Los fiscales Francisco Bañeres y Emilio Sánchez Ulled han decidido no acusar a los procesados de malversación de fondos públicos, por lo que no reclaman penas de prisión. Sí proponen una pena alternativa por si el tribunal que juzgue a Mas, Ortega y Rigau considera que cometieron los delitos de prevaricación administrativa y desobediencia grave por separado y no de forma conjunta. Por eso, los fiscales reclaman nueve años y medio de inhabilitación y multa de 36.000 euros para Mas, mientras que la pena alternativa para Rigau y Ortega sería de ocho años y siete meses y multa de 30.000 euros.
«El acusado Mas, amparado simplemente en su voluntad, que convirtió irrazonablemente en aparente fuente de normatividad, actuando con plena conciencia y voluntad, dejó de suspender oficialmente la convocatoria que él mismo había efectuado, incumpliendo la obligación que como convocante le atañía a raíz del mandato» del Tribunal Constitucional que había suspendido la consulta. El Ministerio Público considera que Mas y el resto de procesados, incluido el ex consejero Francesc Homs –imputado en el Tribunal Supremo por esta causa al ser diputado en el Congreso–, articularon «una estrategia de desafío completo y efectivo a la suspensión» del 9-N acordada por el Constitucional. De esta forma, consideran que presuntamente siguieron con los preparativos pese a ser «plenamente conscientes de que con ello quebrantaban el obligado acatamiento a las decisiones del Tribunal Constitucional», por lo que debieron «enmascarar convenientemente» su presunta desobediencia generando «la apariencia de que las actuaciones administrativas públicas se paralizaban y el proceso quedaba exclusivamente en manos de ciudadanos voluntarios, cuando la realidad no era así».
El TSJC ha dado cinco días más de plazo a la acusación popular, que representa al Sindicato Profesional de Policía y la Unión Federal de Policía, para entregar su escrito contra los procesados, que podría incluir penas de cárcel si son acusados de un delito de malversación. Después será el turno de las defensas, por lo que fuentes judiciales apuntan que el juicio podría celebrarse a principios de 2017.
Tras conocerse la petición de la Fiscalía, Artur Mas aseguró que «para un demócrata y un catalán soberanista es un honor ser procesado por parte de los poderes españoles por escuchar a la gente y dar la cara». El ex president lamentó que el Gobierno presionase a los fiscales para convertir la «fiesta democrática» del 9-N en un «gran aquelarre judicial». Mas siguió con el mensaje de que este proceso judicial es una «causa política» y llegó a contradecir a Francesc Homs, quien en su declaración ante el Supremo afirmó que el Gobierno hizo una oferta para tolerar las votaciones si el ex president no valoraba los resultados en público. «Es falso, nunca me dijeron eso», remarcó ayer Mas, quien destacó que habló con Rajoy de la consulta meses antes pero sin llegar a un acuerdo.