EL MUNDO 14/10/14
· El ‘president’ reconoce que no podrá hacer el referéndum y Junqueras pide unas elecciones plebiscitarias para declarar la secesión de Cataluña
La consulta del 9 de noviembre no se celebrará. Artur Mas dio finalmente ayer su brazo a torcer y, en una reunión con los partidos que han acompañado al Govern hasta ahora, anunció que renuncia al referéndum. En su lugar, el president propone un difuso «proceso participativo» en la calle que no aceptan como sucedáneo ni ERC ni la CUP.
Mas concluye así una travesía que comenzó en la noche del 25 de noviembre de 2012, cuando, tras perder 12 diputados en las elecciones autonómicas, se abrazó al líder de ERC, Oriol Junqueras, y a la Asamblea Nacional Catalana (ANC) para establecer una hoja de ruta que desembocaba el 9 de noviembre. Ahora, los republicanos sólo aceptan la convocatoria de unas elecciones anticipadas que sirvan para proclamar la independencia.
El recurso del Gobierno contra la Ley de Consultas y la convocatoria del 9-N, y la posterior suspensión del Tribunal Constitucional (TC), han sido suficientes para que Mas abortase su plan, pese a que durante meses y hasta hace pocos días tanto él como sus lugartenientes han asegurado que los catalanes votarían sí o no a la independencia el 9 de noviembre. A falta de lo que diga hoy el president en una comparecencia prevista para las 10.00 horas, todo apunta a que Cataluña está abocada a unas elecciones anticipadas.
Mas asumió así ayer finalmente lo que era un secreto a voces: que la situación no va a cambiar y que es casi imposible que el TC se pronuncie sobre la cuestión antes del 9 de noviembre, y todavía más difícil que lo haga de acuerdo a los intereses de la Generalitat. De hecho, llevaba días tratando de convencer a sus compañeros de viaje en el proceso soberanista de que aceptasen su plan B: una lista conjunta para afrontar unas elecciones autonómicas anticipadas que tengan un carácter plebiscitario.
El Govern, por boca de su portavoz, Francesc Homs, ya había anunciado que esta semana habría que tomar una decisión, porque se estaban incumpliendo todos los plazos de preparación de la consulta.
Como ICV y la CUP rechazan de entrada la posibilidad de una lista conjunta, Convergència centra de forma desesperada su presión sobre ERC, que se resiste. La reunión de ayer, que se pretendía que fuera secreta –se celebró en el Palacio de Pedralbes, lejos de Sant Jaume–, perseguía ese objetivo.
Sin embargo, al término del encuentro y confirmado el fiasco de la consulta, ERC fue muy dura con el Govern. Fuentes del partido afirmaron que, una vez liquidada la consulta «por la oposición del Gobierno español y la renuncia del catalán», sólo hay un camino: «Un Parlament que haga una declaración de independencia inmediata y la apertura de un proceso constituyente».
Se trata de un aviso a Mas de que los republicanos no aceptarán una lista conjunta a no ser que el objetivo inequívoco de esa candidatura sea proclamar «inmediatamente» la independencia de Cataluña. El mismo Junqueras advirtió que se abre ahora una nueva etapa. «El Gobierno catalán nos sitúa en un escenario de participación nuevo y no pactado, que en ningún caso puede sustituir a la consulta», dijo en Twitter, ya de madrugada.
La reunión de ayer abre en efecto una nueva fase del proceso soberanista, en la que ERC ya no se siente comprometida a seguir apoyando en el Parlament a Mas, como ha hecho hasta ahora durante toda la legislatura. El president, en minoría, va a notar las consecuencias muy pronto, en el debate de los Presupuestos de 2015. Es por ello que las elecciones anticipadas se presentan como la alternativa más probable.
Sin embargo, los republicanos explicaron que «pese a todo» ayudarán a Mas en su objetivo de promover «procesos de participación». Con ello, se referían a la idea que el president puso ayer sobre la mesa en la reunión: la posibilidad de celebrar algún tipo de acto el 9-N bajo el amparo de los artículos no recurridos de la Ley de Consultas, que apelan a unos difusos «procesos de participación». Ésa es ahora la última esperanza de Mas.
Los artículos no recurridos de la ley mencionan las «encuestas», las «audiencias públicas ciudadanas» y los «foros de participación». ERC, pese a sus críticas, está dispuesta a apoyar algún evento de este tipo, porque «hay que aprovechar todas y cada una de las oportunidades para demostrar el carácter y la actitud del Gobierno español».
En cualquier caso, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ya advirtió de que el Gobierno impugnaría también ese sucedáneo, que de todas formas no convence ni al resto de partidos soberanistas ni a la ANC.
Fuentes de la negociación explicaron que, en el transcurso del encuentro, Mas admitió que no ve la forma de hacer la consulta en función de lo que estrictamente establece el decreto suspendido, que firmó con toda pompa en el Palau de la Generalitat hace dos semanas.
El líder de ICV, Joan Herrera, fue quien confirmó que el Govern «constata que no se puede llevar a cabo la consulta en base al decreto de convocatoria» y que hoy anunciará sus alternativas. Será entonces cuando el resto de fuerzas políticas tomarán sus decisiones. La CUP, de momento, convocó a medianoche una asamblea en la plaza de Sant Jaume de Barcelona y se quejó del «tacticismo» del resto de partidos.
La fallida cumbre, que se quería hacer con total discreción, arrancó a mediodía con Mas, la vicepresidenta del Gobierno catalán, Joana Ortega; el conseller de Presidencia, Francesc Homs; Junqueras; el presidente del grupo de CiU en el Parlament, Jordi Turull (CDC); el secretario general de Unió, Ramon Espadaler; Herrera; el portavoz adjunto de ICV, Joan Mena, y los diputados de CUP Isabel Vallet y David Fernández.
Ni CDC ni su entorno aflojarán por ahora su presión sobre ERC, conscientes de que la lista conjunta es seguramente la única manera de salvar la carrera política de Mas.
Por la mañana, antes de la reunión, se había pronunciado Carles Viver Pi-Sunyer, presidente del Consejo Asesor para la Transición, el organismo que elabora los informes que el Govern usa para justificar la apuesta independentista. El jurista afirmó: «Para que no se dé una desmovilización y una frustración colectiva, habrá que explicar, cuanto antes mejor, cuáles son los próximos pasos que hay que dar, incluidas las elecciones plebiscitarias».
Pero Esquerra no está dispuesta a ser un convidado de piedra en la estrategia de CDC. Anna Simó, portavoz de ERC, aún insistía por la mañana en que «no hay escollos legales y organizativos que valgan si existe voluntad de celebrar la consulta».
El consejero de Empresa y Empleo de la Generalitat, Felip Puig, condenó por su parte que el Gobierno use «la vía jurídica para solucionar un problema social y político», algo que «no lleva a ninguna parte».