ABC – 08/11/14
· Trata de evitar el requerimiento del Gobierno, aunque sin enojar a ERC y a la Asamblea Nacional Catalana.
Lidera, pero no ejecuta. En la tónica de los últimos años, la Generalitat de Cataluña sigue instalada en una calculada ambigüedad. El objetivo, sacar adelante el «proceso de participación» previsto para mañana, la pseudoconsulta suspendida por el Tribunal Constitucional (TC) que organiza el gobierno autonómico, pero que ahora nominalmente desarrollan voluntarios. Todo con la pretensión de evitar el requerimiento del Gobierno al TC o a otros jueces o tribunales para que ordenen la retirada de las urnas, amoldándose así, aunque sea en apariencia, a lo anunciado el viernes por el ministro de Justicia, Rafael Catalá, que señaló que se toleraría la votación siempre y cuando la Generalitat se mantuviese al margen.
Bajo este nuevo marco, Artur Mas convocó ayer al Pacto Nacional por el Derecho a Decidir –que reúne a partidos, sindicatos y entidades sociales a favor de la consulta–, en lo que se esperaba que fuese un acto para «pasar los trastos» de la organización del 9-N a la sociedad civil y eludir responsabilidades. En parte fue así, aunque como es costumbre, y para no enojar a ERC, la ANC y los sectores más exaltados de CDC, desde la Generalitat se anunció ayer que sigue estando detrás del proceso. Ambigüedad en esencia.
«Entramado»
El encargado de comunicar la postura oficial fue el coordinador del Pacto Nacional, Joan Rigol, que aseguró que si bien la «ejecución» del 9-N la harán los voluntarios, el gobierno autonómico formará parte del «entramado» y mantendrá su responsabilidad hasta el «final» del proceso. «Todos actuamos hasta las últimas consecuencias y hasta el final, pero la ejecución estará en manos de los voluntarios y el Govern asume su responsabilidad hasta el final, pero en este final los protagonistas son los voluntarios», remarcó Rigol, que precisó por ejemplo que el recuento lo harán estos. En este escenario, la decisión del Gobierno de tolerar la votación o, por contra, reclamar a la Justicia que la impida se intuye más bien de orden político. Por un lado, formalmente, la Generalitat alega que no organiza o «ejecuta» el 9-N. Por otro, es obvio que todo el proceso hasta ahora lo ha financiado y llevado a cabo el gobierno autonómico, y que el mismo domingo realizará al menos la coordinación del recuento. Para empezar, y como ejemplo gráfico, se especula con que sea la vicepresidenta Joana Ortega la que durante la votación vaya dando cuenta de los índices de participación.
Con esta postura, el equipo de Artur Mas trata de contentar al heterogéneo frente sobre el que se apoya, actuando a la vez con una supuesta «astucia» que le sir ve para burlar a la Justicia. «La Generalitat no da un paso atrás, todo continúa, pero con más interdependencia de responsabilidades», resumió Rigol con el alambicado lenguaje ya habitual del «proceso».
Paralelamente, si el Gobierno anunció el viernes que no pediría la suspensión si la Generalitat quedaba al margen, el sindicato Manos Limpias se ha acogido a la literalidad de lo dictado por el TC –que prohibió la consulta tanto si la organizaba el Govern como terceros– para acudir a la Fiscalía. En un escrito remitido al Fiscal General del Estado, el sindicato le pide que dé las «órdenes oportunas» al fiscal superior de Cataluña para que ordene a los Mossos la retirada de las urnas. Sociedad Civil Catalana, por su parte, pidió que sea el Gobierno quien inicie el mecanismo judicial para evitar el 9-N. En paralelo, la Generalitat presentó ayer un recurso de súplica ante el TC para dejar sin efecto la impugnación.
Agotada la vía jurídica por parte catalana, y a la espera de conocer si el Gobierno insta o no a la suspensión, los preparativos del 9-N siguen adelante. Desde la ambigüedad, la Generalitat ampara y lidera, pero no «ejecuta», el mecanismo que la misma institución puso en marcha.
ABC – 08/11/14