EL MUNDO 15/10/14·
· Dice ahora que «la consulta definitiva» serían unas plebiscitarias que ERC no quiere
· Junqueras «intentará ayudar» en el ‘plan B’ de la consulta, que no ofrece garantías
Artur Mas concretó ayer sus planes para celebrar un acto alternativo a la consulta soberanista el 9 de noviembre. Tras descartar el referéndum, el presidente de la Generalitat prometió un «proceso participativo» en el que habrá «locales abiertos, urnas y papeletas». Sin embargo, ni concretó cómo plantea burlar esta vez el seguro veto del Gobierno ni convenció a ERC, ICV y la CUP, que hasta ahora le habían acompañado en el proceso.
Después de presentar durante muchos meses la consulta del 9-N como un hito crucial en la historia de Cataluña, Mas sorprendió ayer a todos quitándole importancia. Según él, «todo el mundo sabía» que esa fecha no era el final del trayecto, porque «la consulta definitiva» serán unas elecciones plebiscitarias. Su problema es que para esa nueva hoja de ruta no cuenta con el apoyo de ninguno de sus acompañantes actuales. Ni siquiera el de Unió, que anoche ya se desmarcó de la iniciativa.
Mas compareció en la galería gótica del Palau de la Generalitat para explicar su renuncia a la consulta tal y como estaba diseñada. En el mismo escenario en el que, 17 días atrás y con toda pompa, firmó el decreto de convocatoria del 9-N, ayer confirmó que descartaba el referéndum porque la suspensión del Tribunal Constitucional (TC) lo hace inviable.
En un último intento por salvar su promesa, tantas veces repetida, de «consultar al pueblo de Cataluña» sobre la independencia, el presidente de la Generalitat propuso una nueva consulta basada en «marcos legales preexistentes», que todo apunta a que serían los artículos no recurridos –en concreto, el Título III– de la Ley de Consultas no Refrendarias aprobada en septiembre por el Parlament.
No quiso concretar más por «no dar pistas al adversario, que es el Estado». Eso sí, dejó entrever, en una maniobra muy similar a la que sostuvo durante meses sobre la consulta, que el Ejecutivo catalán tiene un plan B para cuando el Gobierno recurra también esta nueva fórmula. En principio, busca cobijarla en la «participación ciudadana, que es una competencia genérica de la Generalitat».
El president plantea ahora una votación –no requerirá, dijo, un nuevo decreto de convocatoria– en la que los catalanes que lo deseen podrán pronunciarse de alguna manera sobre la doble pregunta del año pasado simplemente presentando un DNI. Afirmó que 20.000 voluntarios se ocuparán de la logística de un acto para el que dispondrá de 600 locales de votación, en lugar de los 4.000 previstos inicialmente.
Se trata de la misma propuesta que Mas hizo a los representantes de ERC, ICV y la CUP en la reunión del lunes en el Palacio de Pedralbes y que, como estos partidos no aceptaron, precipitó la fractura del bloque soberanista.
Mas justificó su marcha atrás y las nuevas características de la votación en que busca evitar «un ridículo internacional» con el uso de datos personales de ciudadanos que no desean que les incluyan en ningún censo para celebrar una consulta independentista. Organizaciones contrarias a la secesión como Societat Civil Catalana ya habían avisado en los últimos días de que estaban recogiendo firmas de gente disconforme con esta cesión de datos.
Por ello, el nuevo censo electoral se creará el mismo 9 de noviembre, cuando quienes quieran votar vayan a los locales dispuestos, «en su mayoría de titularidad de la Generalitat». Mas, que aspira a que se pronuncien de esta manera varios millones de personas, prometió que los resultados se harán públicos al día siguiente.
En cualquier caso, el president insistió en el mensaje de que, tras la suspensión del TC a instancias del Gobierno, «la verdadera consulta, con plenas garantías, sólo se puede hacer a través de unas elecciones plebiscitarias». Masse refiere a unas autonómicas «ordinarias» a las que pretende presentarse –porque dijo que se ve con fuerzas para seguir liderando el proceso pese al fiasco del 9-N– en la misma candidatura que el resto de partidos soberanistas. «Es lo que más teme Madrid», aseguró.
