EL CONFIDENCIAL – 20/11/16
· Muchos casos fueron archivados meses después del atentado y la Fiscalía no ha ordenado diligencias a pesar de habérselo pedido la Fundación de Víctimas del Terrorismo.
A finales de 2011, la Fundación Víctimas del Terrorismo remitió a la Fiscalía de la Audiencia Nacional un listado de asesinatos cometidos por la banda terrorista ETA que aún no habían sido enjuiciados. Todos ellos se habían quedado atascados en el alto tribunal apenas unos pocos meses después los atentados. Los juzgados centrales abrieron entonces diligencias, pero estas no sirvieron para nada debido fundamentalmente a que la Policía y la Guardia Civil no encontró pistas para avanzar.
La iniciativa de la fundación era la primera que se hacía con el fin de volver a impulsar unos casos que, en el caso de no volverse a retomar, corrían el riesgo de prescribir, cosa que ocurre a los 20 años de la comisión de los asesinatos. La práctica de diligencias interrumpe estos tiempos, pero el problema es precisamente ese, que en la mayoría de los procedimientos sobre los que advirtió la fundación apenas se han llevado a cabo nuevas pesquisas. La Fiscalía, encabezada por Javier Zaragoza, acogió el listado con aparente interés inicial, pero la realidad es que al final casi no ha actuado.
En concreto, en relación con los atentados cometidos entre 1986 y 1996, más de medio centenar han prescrito o se encuentran en riesgo de hacerlo en las próximas fechas, ya que no han sido objeto de diligencia alguna desde que fueron cerrados, ya sea provisional o definitivamente a los pocos meses de abrirse. Es el caso, por ejemplo, del asesinato de Luis Reina Mesonero, un pescadero de Bilbao que el 12 de septiembre de 1989 recibió un paquete bomba a su nombre. El hombre cogió el bulto del buzón de su portal, pero no veía ni oía bien debido a las secuelas que le había dejado una embolia previa, por lo que lo acercó a sus ojos con el fin de leer quién lo remitía. En ese momento, explotaron los 200 gramos de explosivo, que le arrasaron la cabeza y destrozaron incluso parte del portal.
ETA confesó a través de un comunicado publicado en el diario Egin 11 días después que había sido la autora del asesinato, pero lo calificó de una «equivocación» y un «error irreparable», ya que la víctima no era objetivo de los terroristas, que –según dijeron– se habían confundido con un policía nacional que tenía el mismo nombre que el pescadero. El atentado provocó la apertura de unas diligencias en la Audiencia Nacional que fueron archivadas mediante un sobreseimiento provisional apenas cinco meses después. Hoy por hoy, por lo tanto, la Fiscalía no tiene la más mínima idea de quién pudo cometer aquella tropelía ni ha practicado diligencia alguna durante estos últimos cinco años (desde que la Fundación de Víctimas le presentó la mencionada lista) para resolver el caso.
Con el fin de conocer con exactitud el número de procedimientos que se encuentran en esta situación, la asociación Dignidad y Justicia solicitó este viernes –tanto a través del Portal de Transparencia como mediante un envío por correo al Ministerio de Justicia– información oficial sobre el número exacto de casos que la Fiscalía ha dejado prescribir «por falta de impulso procesal» durante estos últimos años. Además, la plataforma de víctimas ha reclamado información sobre en cuántos de esos procedimientos el Ministerio Público ha presentado algún escrito durante el último año para activar la investigación.
Más de medio centenar de atentados cometidos entre 1986 y 1996 han prescrito o se encuentran en riesgo de hacerlo en las próximas fechas.
Dignidad y Justicia estima que puede haber hasta 75 casos prescritos o en riesgo de prescribir por la inacción de la fiscalía y a pesar de la llamada de atención de la Fundación de Víctimas y que existen bastantes posibilidades de que en alrededor de medio centenar ya haya pasado el plazo y estén extinguidos sin posibilidad de reactivarlos. Entre esta lista de casos que podrían no resolverse jamás, que la asociación ha adjuntado a su petición administrativa, se encuentra el asesinato del guardia civil jubilado Juvenal Villafañe García, que murió el 16 de septiembre de 1993 después de que explotara una bomba instalada por ETA en los bajos de su coche en cuanto el subteniente activó la llave de contacto.
La explosión lanzó al hombre, de 78 años, fuera del vehículo y con las dos piernas completamente destrozadas. Villafañe García dejó tres hijas huérfanas, vivía desde hacía 30 años en el cuartel de la Guardia Civil en Andoáin (Guipúzcoa) y, tras su jubilación, se dedicó a gestionar licencias de caza y pesca a los vecinos del pueblo, que le conocían como el Sargento. El caso fue archivado definitivamente el 13 de abril del año pasado porque había prescrito. Algo similar a lo que ocurrió en el procedimiento abierto para resolver el caso de los dos guardias civiles asesinados a tiros en el ‘parking’ de un supermercado de Oiartzun (Guipúzcoa) el 17 de agosto de 1992, Juan Manuel Martínez Gil y José Manuel Fernández Lozano, de 25 y 23 años respectivamente. Un auto del 25 de noviembre de 2013 decretó la prescripción del asunto respecto al etarra miembro del comando Donosti Juan Antonio Olarra Guridi, del que se sospechaba.
En situaciones parecidas se encuentran las investigaciones abiertas para esclarecer la muerte del vendedor ambulante Manuel Echevarría Echevarría, un hombre de 44 años que murió el 21 de marzo de 1991 tras el estallido de una bomba que había sido adosada a su furgoneta cuando esta se encontraba aparcada junto a una guardería. El caso fue cerrado apenas unos días después, ese mismo mes, por falta de pruebas. Dignidad y Justicia pretende conocer si la Fiscalía ha presentado algún escrito para impulsar este y otros 75 procedimientos, entre los que también está el atentado que hirió a Irene Villa el 17 de octubre de 1991.
Dignidad y Justicia solicitó al Portal de Transparencia el número exacto de casos que la Fiscalía ha dejado prescribir durante estos últimos años.
Ese día, ETA colocó tres bombas en el barrio madrileño de Aluche. Una mató al teniente Francisco Carballar Muñoz; la segunda hirió a la funcionaria de la comisaría de Policía de Los Cármenes María Jesús González Gutiérrez y a su hija Irene, que perdió las piernas; y la tercera casi acaba con la vida del comandante del Ejército Rafael Villalobos y de su hermana. Las diligencias abiertas por la Audiencia Nacional ese mismo día apenas duraron un mes activas, ya que fueron archivadas en noviembre de ese mismo año.
La muerte de la mujer de 73 años que perdió la vida durante el atentado contra José María Aznar el 19 de abril de 1995 Margarita González Mansilla, la del empleado de una subcontrata de Telefónica José Luis Luengo Martínez el 29 de septiembre de 1992, el asesinato del policía Ricardo González Colino el 14 de septiembre del mismo año, el de Coro Villamudira –hija de un policía– el 15 de abril de 1991 o el de decenas de empresarios, policías, guardias civiles, políticos y militares que dejaron este mundo por culpa de ETA entre 1986 y 1996 se encuentran en la lista de 75 casos sin resolver con riesgo de prescribir o prescritos presentada por Dignidad y Justicia que pone en evidencia el trabajo de la Fiscalía de la Audiencia Nacional en este campo.
EL CONFIDENCIAL – 20/11/16