España se encuentra en un punto de inflexión que trasciende la mera alternancia política para adentrarse en una redefinición de su identidad estratégica. Una redefinición que implica su alejamiento del núcleo atlántico y europeo para aproximarse a un polo que combina el autoritarismo eficiente con el populismo de izquierda.
La cuarta visita oficial del presidente Pedro Sánchez a China en apenas cuatro años, programada del 11 al 15 de abril de 2026 para reunirse en Pekín con Xi Jinping y Li Qiang, no es un viaje de cortesía rutinario, sino un paso calculado hacia la consolidación de una «confianza estratégica mutua» en materia de inversión y tecnología.
Apenas cuarenta y ocho horas después de este encuentro en territorio asiático, los días 17 y 18 de abril, el presidente acogerá en Barcelona la cumbre Global Progressive Mobilization junto a invitados como Claudia Sheinbaum, Luiz Inácio Lula da Silva, Gustavo Petro y Yamandú Orsi, reforzando un mensaje inequívoco de búsqueda de un nuevo eje geopolítico alejado de las capitales tradicionales de Occidente.
Esta deriva resulta profundamente equivocada y peligrosa para una nación soberana y miembro fundador de la Unión Europea y la OTAN, cuyo lugar natural debe estar irrevocablemente al lado de las democracias liberales.
Por muy imperfectas que sean o sumidas en crisis que estén, las democracias liberales occidentales operan bajo reglas fundamentales de rendición de cuentas, separación de poderes y libertad de expresión que son sistemáticamente ignoradas en Pekín o Teherán, así como en los regímenes semiautoritarios latinoamericanos que la Moncloa parece haber elegido como socios preferentes.
Mientras que a las democracias se las puede criticar y corregir desde dentro gracias a sus contrapesos institucionales, a las dictaduras y populismos iliberales se les permite lo que en Occidente sería inaceptable: vigilancia masiva, represión selectiva, corrupción sistémica o una alarmante tolerancia con el crimen organizado.
El coste de esta elección estratégica ya es visible y cuantificable en el ámbito de la defensa, donde Sánchez se ha erigido en el disidente crónico de la Alianza Atlántica.
En la cumbre de La Haya de junio de 2025, España fue el único de los treinta y dos aliados que rechazó frontalmente el nuevo objetivo del 5% del PIB en gasto militar propuesto por Donald Trump y respaldado por la gran mayoría de los socios.
Al mantener la inversión en torno al 2,1%, el Gobierno prioriza un determinado «modelo social», más propagandístico que real, a expensas de la capacidad de disuasión colectiva, enviando una señal de debilidad en un momento de máxima volatilidad global.
Esta tensión alcanzó un punto crítico en marzo de 2026, cuando el Ejecutivo denegó el uso de las bases de Rota y Morón para operaciones estadounidenses e israelíes contra las amenazas de Irán.
Esta decisión no sólo obligó al Pentágono a retirar sus aviones cisterna KC-135, sino que transformó a España de un aliado fiable en un condicionante estratégico, provocando amenazas de aranceles y recortes comerciales por parte de Washington que ponen en riesgo la estabilidad de nuestra economía.
La misma lógica de aislamiento y divergencia se manifiesta en el seno de la Unión Europea, donde España aparece cada vez más como el eslabón débil del flanco sur.
Mientras que Francia y Alemania, bajo los liderazgos de Emmanuel Macron y Friedrich Merz, impulsan una «autonomía estratégica» que busca reforzar el pilar europeo de defensa sin fracturar la relación con la OTAN, España opta por frenar el rearme colectivo y oponerse al endurecimiento necesario del Pacto Migratorio.
Un ejemplo claro de esta desconexión ocurrió en enero de 2026, cuando el Gobierno aprobó por decreto la regularización extraordinaria de más de medio millón de migrantes irregulares.
Esta medida, presentada bajo una retórica humanitaria y económica, choca frontalmente con el consenso alcanzado en Bruselas sobre la necesidad de retornos más rápidos y la externalización de fronteras para preservar la integridad del espacio común.
Para las instituciones europeas, este tipo de decisiones unilaterales genera un riesgo sistémico de «efecto llamada» que sobrecarga los sistemas de bienestar de todo el continente.
La confrontación abierta con potencias como Estados Unidos e Israel, que garantizan la seguridad del Atlántico Norte y son socios comerciales de primer orden, constituye un error estratégico que compromete el interés nacional.
Israel, a pesar de las críticas legítimas que puedan suscitar sus acciones en Gaza o Líbano, forma parte del frente común contra amenazas compartidas como el islamismo radical y el expansionismo iraní.
Romper puentes con estos aliados históricos para, en su lugar, legitimar con su presencia a líderes como Claudia Sheinbaum es una apuesta de alto riesgo.
El mandato de Sheinbaum en México convive con niveles récord de violencia bajo la política de «abrazos no balazos» y graves acusaciones de infiltración del narcotráfico en las instituciones.
Además, la retórica antioccidental de Gustavo Petro en Colombia inquieta a cualquier observador comprometido con los valores del liberalismo democrático.
España no obtiene ningún beneficio tangible alineándose con un eje donde China exporta tecnología de vigilancia masiva a regímenes represivos, Irán financia proxies terroristas y los populismos latinoamericanos erosionan desde dentro el Estado de derecho.
El Gobierno debe rectificar de inmediato su rumbo, entendiendo que el interés nacional no reside en un multilateralismo retórico ni en el abrazo ideológico al Sur Global autoritario.
La verdadera soberanía y prosperidad de España dependen de una defensa robusta de la Unión Europea, la OTAN y la alianza transatlántica. Como ha demostrado la historia del siglo XX, las democracias, por imperfectas que parezcan, son infinitamente superiores a cualquier dictadura, por muy eficiente que pretenda mostrarse en su propaganda o sus infraestructuras.
España merece, y necesita con urgencia, un liderazgo que comprenda esta realidad antes de que el aislamiento internacional sea irreversible.