La economía española continúa con la emisión de buenas noticias. Ayer le tocó de nuevo al empleo, con los datos correspondientes al mes de julio pasado. Nada menos que 91.000 nuevos afiliados a la Seguridad Social y un descenso del paro de 197.800 personas. Todos los sectores presentan datos en positivo, pero es el de los servicios el que carga con la responsabilidad del avance, pues es quien explica la mayor parte de la mejora. Está claro que, una vez que actuamos como si hubiese desaparecido la enfermedad -que ha cambiado el objetivo generacional de sus ataques, pero no ha remitido su virulencia- y reducimos al mínimo las restricciones de la movilidad (las personas mayores ni nos enteramos de ellas en la mayor parte del país), nos lanzamos a viajar para aprovechar las vacaciones y a consumir para recuperar el tiempo perdido en los confinamientos. Pero incluso eliminando el componente de la estacionalidad, el sector servicios cargó con el 95% de la variación positiva de la ocupación. Somos lo que somos, un país que sostiene el empleo sobre los servicios ligados al turismo.

El dato ayudará al Gobierno a trasladar la imagen de una bonanza sin pasado e, incluso, tratará de sustentar sobre ella sus siguientes ideas de contento social, como la subida del salario mínimo o el aumento enorme del número de funcionarios. Pero deberíamos ser cuidadosos. Es cierto que hemos alcanzado un nivel similar de ocupados al que teníamos antes de la pandemia, pero también lo es que nos quedan 331.500 personas afectadas por los ERTE y 220.000 autónomos con actividad limitada, necesitados de una prestación. En total son 551.500 personas a quienes el sistema elimina de las estadísticas del paro, pero no soluciona su problema de empleo. Sin olvidarnos de los 3,4 millones de personas que siguen en paro, incluso en el momento álgido del verano… Y, tras la mejora de la ‘cantidad’, seguimos con el problema de la ‘calidad’, al haber aumentado los contratos temporales y reducido los fijos. Un problema cuya solución recae sobre los empresarios, que necesitan reformas en la legislación para poder abordarlo, cosa que no sucederá mientras exista un entorno evidente de ‘miedo a contratar’.

El servicio de estudios del BBVA proporciona un dato que refleja bien la profundidad de la crisis vivida en estos meses de la pandemia. Según sus cálculos, en ausencia del Covid-19, el número bruto de afiliados podría haber alcanzado en julio los 20.440.000, lo cual quiere decir que nos ha restado nada menos que 850.000 empleos. Un coste brutal.