Emilio Contreras-El Debate
  • El Gobierno ha puesto todas sus cartas en ganar la batalla del relato. De ahí, su ejército de asesores. El resultado es que su estrategia de comunicación funciona, y la capacidad de reacción y réplica de la oposición, no

Si Carlos Mazón estuvo ilocalizable durante dos horas y esa ausencia agravó los efectos de la tragedia de la dana en Valencia el 29 de octubre, es algo que deberán determinar los jueces y los ciudadanos enjuiciar con su voto en las próximas elecciones.

Pero la historia no acaba aquí. Al día siguiente de la catástrofe un helicóptero sobrevoló la zona y se pudo conocer la magnitud de la devastación. «Un millón de españoles nos sentimos desamparados. Los cuatro primeros días fueron nefastos. Los únicos que aparecieron allí fueron algunas empresas y muchísimos voluntarios», dijo el empresario Juan Roig. Los datos de la devastación son pavorosos: 54.000 empresas afectadas, 350.000 trabajadores, 51.000 autónomos, 60 polígonos industriales, 100.000 vehículos, 10.000 vehículos pesados; un tercio de la actividad económica y laboral de Valencia. Y el coste de la reconstrucción se ha valorado en 18.000 millones.

El día de la catástrofe, el presidente del gobierno estaba de viaje en la India y no adelantó su regreso. Cuatro días después, el 2 de noviembre, Pedro Sánchez afirmó en unas declaraciones trasmitidas a todo el país: «Si (la Generalitat) necesita más ayuda, que la pida».

El mensaje del presidente trasladó una imagen de distanciamiento e inhibición tras la dana que iba más allá de la falta de reflejos. Apuntó a un frío cálculo político porque erosionar al gobierno autonómico del PP le parecía más rentable que socorrer a la población. No hay precedentes de que se haya castigado a una parte de la ciudadanía para intentar beneficiarse electoralmente de una catástrofe.

Es criticable el retraso de horas de las autoridades valencianas, pero es indefendible que cuatro días después de conocerse los daños devastadores, el presidente se presentara como un espectador subsidiario, casi como el agente de una compañía de seguros, cuando lo lógico habría sido liderar la ayuda tras la catástrofe porque desde el momento primero fue evidente que la Comunidad Autónoma no disponía ni de lejos de los medios materiales ni humanos para hacer frente a tanto daño y desolación. Y aunque el 2 de noviembre no se conocían las cifras concretas, lo que en aquellos cuatro días vimos en televisión era la imagen de una devastación desconocida.

No fue un daño puntual, fue un daño nacional que requería los medios humanos, materiales y técnicos de los que únicamente dispone el gobierno de la nación. Pero las ayudas comenzaron a llegar con cuentagotas. Sin embargo, el mensaje lanzado desde entonces por el gobierno y sus palmeros es que la responsabilidad única de lo que se hizo mal o no se hizo es exclusiva del gobierno popular de la Comunidad Valenciana, mientras que al gobierno de Pedro Sánchez lo han dejado fuera de foco y exculpado. Dos horas de retraso pesan más que cuatro días de inacción. Y esa, no nos engañemos, es la imagen que ha prevalecido en buena parte de los medios y en el debate político.

¿Por qué? Porque la estrategia de comunicación gubernamental ha funcionado, y la capacidad de reacción y réplica de la oposición, no.

Hay más ejemplos. El gobierno está lanzando la idea de que, gracias a sus pactos, la vida política en Cataluña se ha serenado, algo que no es cierto. Lo que ha ocurrido es que la táctica de cesión de Pedro Sánchez a los separatistas les ha hecho cambiar de estrategia para conseguir la independencia; arrancan competencias y arañan más dinero hasta que el Estado quede inerme y la separación de España caiga como fruta madura. Nos ponen como prueba de su éxito el supuesto regreso a Cataluña de muchas de las más de 5.000 empresas que salieron en estampida desde octubre de 2017. Algo rotundamente falso porque sólo han vuelto seis. Se nos dice que la Caixa ha regresado, pero sólo han vuelto la Fundación la Caixa y Criteria; CaixaBank, el banco donde muchos catalanes tienen depositados miles de millones, mantiene su domicilio social en Valencia en la calle Pintor Sorolla, 2 y 4. Sin embargo, ha calado la idea de que CaixaBank ha vuelto a Cataluña. Yo lo he leído en un titular de un muy importante periódico catalán.

¿Por qué? Porque las estrategias de comunicación gubernamental y separatista han funcionado y la réplica de la oposición, no.

El PSOE pacta con el prófugo Puigdemont, que dio un golpe al Estado, y con los herederos de ETA en el Congreso, en Navarra y les entrega la alcaldía de Pamplona, pero consigue mantener esos pactos fuera del debate político y desviarlo a los pactos del PP con Vox.

¿Por qué? Porque la estrategia de comunicación socialista funciona y la otra, no.

Aunque no todo está perdido. A pesar del evidente desequilibrio de estrategias de comunicación, hay un hecho: todos los sondeos —con la excepción, claro, de los del CIS— sitúan al PSOE con una intención de voto inferior a los 121 diputados que ahora tiene, y a la izquierda lejos de seguir en el poder.

Siete años después, nadie puede negar el desgaste del Gobierno, agravado por los escándalos de su entorno más próximo. Pero Sánchez aspira a ganar la batalla del relato con un ejército de asesores sin precedentes. La cuestión es si la estrategia de comunicación del Gobierno se acabará imponiendo otra vez sin que nadie le haga frente, o si se impondrán el olfato, la memoria y el sentido común de los españoles. No es resignación, es realismo.

  • Emilio Contreras es periodista