El presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, hizo ayer viernes lo que no ha hecho ningún otro responsable del resto de administraciones y agencias implicadas en la catástrofe del 29 de octubre, incluida la ministra de Transición Ecológica Teresa Ribera: dar largas y detalladas explicaciones públicas en las Cortes Valencianas sobre la gestión de una crisis que suma ya 216 muertos y 16 desaparecidos.
La cronología descrita por Mazón coincide con la elaborada por EL ESPAÑOL tras dos semanas de investigación, y apunta en dirección a una negligencia de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), que omitió en quince ocasiones la alerta por escrito que exige su protocolo durante la hora y media clave de la crecida del barranco del Poyo.
A la inexplicable e inexplicada omisión de la CHJ se suma además la paralización en 2021 de las obras previstas para el encauzamiento y drenaje del barranco, que la propia CHJ consideraba «prioritarias» para reducir el riesgo de inundabilidad de la zona.
Como ha pedido EL ESPAÑOL, Teresa Ribera debe aclarar con especial detalle estos dos puntos el próximo miércoles en el Congreso de los Diputados. Ambos son, desde el punto de vista de este diario, más graves que los errores de juicio de Mazón al no haber pedido la declaración de la emergencia nacional o al haber centrado su atención en la posible rotura de la presa de Forata, inducido por el «vacío informativo» de la CHJ.
Pero es el segundo eje de la intervención de Mazón, el de la reconstrucción de la zona afectada, el que más interesa hoy a los valencianos de a pie.
Mazón ha anunciado una reestructuración de su Gobierno, que incluirá la creación de una Vicepresidencia para la Recuperación Económica y Social, y que se encargará de coordinar «la reconstrucción de Valencia y de la Comunitat Valenciana».
Esta Vicepresidencia se hará cargo tanto de la gestión de los fondos europeos como del impulso del empleo en la comunidad. También del «apoyo a pequeñas y medianas empresas», así como de «la promoción del cooperativismo y la innovación».
Mazón creará asimismo una nueva cartera para la gestión de emergencias, la Consejería de Emergencias e Interior, que se encargará de reforzar la prevención frente a catástrofes como la del pasado 29 de octubre. Junto a la de la prevención, la segunda gran tarea de esta nueva Consejería será la elaboración de los protocolos de respuesta y auxilio frente a crisis como la actual.
Mazón ha hablado también del fomento de una «cultura de la emergencia», algo en lo que España entera debe avanzar para alcanzar un grado de concienciación similar al existente entre los ciudadanos de Estados Unidos.
El presidente de la Generalitat valenciana ha hablado finalmente de ocho medidas financieras concretas.
La primera, ayudas directas de hasta 6.000 euros por vivienda, y de hasta 800 euros para el alquiler de viviendas mientras se rehabilitan los edificios dañados.
La segunda, la ampliación de la renta valenciana de inclusión.
La tercera, contratos de emergencia para que los centros públicos que han resultado dañados puedan seguir operando con normalidad.
La cuarta, deducciones fiscales para los afectados, y que van desde la deducción del 100% de los gastos relacionados con los daños en la vivienda habitual hasta una deducción del 45% en inversiones para la creación o ampliación de empresas, o una bonificación del 50% en el impuesto de sucesiones y donaciones.
La quinta, la exención del canon de saneamiento.
La sexta, veinte millones de euros para la reparación de caminos rurales.
La séptima, cien millones de euros para la reconstrucción de carreteras, puentes y la red de Metrovalencia.
Y la octava, 431.970 euros para contratos de emergencia destinados a la restauración de servicios eléctricos dañados por la Dana.
Mazón, en resumen, ha dado explicaciones sobre lo sucedido en las horas críticas de la crecida, ha asumido su parte de responsabilidad en la crisis y ha anunciado la reestructuración de su Gobierno para la reactivación de la actividad económica y social en la Comunidad Valenciana.