A la vez, la llegada de esas transferencias a lo largo del año encarrila las relaciones entre las dos administraciones. Sánchez se evita con este consenso confirmado ‘in extremis’ un serio sobresalto con el PNV, que había amagado con la ruptura del apoyo que le presta a su frágil legislatura de haber prosperado lo que consideraba a todas luces un incumplimiento de los compromisos asumidos con el País Vasco. Una posibilidad que de rebote podría haber tenido «efectos indeseables» en la estabilidad del Ejecutivo que Pradales lidera con el respaldo del PSE-EE.

Superado el atasco de los traspasos, la negociación de las transferencias pendientes, algunas de complejo encaje como la gestión de los aeropuertos, debería desarrollarse libre de ataduras tácticas de cualquier signo y de necesidades políticas, sean en Madrid o en Vitoria. El Estatuto vasco, como ley orgánica del Estado refrendada por una mayoría de la ciudadanía vasca, no puede ser utilizado como moneda de cambio en función de coyunturas, urgencias o mayorías parlamentarias cambiantes en cada cita con las urnas. Ni el Gobierno central lo puede instrumentalizar a conveniencia, en un momento en el que su presidente depende del aval de grupos minoritarios en el Congreso, algunos muy volátiles, ni el nacionalismo vasco puede plantear su negociación como un pulso permanente con el Estado. Las competencias son un compromiso y un derecho de todos los vascos, y una enorme responsabilidad para gestionarlas.