EL ECONOMISTA 10/11/12
La propuesta tributaria de la Generalitat desborda y cuestiona los modelos forales. El nuevo régimen permitiría a las autonomías competir e nmateria impositiva con toda España.
Incluso la autonomía tributaria de la que aún disfrutan el País Vasco y Navarra, gracias al mantenimiento de sus fueros históricos, se le queda pequeña a la ambición del presidente de la Generalitat, Artur Mas. Hasta el punto de que la propuesta de pacto fiscal que salió del Parlamento catalán en julio, aquélla que Mas llevaba bajo el brazo cuando acudió al Palacio de la Moncloa, obliga a cuestionar todo el sistema tributario español. No en vano la «idea relevante» del president sólo tiene sentido en la medida en que suponga la «ruptura del actual sistema de financiación basado en la Constitución (que protege el convenio vasco y el sistema foral navarro) e incluso la Ley Orgánica de Financiación Autonómica (Lofca)», a la que se acogen las regiones de régimen común, tal y como queda recogido en un reciente análisis sobre el proyecto impositivo de la Generalitat.
Nada menos que eso es lo que supone «reclamar la regulación, recaudación y gestión directa de todos los impuestos recaudados en Cataluña, así como la titularidad del 100 por ciento de los rendimientos de tales tributos».
Así lo pone de manifiesto el reciente informe elaborado por Juan José Rubio, catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Castilla-La Mancha, y Santiago Álvarez, profesor de la mencionada disciplina en la Universidad de Oviedo. El estudio, divulgado por la Fundación Faes, lleva por título El mito del expolio fiscal y su propósito de socavar el argumento de la falta de equidad en el reparto de recursos públicos que recibe Cataluña le ha otorgado renombre en las últimas semanas.
Sin embargo, el escrito de Rubio y Álvarez tiene un mayor alcance y desmenuza también los pormenores del órdago fiscal que el jefe del Ejecutivo catalán ha lanzado. En efecto, la ampliación de competencias fiscales que Mas ha puesto sobre la mesa tiene tal envergadura que incluso hace saltar las costuras del «peculiar sistema foral» español, una acción que no resulta fácil en la medida en que dicha estructura «no tiene parangón en un ningún país federal democrático y avanzado», según exponen los expertos en Hacienda Pública.
Esta falta de encaje en la urdimbre fiscal que ya se encuentra operativa en toda España pone las cosas muy difíciles a la propuesta elaborada por la Generalitat. Ésta, de materializarse, no encontraría cabida en ninguna otra modalidad de organización política existente, por federal y flexible que pueda imaginarse, dado que simplemente «no existe a escala internacional un régimen de esta especie en el que la federación no pueda recaudar impuestos en una parte de su propio territorio».
El proyecto de Mas no solamente chirría al contrastarlo con las tesis contenidas en los manuales usuales de teoría política; tampoco se aviene en absoluto en lo que respecta a los tratados de la Unión Europea.
No en vano la UE se ha opuesto en repetidas ocasiones a la reivindicación que han hecho las comunidades autónomas, tanto las aforadas como las que carecen de esa distinción, en pro de una descentralización de las competencias reguladoras sobre el IVA o sobre otros gravámenes, como el propio de los Impuestos Especiales de Fabricación.
Con todo, aun cuando Mas lograra el control sobre esos medios de recaudación, estaría lejos de encontrarse satisfecho. El presidente anhela un poder tan extenso que lo llevaría a sacar ventaja a las comunidades aforadas, incluso en lo que respecta a los impuestos en que aquellas regiones gozan de plena capacidad para dictar normas, como el Impuesto de Sociedades.
Dicho de otro modo, «Cataluña tendría impuestos diferentes y podría hacer competencia fiscal al resto de España», según el citado estudio. Conducir a las autonomías a una lucha de este tipo supondría todo un «atentado contra la unidad de mercado» y, por ende, contra la Constitución que la sustenta.
Todavía cabrían más estímulos a la apertura de brechas entre las distintas regiones, una de las cuales se abriría en un campo tan delicado como es el de la solidaridad interterritorial, la contribución basada en principio tan básico como es el que defiende que los que más tienen aporten en mayor medida que los más desfavorecidos.
Es cierto que el pacto fiscal catalán contempla en su articulado la puesta en marcha de algún tipo de mecanismo de ayuda, un hecho que marca una clara diferencia con respecto a las comunidades aforadas tradicionales.
Sin solidaridad
Ahora bien, hay lugar para los matices a este respecto pues, tal y como subrayan los expertos en Hacienda Pública, «los límites a la solidaridad van a venir prefijados por la voluntad de las autoridades catalanas por ser solidarias, esto es, en función de una cobertura plena y de calidad de todos los servicios públicos en su territorio». Los dos académicos rematan: «En definitiva, van a ser todo lo solidarios que quieran ser, ni más ni menos».
Entre los damnificados de la hipertrofia de las competencias fiscales catalanas, se cuenta también el Estado central, en la medida en que el nuevo régimen supondría «un incremento de la capacidad financiera de Cataluña, a costa de una disminución de la propia del Gobierno central», dado que una de las regiones con más peso económico pasaría a disfrutar de la capacidad de decidir discrecionalmente en qué medida se compromete con la solidaridad interterritorial.
Paralelamente, aumentaría la presión sobre las comunidades autónomas a las que no se les reconoce esa posibilidad.
También resultan dignos de mención los problemas que afectarían a cuestiones puramente logísticas y de organización que, no obstante, incumben a asuntos de importancia tan crucial como es la lucha contra el fraude fiscal o el intercambio y control de datos.
Nuevamente, desde este punto de vista, la comparación con los regímenes forales ya existentes resulta ilustrativa, pues permiten que «los mecanismos técnicos de intercambio de información fiscal se lean en clave política» y ello genere «problemas de coordinación».
La creación de una Súper Agencia Tributaria catalana desde luego no contribuiría a la solución de este problema, a juicio de los autores del informe. En consecuencia, «los argumentos en pro de una oficina fiscal única son múltiples».
EL ECONOMISTA 10/11/12