EL MUNDO 15/10/14
· El Gobierno estudia la vía para tumbar el sucedáneo de consulta y frenar la desobediencia
El Gobierno estudiaba ayer minuciosamente la declaración de Artur Mas y las distintas vías a las que podría intentar acogerse para llevar a cabo el «sucedáneo» de referéndum independentista del próximo 9 de noviembre. A la espera de que el president oficialice a través de un instrumento formal su decisión y desvele el marco legal al que se acoge, el Ejecutivo cree que todo apunta hacia un proceso en fraude de ley.
Los servicios jurídicos del Estado analizan ya los «marcos legales preexistentes», como los definió el propio Mas, que podrían ser utilizados por la Generalitat.
Para recurrir nuevamente por inconstitucionalidad es necesario que el president formalice mediante un acto legal su decisión, ya que en caso contrario no habría objeto a impugnar. Esta formalización podría hacerla basándose en el título III de la Ley de Consultas, una parte del texto que no ha sido cuestionado por el Gobierno; en el artículo 122 del Estatut que le reconoce facultad para convocar encuestas, audiencias públicas, foros de participación y cualquier otro instrumento de consulta popular en el ámbito de sus competencias, o incluso en la Ley de Consultas de 2010.
Las fuentes gubernamentales consultadas advierten, no obstante, que aun cuando encontrara un marco al que agarrarse, el objetivo último que pretende es una ilegalidad puesto que no puede preguntar a los ciudadanos, con urnas y en locales oficiales, sobre la unidad del Estado. Recalcan que todo el proceso constituiría un fraude de ley. La evidencia del fraude, y también del vicio de inconstitucionalidad, sería meridiana si además planteara las mismas dos preguntas que incluyó en el decreto inicial de convocatoria, suspendido por el Tribunal Constitucional.
Insisten también en que la pretensión de Mas sigue siendo la de enmascarar como sondeo lo que en realidad pretende que sea un referéndum y recuerdan que esta estrategia ya fue desvelada por el Consejo de Estado. «Su objetivo es una ilegalidad porque no quiere hacer una encuesta, sino poner en marcha un proceso consultivo», señalan.
En este sentido, apuntan el símil que puso sobre «el que sortea la ola sumergiéndose para sacar la cabeza después y seguir nadando». En estas palabras advierten una confesión explícita de que su plan pasa por recurrir al recoveco y al subterfugio. En definitiva, «intenta burlar la ley», pero «con la ley en la mano los tribunales lo impedirán».
En el Ejecutivo señalan, además, que con la «ceremonia de la confusión» que ayer escenificó el presidente de la Generalitat es «evidente» que ya está cometiendo también un «fraude contra la ciudadanía».
En un análisis más político las opiniones recabadas interpretaban el movimiento de Mas en clave de «electoralismo a la desesperada».
De sus palabras deducen que, más allá de que considere al Estado y al Gobierno central como su «adversario», el contrincante que ahora tiene más próximo es ERC, la formación que lidera Oriol Junqueras, y el creciente número de simpatizantes que aglutina.
Creen que, tras haber anunciado sin fecha la celebración de unas elecciones plebiscitarias, lo que pretende Mas es hacer de las semanas que restan hasta el 9 de noviembre una suerte de precampaña personal alimentando la ilusión de la consulta y en la que jugará con los silencios y sin mostrar todas las cartas para mantener a los rivales descolocados. «Todo indica que ahora lo que busca es pelearle los votos a ERC», mantienen.
En el Ejecutivo aseguran observar con sorpresa, pero con tranquilidad, los pasos del president. Afirman que son un «disparate» y garantizan que su objetivo no prosperará. Pese a esta calma en La Moncloa sí admiten estar preocupados por el tono «belicoso» que utilizó en su declaración. Temen que la animadversión pueda prender en una ciudadanía que hasta el momento ha expresado su discrepancia con contención.