El Correo-ANDONI PEREZ AYALA
Las elecciones del 28-A serán las terceras generales en poco más de tres años, lo que no había ocurrido nunca hasta ahora. Durante este singular trienio se han sucedido también dos legislaturas –la primera de ellas, muerta sin haber llegado a nacer, y la segunda, de apenas dos años y medio–; y, asimismo, se han sucedido dos gobiernos (tres si incluimos el Gobierno en funciones de casi un año de duración, desde las elecciones de diciembre 2015 hasta noviembre 2016) de distinto signo, bajo la dirección de Mariano Rajoy primero y de Pedro Sánchez después. Se trata, sin duda, del trienio más movido de toda nuestra vida política; al menos, por lo que se refiere a la apretada sucesión de elecciones, legislaturas y gobiernos en estos últimos años.
No son ajenos a esta inusitada agitación electoral e institucional los importantes cambios que se han producido en el sistema de partidos durante este último periodo, en el que, además de surgir nuevas formaciones políticas, las que ya existían se han visto obligadas a reubicarse en el nuevo mapa político, que a día de hoy no puede decirse que esté definitivamente cerrado. Lo que no solo ha originado sensibles cambios en la correlación de fuerzas entre los partidos, tanto entre los ya existentes como entre estos y los emergentes, sino que también ha dado lugar a cambios no menos importantes en el funcionamiento institucional; muy especialmente por lo que se refiere a las nuevas y difíciles relaciones entre las instituciones básicas del sistema parlamentario, como son el propio Parlamento y el Gobierno que emana de él.
Una de las novedades a destacar, como consecuencia de los cambios que se han producido recientemente en el sistema de partidos, es la dificultad para conformar mayorías que hagan posible la formación del Gobierno y, una vez formado, garanticen su continuidad. En el sistema de ‘bipartidismo imperfecto’ que ha venido funcionando hasta hace poco, la consecución de esas mayorías no planteaba mayores problemas; pero en el actual en gestación que, a falta de otra definición mejor, vamos a caracterizar como ‘pentapartito parlamentario’, las cosas se complican más. Así lo corroboran los hechos recientes, tanto por lo que se refiere a la caída del Gobierno de Rajoy tras la moción de censura (junio 2018) como a la reciente disolución de las Cortes por la falta de respaldo parlamentario para aprobar los Presupuestos del Estado.
En estrecha relación con estas dificultades sobrevenidas para conseguir articular las mayorías parlamentarias que garanticen la estabilidad institucional, es preciso hacer una referencia a la naturaleza plural que estas han de tener obligadamente en las condiciones actuales. A diferencia de la situación que ha venido dándose hasta ahora, en la que bastaba la decisión de un solo partido, coincidente con el que formaba Gobierno, para proporcionar a este respaldo parlamentario, en lo sucesivo los apoyos necesariamente van a tener que ser plurales y van a exigir contar con la colaboración, en la forma y en los términos a acordar, de dos o más fuerzas políticas. Ello, lógicamente, plantea problemas adicionales para cerrar acuerdos entre las distintas formaciones políticas integrantes de la nueva mayoría parlamentaria plural.
Un importante factor a tener muy en cuenta, ya que en ello radica la calidad democrática de los procesos electorales, es la necesidad de asentar esa mayoría parlamentaria, ahora necesariamente plural (es preciso insistir en ello), en un programa común de gobierno o, en su caso, de legislatura. Ello implica avanzar propuestas programáticas en este sentido y exponerlas públicamente para poder ser contrastadas –la campaña electoral ofrece una buena oportunidad para hacerlo– por más que nadie haya dedicado hasta ahora a este asunto la atención debida. Es esta una de las principales lagunas que está teniendo el desarrollo de la precampaña electoral, en la que las cuestiones programáticas y el debate sobre ellas, no son precisamente los temas que están marcando la pauta.
Más que la composición del Gobierno, que es lo que en todas las elecciones suele centrar la atención de los círculos políticos y, sobre todo, de los mediáticos, lo realmente determinante para la estabilidad institucional, especialmente en un sistema parlamentario como es nuestro caso, es la cohesión de la mayoría parlamentaria que lo respalda ya que, sin ella, no es posible garantizar la continuidad del Gobierno. Esta es precisamente la principal enseñanza que es preciso extraer de nuestra propia experiencia reciente, en la que la actual legislatura ha tenido que ser interrumpida prematuramente, tras la imposibilidad de sacar adelante los Presupuestos como consecuencia de la falta de una mayoría parlamentaria que garantizase la continuidad del Ejecutivo.
La novedad de la situación en la que nos encontramos, en especial por lo que se refiere al nuevo mapa político en gestación y a sus repercusiones en las relaciones entre el Parlamento y el Gobierno, hace que sea muy difícil avanzar cualquier previsión fundada al respecto (más aun sin conocer los resultados electorales, que nos pueden deparar sorpresas; como en Andalucía, por ejemplo, por mencionar la última cita con las urnas). Lo que sí se puede (y se debe) prever, en cualquier caso, es que si persiste la situación que se ha venido dando durante este último trienio, en el que no ha sido posible conformar mayorías parlamentarias estables sobre la base de unas propuestas programáticas comunes, lo único que está asegurado es la precariedad institucional y, como consecuencia lógica de ella, la continuación de la sucesión de legislaturas, de gobiernos… y probablemente de nuevas elecciones.