal o la estatal.
Ortega fue condenada a un año y nueve meses de inhabilitación y Rigau, a año y medio. Tanto el abogado de Ortega, Rafael Entrena, como el de Rigau, Jordi Pina, consideran que la inhabilitación impuesta por el tribunal debe «contraerse al empleo en cuyo desempeño se haya cometido el delito u otros cargos vinculados a este», en concreto «a cargos de gobierno en la Administración de la Generalitat», sin que se extienda al ámbito «local y estatal», ya que creen que afectaría «de manera injustificada el derecho fundamental a la participación en asuntos públicos».
El abogado de Mas también reclama que no existió delito de desobediencia. Considera que el Constitucional no dictó «una orden categórica y determinada» en su providencia del 4 de noviembre de 2014 que ordenaba suspender la organización de la consulta. «Por otra parte, el contenido de la resolución es indefinido y genérico, sin precisar su alcance concreto», remarca el recurso sobre la orden del Constitucional. También recuerda que Mas «simplemente retrasó la adopción de una decisión definitiva» sobre el 9-N a la espera de una aclaración del tribunal.
EL GOVERN FACILITA DATOS DEL REFERÉNDUM
El Govern ha entregado a la Guardia Civil la información sobre la campaña para fomentar en el extranjero la participación en el referéndum por la independencia que quiere celebrar este año. El expediente forma parte de la investigación que la Fiscalía abrió para determinar si el Govern ha cometido los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación a través de la «preparación» de un referéndum que el Tribunal Constitucional cree ilegal. Fuentes del Departamento de Exteriores catalán confirmaron a este diario que el expediente de la campaña fue entregado la semana pasada, después de que la Guardia Civil reclamara todos los detalles sobre cómo se contrató y pagó el anuncio institucional que instaba a los catalanes que residen en el extranjero a inscribirse en el registro para participar en votaciones. La campaña incluía un mapa de Cataluña con la pregunta «¿sí o no?» impresa sobre él. JAVIER OMS