Pero ni ERC, ni ICV, ni la CUP ni siquiera Unió lo ven igual. Si Mas admitió que la unidad soberanista «se agrietó» en la reunión del lunes, el resto de partidos directamente afirmaron que ya no se sienten comprometidos con la nueva hoja de ruta. El que mostró mayor comprensión fue quizás Oriol Junqueras, pero sólo se comprometió a «intentar ayudar» en la organización del «proceso participativo» que propone el Govern para el 9-N.
Fue la única concesión del líder de ERC a Mas; por lo demás, se mostró muy crítico con la «renuncia» del president a la celebración del 9-N tal y como estaba previsto. Junqueras, que ya el lunes se despachó diciendo que «el Gobierno catalán nos sitúa en un escenario nuevo y no pactado, que en ningún caso puede sustituir a la consulta», culpó ayer directamente al presidente de la Generalitat de «romper la unidad» soberanista.
Junqueras admitió que ha perdido la confianza en Mas y le pidió «por favor» que vuelta al consenso. Afirmó que la consulta alternativa «no genera un mandato democrático», como sí pasaba con la anterior, y dejó claro que no le seduce la idea de una lista conjunta entre CDC y ERC –porque Unió ya se ha desmarcado– en unas elecciones adelantadas, a no ser que sea para proclamar «de inmediato» la independencia si obtiene la mayoría absoluta.
En todo caso, no cree que Mas esté dispuesto a llegar tan lejos: «Es difícil confiar en que dé un paso más complejo cuando no ha dado los pasos previos pactados».
El líder de ERC dejó también en el aire su apoyo parlamentario a CiU, imprescindible, por ejemplo, para que el Govern pueda aprobar los Presupuestos de la Generalitat de 2015. En caso de ruptura total, y si no se llega a ningún acuerdo para una lista conjunta, Mas podría sacar adelante las cuentas con el apoyo del PSC, e intentar de esta manera agotar la legislatura.
El líder de ICV, Joan Herrera, fue aún más duro. Dijo que su partido no avala la propuesta del president porque no es una consulta, sino un «sucedáneo y un sustituto» con la que pretende «salvarse», y que ve en esta iniciativa un primer «acto de precampaña» ante unas plebiscitarias.
El pleno parlamentario de hoy permitirá comprobar la profundidad del abismo abierto entre Mas y sus socios, que todo indica que es ya prácticamente insalvable.
Unió no ve viable el plan
Duran Lleida. «Le convendría a Cataluña un periodo de estabilidad política y por lo tanto no soy de los que creen que sean necesarias elecciones anticipadas», aseguró el portavoz de CiU en el Congreso, que señaló como «altamente improbable compartir una lista unitaria con la CUP».
Ramón Espadaler. «No la vemos, y menos aún en la presente legislatura», sentenció el secretario general de UDC en referencia a una posible declaración unilateral de independencia. Espadaler enfatizó la necesidad de buscar puntos comunes entre las fuerzas que defendían el 9-N para hacer posible votar en el proceso alternativo.
El Gobierno actuará contra Mas por fraude de ley si saca urnas a la calle
· El ‘president’ promete preguntar el 9-N aunque admite que no habrá garantías democráticas
· La votación se realizaría en 600 urnas ubicadas en locales de la Generalitat, en vez de en los 4.000 colegios
· ERC da por roto el pacto, pero «intentará ayudar» en el proceso en el que van a trabajar 20.000 voluntarios
· Moncloa advierte de que lo llevará ante los tribunales por burlar la ley y por desobediencia al TC
El Gobierno estudiaba ayer la declaración de Artur Mas y las distintas vías a las que podría intentar acogerse para llevar a cabo el «sucedáneo» de referéndum independentista del 9 de noviembre. A la espera de que oficialice formalmente su decisión y desvele el marco legal al que se acoge, el Ejecutivo cree que todo apunta hacia un proceso en fraude de ley.
Mas concretó ayer sus planes para celebrar un acto alternativo el 9-N. Descartado el referéndum, prometió un «proceso participativo» y garantizó que habría «locales abiertos, 600 urnas, papeletas» y «20.000 voluntarios». Sin embargo, ni concretó cómo se hará ni convenció a ICV, la CUP y ERC. Esta última da por roto el pacto pero «intentará ayudar» en el proceso.