ANTONIO CASADO-EL CONFIFENCIAL
Los guardianes de las esencias escuchan la voz de Jehová a través del profeta Ezequiel: “El hijo no llevará la iniquidad de su padre, porque hizo justicia y guardó mis ordenanzas”
Confidente, amigo, compañero de armas y paño de lágrimas en el momento más difícil de su vida, el Rey emérito no da un paso sin consultar con el exdirector del CNI Félix Sanz, retirado tras una larga y fecunda hoja de servicios al Estado.
De esa castrense complicidad brota el recado de que don Juan Carlos nunca hará como Puigdemont. “Siempre estará a disposición de la Justicia”, te dicen sus allegados, aunque no se descarta que salga de España ocasionalmente solo por mejor sobrellevar la presión ambiental y, sobre todo, la angustiosa sensación de haberse quedado solo. Todos le dan la espalda: el Gobierno, la Casa Real, los medios de comunicación y su propia familia. Lo paradoja habita en su modo de expresarlo: “Me quieren echar de España”.
De pronto, los guardianes de las esencias se han puesto a escuchar la voz de Jehová plasmada en la Biblia por el profeta Ezequiel: el hijo no cargará con los pecados del padre. “El hijo no llevará la iniquidad de su padre, porque el hijo hizo justicia y guardó mis ordenanzas”, según la doctrina bíblica que inspira la posición oficial del Gobierno, las fuerzas de políticas de inequívoca adhesión constitucional, la Casa Real y el mayoritario sentir de la ciudadanía, frente a los 65 millones de insultos de Juan Carlos I al pueblo soberano. Pie en pared para impedir la pegajosa sensación de que la reprobable conducta personal del padre puede tumbar al hijo. Dos perfiles diferenciados, dos personalidades completamente distintas y la capacidad de la sociedad para distinguirlas.
Durante los seis años transcurridos desde la abdicación del padre, el hijo ha hecho frente a problemas de extraordinaria relevancia. Superó momentos muy difíciles y dejó muy documentadas pruebas de respeto al orden constitucional en el ejercicio de sus funciones. Incluso por encima de los vacíos legales del ordenamiento.
Recordemos el propio relevo en la jefatura del Estado a partir de un lamentable limbo jurídico (2014), la brutalidad del reto segregacionista en Cataluña (2017) o las inéditas situaciones políticas de ingobernabilidad (2016) o gobiernos de coalición (2019). Amén de los dolorosos problemas familiares (su hermana, la infanta Cristina, su padre, Juan Carlos I), respecto a las que siempre marcó distancias en nombre de la ejemplaridad, la transparencia y la igualdad ante la ley.
Antes de que el fiscal Bertossa alimente la sensación de que la Justicia suiza nos madruga en el lavado de los trapos sucios del exrey, miremos a la Fiscalía del Tribunal Supremo. Es el órgano llamado a “promover la acción de la Justicia en defensa de la legalidad” y, hoy por hoy, la clave de nuestra credibilidad como sistema que consagra el mencionado principio de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley.
El aforamiento de don Juan Carlos no le exime de ser juzgado si el correspondiente proceso indagatorio, ya puesto en marcha por la Fiscalía, detecta indicios delictivos de carácter tributario que pudieron cometerse una vez perdida la inviolabilidad en junio de 2014. La ocultación de ingresos a la Hacienda Pública a partir de esa fecha parece clara.
En cambio, no encaja la relación entre los famosos 100 millones de dólares (64,8 millones de euros) y la supuesta retribución saudí en comisiones del AVE, porque esa ‘donación’ se produjo tres años antes de la adjudicación de las obras del AVE a La Meca. Algo que ya quedó claro judicial y políticamente. La Audiencia Nacional archivó en su día las actuaciones y el entonces director del CNI, Félix Sanz, lo explicó en la comisión de secretos oficiales.