Antes, durante el largo y tortuoso camino hasta la configuración del Gobierno y, ahora, en sus primeras semanas de andadura se han hecho y dicho muchas tonterías. Pedro Sánchez tenía razón cuando acusaba a Alberto Nuñez Feijóo de que le costaba reconocer que había perdido las elecciones del pasado julio, pero desde este miércoles tendrá que asumir que él no las ganó.

Entre todas las tonterías que se han dicho destaca la exigencia de Junts de penalizar a las empresas que se fueron de Cataluña y no aceptan volver. No es sencillo de entender que quienes provocaron la huida de esas empresas, con el derribo de la seguridad jurídica, pidan tal castigo, mientras insisten en repetir su actuación en cuanto tengan la menor oportunidad. Desde luego así no obtendrán la vuelta pacífica de ninguna de ellas. Pienso que son conscientes de ello y por eso pretenden una vuelta ‘obligada’. Pero la idea no solo es ilegal, sino que también es absurda. Las empresas disfrutan de la libertad de establecimiento que les confiere el ordenamiento jurídico español y protege el europeo. Además, ¿de qué manera serán capaces de adivinar las intenciones reales de su marcha? ¿Cómo discriminar entre las que se hayan ido por la deriva del ‘procés’ independentista y las que lo hayan hecho por razones exclusivas de conveniencia empresarial? ¿Quién y cómo va a imponer los castigos?

Claro que podrían olvidarse de ellos y establecer incentivos para su vuelta. Pero esa idea no es novedosa. Todas las CC AA disponen de incentivos para la implantación de empresas en sus territorios, regulados por las leyes que tratan de impedir las ayudas de Estado y limitan su amplitud. Los partidos progresistas que forman el Gobierno de progreso y los más progresistas que le apoyan (?) han sido siempre muy beligerantes frente a las decisiones de la Comunidad de Madrid que calificaron sin piedad de ‘dumping’. Sea como sea, deberán reconocer en todo caso que siempre ha gastado ‘de lo suyo’.

¿Proponen ahora reproducir el mecanismo con el dinero de todos? Nadie lo sabe, pero el mero hecho de que el Gobierno se preste a discutir semejante majadería es ya un auténtico despropósito y que acepte revertir los artículos de la ley de sociedades de capital que aprobó el PP y que facilitaron los cambios de domicilio es incomprensible. La norma no obligaba al cambio, simplemente lo facilitaba. ¿Qué harán ahora? Dificultar los movimientos iría en contra de sus intereses, pues dificultaría también el retorno a Cataluña, mientras que toda medida destinada a poner trabas a las salidas se traduce de inmediato en una traba añadida a las llegadas. No sé, me da que esto es otra improvisación irreflexiva, fruto de las ‘apreturas’ de una mayoría (de progreso, claro) singular.

Por último, si Cataluña merece esas ayudas para restablecer su economía con los ingresos perdidos por culpa de sus actuaciones, ¿qué merecería el País Vasco que vio una salida similar –o quizás mayor en porcentaje–, durante muchos más años por culpa de un grupo terrorista que amenazaba y atacaba la integridad personal de los empresarios, además del patrimonio de las empresas? ¿Se piensa hacer algo al respecto o seguimos igual?