Mas y el delito sin castigo

Es indudable que la consulta popular anunciada por Ibarretxe sería ilegal, además de intolerable políticamente. Pero la convocatoria no tendría validez alguna desde el punto de vista jurídico y por eso mismo lo relevante no sería la celebración en sí de un referéndum virtual, sino las consecuentes decisiones que pudiera tomar el lehendakari. Es por ello que el fondo de la reforma puesta en marcha por Aznar es técnicamente muy discutible, aunque la convocatoria sea probablemente delictiva. De hecho, a Ibarretxe ya se le podría aplicar el artículo 506 del actual Código Penal que tipifica la usurpación de atribuciones como un delito castigado con penas de uno a tres años de cárcel, o incluso el de prevaricación, que lleva aparejada la inhabilitación. Por otra parte, cabe preguntarse si merece la pena elevar el listón de la amenaza proporcionándole un plus adicional de victimismo ante la ciudadanía vasca.

Editorial de El Mundo «Un propósito discutible, un camino equivocado», 29 de noviembre de 2003.

Es cierto que en un Estado de Derecho rige el principio según el cual el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. Sin embargo, no hay derecho –valga la redundancia– de que a estas alturas nadie –incluido Artur Mas– sepa si el referéndum ilegal anunciado en Cataluña conlleva o no sanción penal para los convocantes. ¿Tanto costaría preguntárselo al fiscal general del Estado?

Fíjense en el ejemplo del siempre estimulante diario El Mundo: sin duda, hay que alegrarse de que a su director –a diferencia de lo que se escribió en su diario hace nueve años– ahora le parezca que

no es proporcional que una iniciativa encaminada a la destrucción del Estado, cuyo mero enunciado ya supone, según Rajoy, un torpedo contra el bienestar de los ciudadanos, pueda quedar saldada con una multa de unos pocos miles de euros y un par de años de inhabilitación cuando el fulano en cuestión ya esté pensando en retirarse.

El problema está en que el Sr. Ramírez ahora sólo tiene en mente –tal y como él mismo señalaba en su antepenúltima carta dominical– el delito de desobediencia tipificado en el artículo 410, pensado –ciertamente– para supuestos muy diferentes a este. Olvida, sin embargo, los delitos de usurpación de atribuciones y prevaricación, ambos plenamente vigentes, de los que nos hablaba el editorial de su diario hace nueve años, poco antes de que Aznar tratara de elevar el listón de la disuasión, un listón que tumbaría Zapatero al poco de llegar al Gobierno.

Esta confusión, que destila falta de seguridad jurídica, aun es más notoria en el seno del propio PP y del Gobierno. Aznar ha advertido «reproche penal», pero sin concretar delito ni pena. Cospedal, por su parte, ha insinuado la posibilidad de suspender la autonomía de Cataluña, en aplicación del artículo 155.1 de la Constitución. Sin embargo, el ministro de Justicia, Ruiz Gallardón, ha sugerido una aplicación individualizada de dicho artículo: no sería la autonomía lo que quedaría en suspenso, sino sus actuales y concretos representantes.

Que conste que yo de este Gobierno no me creo nada, y tengo la convicción –ojalá pudiera contribuir a equivocarme– de que Rajoy no va a hacer nada más que dejar sin efecto jurídico el resultado del referéndum, pero preservando la impunidad de sus convocantes. Rajoy va a volver a situar a Mas por encima de esa ley que, cuando se trata de otros mortales, sí castiga la desobediencia. Rajoy ya lo ha hecho en el caso de la clamorosa negativa del nacionalista a cumplir lo que los tribunales le han ordenado sobre su ilegal inmersión lingüística. Así, no es de extrañar que Mas se jacte y asegure: «No nos frenarán ni tribunales ni constituciones». Hombre, con Rajoy como freno, cualquiera se acelera.

Guillermo Dupu, LIBERTAD DIGITAL.COM 07/11/12