EL CONFIDENCIAL 22/06/17
Inquietud entre los líderes independentistas por la responsabilidad patrimonial en la que pueden incurrir por sus acciones. El Tribunal de Cuentas, a instancias de una denuncia de diversas asociaciones, está instruyendo una causa de “responsabilidad contable” contra Artur Mas, Francesc Homs, Irene Rigau y Joana Ortega que busca hacerles responsables de los 5,2 millones de euros que costó el 9-N. Un mal precedente para el presidente catalán, Carles Puigdemont y su Gobierno, que han presentado unos presupuestos que incluyen otros 5,8 millones para hacer la consulta del próximo 1 de octubre.
Sociedad Civil Catalana, Associació Civica y Cultural y Abogados Catalanes por la Constitución presentaron una denuncia ante el Tribunal de Cuentas por “responsabilidad contable” al haber organizado a sabiendas un referéndum ilegal. No se trata de un proceso penal, sino civil, que el Tribunal de Cuentas está instruyendo pero que incluye la responsabilidad patrimonial de los encausados. Por ello, tienen que hacer frente solidariamente a avales de 5,2 millones una vez que acabe la instrucción, la cual puede durar tres meses, más lo que quiera prorrogar el propio instructor. La cifra es un varapalo. Artur Mas, en su época de diputado, declaró un patrimonio de más de 600.000 euros. Rigau, también entonces declaró un patrimonio de más de 180.000 euros. En ambos casos la ley prevé que puedan ser embargados en caso de no presentar los avales que prevé el Tribunal de Cuentas.
Fuentes jurídicas conocedoras del caso han explicado que la Generalitat se ha personado al ser requerida por el Tribunal de Cuentas, para defender que no hay “responsabilidad contable”. Por su parte, la abogacía del Estado y la Fiscalía se han personado en la causa defendiendo lo contrario.
Otras fuentes legales cercanas a la Generalitat han apuntado que la presencia de la Abogacía del Estado puede viciar el proceso y que la misma sentencia que inhabilitató a Mas también falló que no había prevaricación. Y sin prevaricación puede resultar complejo demostrar “responsabilidad patrimonial”. Un fallo del Tribunal de Cuentas puede ser recurrido ante el Tribunal Supremo por la vía del contencioso-administrativo.
La desobediencia inquieta a la CUP pero lo que les quita el sueño a muchos consellers de la Generalitat del PDeCAT no es la desobediencia, sino los otros dos delitos que les pueden imputar en el proceso independentista que han iniciado los responsables políticos de la administración catalana: la malversación y la prevaricación, ya que ambos conllevan responsabilidad patrimonial. En este sentido, lo que pase en el Tribunal de Cuentas sienta un precedente para el actual Govern. Y el problema es que es igual, que ganen o pierdan: antes tienen que presentar avales personales o serán embargados. Es decir, arriesgan su patrimonio y el de sus familias.
Por ello se están estudiando fórmulas que permitan a los consellers que vayan a verse más implicados en la organización del referéndum preservar sus bienes y eludir la presión de la Fiscalía, según confirman fuentes políticas cercanas a la administración catalana.
Los consellers de ERC, a salvo
Estas mismas fuentes explican que este debate está en el entorno del PDeCAT y no en el de los consellers de ERC, que llevan el peso del día a día del gobierno. Esto se debe a que los primeros son los más implicados en la organización del referéndum, según el precedente en el Tribunal de Cuentas. Se trataría del propio Carles Puigdemont, de la consellera de Governació, Meritxell Borràs y la de Educació, Meritxell Ruiz. Todos del PDeCAT.
Estos consellers están más implicados en la organización del referéndum, que ya ha sido declarado ilegal de manera preventiva por el Tribunal Constitucional (TC). La fórmula que corre estos días por Palau de la Generalitat es el traspaso vía notarial de los bienes de los consellers que puedan verse más implicados –por la compra de material, contratación informática, apertura de colegios electorales, constitución de un censo base, etc– pero sin elevarlos al Registro de la Propiedad.
Sin embargo, esta situación de “impás jurídico” sólo puede mantenerse durante unos tres meses. Después de eso, un traspaso notarial a familiares o personas cercanas no sería reconocido por la Justicia, que embargaría los bienes igualmente al no existir constancia registral del mismo.
Los cargos más expuestos desde un punto de vista legal por la ejecución del referéndum son además de Puigdemont, las conselleras Borràs y Ruiz
Portavoces de presidencia han negado que Carles Puigdemont haya tomado este tipo de medidas con su patrimonio personal. Según la declaración de bienes del president en el portal de Transparencia de la Generalitat, Puigdemont cuando llegó al ejecutivo catalán tenía 280.000 euros en inmuebles, y 14.000 euros en otros bienes. En total, 294.000 euros, sobre los que se apoyan créditos por valor de 126.286 euros. Según consta en su declaración de patriomonio en el Parlament, esa cifra corresponde al 50% de una vivienda adquirida en 2003. También se explica que el presidente catalán es propietario de un Renault Megane Scenic.
Llegan tarde
Fuentes jurídicas consultadas aseguran que los planes de los conseller de la antigua CDC para proteger el patrimonio de las consecuencias legales del independentismo llegan tarde. Una vez fijado el referéndum el 1 de octubre, el plazo de tres meses se supera. Estas mismas fuentes aseguran, además, que el mecanismo tenía que haber sido una venta anticipada sus activos a sociedades instrumentales para luego ir diluyendo su participación en sucesivas ampliaciones de capital, con lo que al final no hubiesen tenido nada a su nombre.
Algunos consellers a los que se les ha propuesto este traspaso de bienes han declinado la invitación. En esencia porque podría verse agravada su responsabilidad legal, ya que el Estado podría añadir en su contra otros delitos como “alzamiento de bienes” o “fraude procesal”, en especial en aquellos casos en los que los afectados han hecho vehementes declaraciones a favor del referéndum o reafirmándose en su voluntad de llevarlo a cabo.
En todo caso, este debate ha causado malestar entre los altos cargos de la Generalitat, ya que estos estarían en la misma situación de indefensión que los consellers que les mandan. Ya el acto del 21 de abril en el que firmaron un centenar de altos cargos sentó cierto malestar, ya que el manifiesto que se firmó no fue ofrecido a los directores generales y secretarios con la debida antelación. Ante el referéndum, el alto funcionariado de la Generalitat va arrastrando los pies.