ABC 06/12/15
IGNACIO CAMACHO
· El PP se perfila como la única fuerza que puede alcanzar minoría de bloqueo para una reforma constitucional: 117 diputados
TODOS los años por el mes de diciembre, como los gitanos de Melquíades acudían a Macondo por el de marzo, la cuestión de la reforma constitucional vuelve a la opinión pública «con grande alboroto de pitos y timbales». En esta ocasión es la campaña electoral la que propicia un debate que puede convertir las próximas Cortes en constituyentes más o menos declaradas. Descartado por falta de respaldo el proyecto de nueva planta de Podemos, la revisión parcial de la Carta Magna se perfila como aspecto clave no sólo del fondo de la próxima legislatura sino acaso también de las negociaciones inmediatas para la formación de mayorías de Gobierno.
Ocurre sin embargo que las propuestas son difusas y están poco acabadas. Ciudadanos, que será fuerza determinante en cualquier acuerdo, apunta a las diputaciones, a la circunscripción electoral y al Senado. El PSOE, al modelo territorial y a algunos derechos sociales. Los nacionalistas, a la autodeterminación o al confederalismo. Podemos, a todo lo que pueda colar para aproximar España a un Estado de corte bolivariano. Y el PP… no apunta a ningún lado. No se opone pero no propone: lo suyo es un tal vez, un depende, un ya veremos. En ningún caso tomará la iniciativa; puro marianismo.
Sólo que los populares van a tener la carta marcada. Si no se descalabran en las urnas serán el único partido que cuente con minoría de bloqueo: 117 escaños, el mínimo para frenar cualquier reforma de los títulos principales, los que exigen procedimiento agravado. Eso los convertiría en factor clave, sin cuyo visto bueno no se podrán alterar los aspectos esenciales; un colchón político notable para asentar su tradicional posición de cautela. Sin prisa ni interés por abordar la cuestión, y con la llave del consenso en su bolsillo, Rajoy esperará; de él no va a salir el primer movimiento.
Sin embargo, de su disponibilidad para aceptar propuestas dependerán sus posibilidades de reelección, porque cualquier alianza de investidura se negociará con la Constitución sobre la mesa, y no sólo para jurarla sino para cambiarla. De tal modo que la legislatura va a necesitar constituir dos mayorías: una para gobernar y otra, mucho más amplia y transversal, para redactar el nuevo marco jurídico. El vigente alcanzó más del ochenta por ciento de respaldo; nadie sensato se conformaría con menos.
Eso son 280 diputados. En una previsión razonable, con las encuestas por delante, los que pueden sumar PP, PSOE y Ciudadanos. Cálculo tranquilizador; con ese bloque las aportaciones de la extrema izquierda y el nacionalismo tendrían que pasar un filtro de moderación inapelable. Si las matemáticas cuadran, quedará el calendario, que implica disolución de Cortes antes del referéndum. Y eso vuelve a vincular el asunto al pacto de gobierno y a su duración. Es decir, a la cuestión del poder, que en política es siempre lo que se discute primero.