EL MUNDO 20/12/12
Crearán la Hacienda y la Seguridad Social propias y asumirán Justicia e Infraestructuras.
En el auditorio del Parlament, el mismo lugar en el que hace seis años José Montilla y Josep Lluís Carod-Rovira sellaron el segundo tripartito, firmaron ayer el líder de CiU, Artur Mas, y el de ERC, Oriol Junqueras, un acuerdo para gobernar Cataluña la próxima legislatura que pretende «garantizar la transición nacional» o, lo que es lo mismo, que recoge una serie de herramientas para echar al Estado de Cataluña el año que viene y preparar así el referéndum independentista que ambos partidos pretenden celebrar en 2014.
Lo primero que hará el nuevo Ejecutivo catalán, que iniciará su andadura la semana que viene, es «desplegar la Administración Tributaria catalana». Mas ya reivindicó durante la pasada legislatura que Cataluña tuviese una Hacienda propia. Era uno de los puntos esenciales de su famoso pacto fiscal, que exigió a Mariano Rajoy y que éste le negó, precipitando el final de la legislatura y las elecciones anticipadas.
Lo que pretenden CiU y ERC es que Cataluña disponga de esa Hacienda propia, al margen de la española, que se encargue de la gestión, inspección y recaudación de todos los tributos que se devenguen en esta comunidad. El pacto firmado ayer determina que este nuevo organismo sea «efectivo» en 2013.
Además, el nuevo Ejecutivo diseñará «la Administración y la Tesorería de la Seguridad Social catalana para garantizar la percepción futura, en cualquier caso, de las pensiones y las prestaciones por desempleo a los catalanes».
El acuerdo también contempla que Cataluña tenga su propia banca pública. Por eso, el Govern «impulsará» la transformación del Institut Català de Finances (ICF) en «el banco público de Cataluña».
Además de estas tres estructuras básicas para la economía de un estado independiente, el pacto prevé despojar al Estado de presencia en otros ámbitos como la Justicia, la seguridad o las infraestructuras. Por eso, CiU y ERC planean «asumir las funciones y el desarrollo de las estructuras de la Administración de Justicia de Cataluña», lo que en la práctica podría traducirse en la conversión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en la última instancia judicial en esta comunidad, eliminando así la posibilidad de que los catalanes puedan recurrir al Tribunal Supremo.
La Generalitat impulsará también la Ley de Policía de Cataluña, «adaptando el cuerpo de los Mossos d’Esquadra». El pacto no da más detalles sobre esta futura normativa, pero CiU y ERC preveían en sus programas electorales dar mayores competencias a los Mossos, como la de expedir pasaportes y DNI, con idea de eliminar la presencia de la Guardia Civil y la Policía Nacional de Cataluña.
También redactarán un plan para asumir la gestión, transporte y distribución de la energía y el agua, pues uno de los principales temores del independentismo es que el Estado pueda dejar sin luz a los catalanes en caso de declararse la secesión. En la misma línea, la nueva Generalitat planea quedarse con los aeropuertos, puertos y ferrocarriles del Estado.
Nacionalistas y republicanos han pactado también rediseñar el mapa político catalán creando una nueva organización territorial que convierta en historia a las provincias y deje paso a las vegueries. Por último, el Govern creará una administración electoral, que será la encargada de «asegurar la correcta celebración de la consulta». Y es que el fin último de ese acuerdo de gobernabilidad cerrado ayer es celebrar un referéndum independentista a más tardar en 2014.
El pacto prevé la creación de varias comisiones entre CiU y ERC para hacer un seguimiento de su desarrollo. También incluye la creación, a petición de ERC, de una batería de nuevos tributos para tratar de paliar los recortes previstos para 2013, que se cifran en 4.000 millones de euros. Por último, los republicanos han conseguido que CiU afloje en su lucha contra el déficit y que se comprometa a modificar la Ley Presupuestaria para amplíe el objetivo de déficit.
EL MUNDO 20/12/12